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El pasado 7 de mayo fue aprobada la resolución que plantea la equidad de género en la postulación de candidatas y candidatos para las elecciones parlamentarias. La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, aseguró que esta «es una norma altamente demorada». Durante la presentación del nuevo reglamento, esta semana, refirió que «este es un acto de reconocimiento a la lucha histórica» que cientos de mujeres desarrollaron en el siglo XX y lo que va del siglo XI.

 

La lucha de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional, añadió, «es una lucha histórica»; por ello, refiere que «las conquistas que se alcanzan no son el logro de una persona o de un grupo, sino que es la acumulación de décadas, de años de luchas».

 

Expresó que «son muchas las mujeres que dedicaron su vida en la consecución de la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida nacional», y mencionó entre las principales a Argelia Laya, Blancanieves Portocarrero y Nora Castañeda, activistas e impulsadoras de los derechos de las mujeres, ya fallecidas.

 

Reunida en el salón Batalla de Carabobo del Museo Boliviano, en el centro de Caracas, con féminas de distintas tendencias ideológicas, la rectora del CNE mencionó que los grandes temas «deben unir a todas las mujeres» por encima de las diferencias.

 

«La participación política de la mujer es lo que nos convoca, pero también los temas de los derechos sexuales y reproductivos, el derecho por la vida libre de violencia, la violencia doméstica, el abuso sexual, el acoso laboral, la utilización de la mujer como mercancía para vender productos tienen que ser un punto de encuentro, porque son temas que atraviesan todos los estratos sociales, educativos, económicos y políticos», reflexionó.

 

De igual forma, indicó que unidas también tienen que abordar los temas de inclusión social con verdadera visión de género, «porque la pobreza en una sociedad patriarcal y machista tiene su máxima expresión en las mujeres, madres sostenedoras de hogares».

 

UN CAMINO LARGO

Como consecuencia de las luchas femeninas de años anteriores, rememora Tibisay Lucena, en 1997 se implementa el artículo 144 en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, donde se establece una cuota de 30% para las mujeres. «La aplicación de esa cuota fue un poco engañosa, puesto que no se aplicó con alternabilidad», criticó. Luego, en el 2000, añade, por una resolución del CNE, ese artículo queda derogado y ahí comienza la discusión cuota versus artículo 21 de la Constitución en el movimiento de mujeres. «En ese momento, aun cuando yo había sido partidaria de las cuotas, me hice militante del artículo 21, que establece las medidas positivas, y con eso no estamos hablando de cuotas, sino de un derecho de participación de gran parte de la población venezolana que tiene aspiraciones propias y legítimas».

 

Después, en 2005, se logró un exhorto y en el 2008 se hizo la resolución que es la base de la resolución que se aprobó la semana pasada, logrando aumentar la participación. «En 2009 se estableció la ley y, pensando que había madurez, creímos que se podía alcanzar de nuevo esa buena participación que se alcanzó en el 2008», agregó. A principios del 2015, resumió, una delegación especial del Frente Nacional de Mujeres, encabezada por Elis Ojeda, se acercó al CNE para iniciar lo que se convirtió en una larga serie de conversaciones con estas mujeres que, durante mucho tiempo habían estado solicitando que sus organizaciones políticas tuvieran una inclusión en sus candidaturas.

 

Luego que esta agrupación entregara a Lucena un documento con las propuestas sobre paridad y equidad de género, la rectora del CNE lo llevó a la sesión del organismo, y se reunió de manera individual y en grupo con los partidos políticos opositores. «Entre el 8 y el 15 de abril tuve reuniones con estas organizaciones políticas, donde les informe claramente de las reuniones que venía sosteniendo con el Frente de Mujeres y cuáles eran las peticiones», detalló. De igual modo, se les notificó acerca de la decisión del CNE de buscar medidas positivas para reconocer las solicitudes realizadas a través del documento.

 

Asimismo, acotó Lucena, entre los meses de abril y mayo se reunió con una representación de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), «donde también se les informó que esta era una decisión que íbamos a aprobar, y que tomaran las previsiones necesarias para que eso fuera posible». Con esto, dejó claro que estas medidas no se hicieron sin el consentimiento de nadie: «Las consultas se hicieron públicamente y se reconocieron públicamente». El 7 de mayo, concluyó, durante la sesión del CNE, «se leyeron las propuestas, se analizaron las propuestas, y aprobamos que se iban a tomar ya, definitivamente, medidas positivas en relación con el tema y se hizo público».

 

VISIÓN DE GÉNERO

Señaló que «uno de los aportes más maravillosos» que tiene la Constitución de 1999 fue la transversalización de la visión de género, tal y como lo denominó Portocarrero. Esa inclusión, acotó Lucena, dio visibilidad a las mujeres como nunca antes la habían tenido.

 

En ese sentido, esgrimió que a lo largo de los años se han dado muchos avances, pero en su criterio, «aún queda mucho trabajo por hacer para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria, basada en la inclusión social con visión de género».

 

Dijo que hay cientos de propuestas que muchas mujeres han hecho, de las cuales, algunas se han concretado, o están por concretarse, y otras que se han concretado, han sido de difícil aplicación, debido a «las barreras del machismo que muchas veces busca enmascarar las conquistas que se hacen».

 

DERECHOS POLÍTICOS

En lo que respecta a los derechos políticos, resaltó la transversalización del paradigma patriarcal en todos los espacios de la sociedad, especialmente en la dicotomía existente entre lo público y lo privado. «La gran dificultad en términos de participación y representación política, proviene de esa discusión que le asigna tradicionalmente, por siglos, unos roles naturales para cada sexo». Aseveró que uno de los grandes conceptos dentro de la teoría democrática es la distinción entre la esfera pública y la esfera privada. Lo público, explicó, «se refiere a la economía, al Estado, a la soberanía, a la defensa, constituyéndose también un espacio de formación, de opinión pública en la sociedad».

 

En lo privado, «el hombre tiene su terreno natural de acción», pero en la dicotomía entre lo público y lo privado, esgrime que «lo privado en relación con la mujer se circunscribe a lo doméstico, a lo conyugal, a la vida íntima, donde los principios de igualdad, equidad y justicia, aun cuando son garantizados por el Estado, se diluyen en el rol de subordinación que tiene en el hogar». Por ello confía en que «cada logro que tiene el movimiento de mujeres en cualquier parte del mundo es una luz que se prende para apoyar la conquista de esos mismos logros en aquellos espacios donde aún no se ha logrado».

 

En lo relativo a las candidaturas, la rectora del CNE comentó que las mujeres enfrentan obstáculos adicionales: «En primer lugar, tenemos el apoyo o no de los dirigentes masculinos, quienes la mayoría de las veces son reacios a apoyar candidatas, y en segundo lugar, nos falta financiamiento, puesto que los recursos de los partidos no siempre son equitativos en la distribución de fondos para los diferentes candidatos y candidatas».

 

Sostiene que, aun cuando los partidos políticos son en principio espacios abiertos de formación política, no siempre funcionan como tal. «Por el contrario, con frecuencia están cerrados a las mujeres y a los jóvenes». Además, alega que en la práctica «no están dispuestos a utilizar estrategias y acciones para promover la posición de mujeres en la estructura del partido», y por lo general, estas quedan relegadas a cargos vinculados con el papel femenino.

 

SOBREPRESENTACIÓN FEMENINA

En opinión de Alba Carosio, coordinadora del Centro de Estudios de la Mujer (CEM) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y profesora de esta casa de estudios, la resolución del CNE constituye, en primer, lugar un acto de justicia.

 

«La mitad de la población venezolana somos mujeres, como la mitad de la población del mundo; entonces es una situación bastante injusta que en los cargos que son escogidos por voluntad popular la representación de las mujeres sea entre 12 y 16%», detalló.

 

Estas cifras, en su criterio, dan cuenta de que hasta este momento «ha habido una sobrerepresentación del sexo masculino y una subrepresentación del sexo femenino». Dice que si no se utilizan mecanismos legales para que la representación refleje la realidad de la población, es muy difícil que la paridad ocurra, «porque se viene de una tradición patriarcal».

 

LUCHAS QUE VAN MADURANDO

Reconoce que esta es una antigua lucha de los movimientos feministas venezolanos. Recuerda que en el año 2007 el CEM hizo una agenda parlamentaria-legislativa, que incorporó un conjunto de demandas que consideraron importantes para el movimiento de mujeres, y entre estas estaba la paridad con alternabilidad.

 

La no concreción en años anteriores, aduce, se debe a que con el paso del tiempo «las luchas van madurando». Además esgrime que «en la medida en que se ha ido ampliando la democracia dentro de la Revolución, se ha comprendido la necesidad de ampliar esa democracia en todos los espacios». El hecho de que se escojan las y los candidatos a través de unas primarias, esgrime, «es una ampliación de los espacios de democracia».

 

La paridad con alternabilidad, define, no solamente es un derecho de las mujeres, también tiene que ver con una mayor democratización social; «es decir, con que el poder no esté concretado siempre en las mismas manos, que serían las manos masculinas en este caso, sino que haya justamente una ampliación a las otras visiones del mundo, como es la visión de las mujeres».

 

PARIDAD EN LATINOAMÉRICA

Según la directora de la revista de Estudios de la Mujer, esta no es la única sociedad en la que el campo electoral toma en cuenta la paridad de género: «En América Latina podemos mencionar a Argentina, Bolivia y Ecuador», donde se han implementado, desde años recientes, mecanismos similares.

 

El caso más antiguo, acota, es el de la República Argentina, donde el tema se empezó a discutir luego de la recuperación de la democracia. «Allí se comenzó por una cuota de paridad, hasta llegar a tener, hoy en día, incluso, una presidenta mujer», referenció.

 

La aplicación de esta medida en todos esos países nos da a entender, en su criterio, que «las sociedades están comprendiendo la necesidad de que las mujeres estén incorporadas a los espacios donde se toman decisiones». Eso también estaría vinculado, aduce, a que en dichas naciones gobierna una izquierda «cuyo compromiso con la democracia es cada vez más grande».

 

IMPACTO POSITIVO

La medida adoptada por el CNE, expone Carosio, impactará positivamente sobre la sociedad venezolana. «Con esto se irá mostrando de una manera muy clara, que no hay una preferencia para el ejercicio del poder por algún tipo de personas. Eso hasta los niños lo verán y lo entenderán, e irá haciendo que la sociedad sea más igualitaria», reflexionó.

 

Además, considera que una visión femenina más amplia en la política ampliará sus horizontes, dado que hay algunos temas como el derecho del cuerpo, la protección y libertad de la maternidad, entre otros, que, en su criterio, «no entran nunca en ese campo si no los llevan las mujeres».

 

Recalcó que aunque en otros gobiernos se preocuparon por el tema, «porque ciertamente hubo varias comisiones y alguno que otro Ministerio de la Mujer y la Familia que se movilizó», desde que llegó el proceso revolucionario ha habido mayor interés, y las mujeres han tenido desde entonces instituciones donde acudir ante cualquier necesidad.

 

«Por ejemplo, si son víctimas de violencia, están los tribunales especiales para la violencia contra las mujeres, están las fiscalías, en la Defensoría del Pueblo hay una defensoría específica para las mujeres, está el Ministerio de la Mujer, el Instituto Nacional de la Mujer, el Banco de la Mujer», describió.

 

TAREAS PENDIENTES

Para la coordinadora del CEM, es importante que en la próxima Asamblea Nacional haya mujeres comprometidas con la visión de género, porque desde los puntos de vista legal y social, todavía hay algunos temas que tienen que trabajarse. «La penalización de la interrupción del embarazo hay que trabajarla. En el Congreso de Mujeres, hasta el mismo Presidente de la República dijo que era necesario abrir ese debate. Nosotras esperamos que la próxima Asamblea Nacional lo encare», especificó.

 

De igual modo, se refirió al Código Penal que, «a pesar de sus enmiendas y modificaciones, sigue siendo el mismo desde 1936». Indicó que también hay que analizar por qué sigue habiendo tanta discriminación hacia las mujeres, «tanto en lo relacionado a la interrupción del embarazo, como a las mujeres en situación de prostitución».

 

Otro aspecto en el que, de acuerdo con Alba Carosio, persiste una deuda muy grande y hay que terminar de superar, es el de la división del trabajo entre hombres y mujeres, que hace que estas tengan una carga muy fuerte: «El cuidado de las niñas, los niños, jóvenes, adultos mayores y personas vulnerables, recae siempre sobre las mujeres».

 

Agrega que también es necesario que las mujeres que se incorporen al Parlamento a partir del próximo año, puedan profundizar en lo que a contraloría laboral respecta. «La ley del Trabajo, que ha sido un logro para las mujeres dentro del proceso revolucionario, todavía tiene fallas en su cumplimiento y en eso la Asamblea Nacional tiene que ayudarnos», fustigó.

 

LOGRO DEL FRENTE DE MUJERES

Según Evangelina García Prince, vocera del Frente Nacional de Mujeres, la resolución del CNE que establece la paridad de género en las listas de candidatos y candidatas para las elecciones parlamentarias del próximo seis de diciembre, «no es un regalo que hace el gobierno chavista a las mujeres venezolanas».

 

En rueda de prensa efectuada en la sede del partido opositor Copei, y acompañada por otras integrantes de este movimiento, señaló que «la lucha por la paridad, en lo inmediato, tiene antecedentes desde agosto del año pasado, cuando se planteó en un foro realizado en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), que la intención y el propósito de las venezolanas era lograr esa paridad 50/50, o al menos 40/60».

 

Recordó que en octubre de 2014 la presidenta del partido opositor Acción Democrática (AD), Isabel Carmona de Serra, presentó un proyecto de Ley de Paridad en un acto público al cual concurrieron representantes de los distintos partidos políticos existentes en Venezuela, «y no obtuvo respuesta».

 

Seguidamente, prosiguió, a principios del 2015, el frente decidió intensificar su búsqueda, y el 24 de febrero algunas de sus voceras se reunieron con la rectora del CNE, Tibisay Lucena, y le hicieron llegar una propuesta, donde solicitaban la paridad con una serie de recomendaciones que, a su parecer, «están muy al día» con la realidad internacional en esta materia.

 

Tres días después, añade, le enviaron a la llamada Mesa de la Unidad Democrática la misma solicitud y pidieron ser recibidas para dar a conocer en el seno de la coalición opositora sus aspiraciones de que «la conformación de las listas de candidaturas tomase en cuenta las riquezas potenciales del liderazgo de las mujeres, no solo de los partidos, sino de muchos sectores», pero ahí tampoco obtuvieron respuesta.

 

SOLICITUD DESESTIMADA

La secretaria nacional femenina del MAS, Sonia Pacheco, se remonta a unos años más atrás, y precisa que las conversaciones para lograr la paridad con alternabilidad se iniciaron en el 2005, cuando Jorge Rodríguez presidía el CNE. Sostiene que aunque fue a principios de este año que se inició el movimiento que finalmente hizo que se concretara la decisión, cada vez que había elecciones el Frente de Mujeres hacía la respectiva solicitud.

 

«En el 2005 se hizo un exhorto, y en el 2010 se hizo otro exhorto, pero los partidos políticos desestimaron la medida, tomaron las decisiones y no hubo la representación femenina. Entonces las mujeres de las fuerzas democráticas del país hemos tenido que solicitar una obligatoriedad de la medida», dilucidó.

 

Insiste en que a partir de ahora, lo que deben plantearse es seguir luchando para que la decisión sea plasmada en la Ley de Procesos Electorales y que la experiencia también sirva de impulso para que se apruebe de forma definitiva la Ley de Género que, en su criterio, «está engavetada desde hace muchos años en la Asamblea Nacional», y se haga cumplir la Ley de Oportunidades que ya fue promulgada.

 

Además de conformar el 50% de la población, aduce que estadísticamente está comprobado que las mujeres son «las impulsoras del desarrollo económico» de las regiones, por lo que considera vital el impulso de leyes en beneficio de estas. «En estos momentos de crisis económica que vive el país, que mejor que las mujeres tengan una importante representación dentro de la Asamblea y dentro de las comunidades para impulsar el desarrollo que necesitamos», apuntaló.

 

LLENAR PUESTOS

García Prince advirtió, por otra parte, que esta decisión no debe ser vulnerada de ninguna manera: «No queremos que ocurra, por esta obligación de que se incluyan mujeres en las listas de candidatos electorales, que se les vaya a ocurrir malamente a algunos grupos políticos meter a las esposas de los dirigentes en las listas para rellenar los puestos de las mujeres».

 

Como ejemplo, citó el caso de México, donde el año pasado colocaron en cargos claves a mujeres vinculadas con altos funcionarios, pero inmediatamente «el Tribunal Electoral obligó a que sacaran a sus familiares y pusieran a las mujeres preparadas, que sobran en ese país, como sobran en este, para ocupar los cargos, defender la democracia y tener un enorme brillo en el Parlamento».

 

Con base en su experiencia como senadora nacional y Ministra de Promoción de la Mujer por Acción Democrática, resaltó que «muchos de los hombres que ahora están en las listas de candidatos fueron responsables, en el pasado, de la gran hecatombe política que vive Venezuela».

 

NO HABRÁ DEBILIDAD

La socióloga, quien además fue docente e investigadora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), afirmó que «la aversión» de algunos voceros que se ha apreciado en algunos espacios virtuales como el Twitter y el Facebook, así como en muchos programas radiales y televisivos sobre esta aspiración de las mujeres, «no tiene nada que ver con el espíritu de reconstrucción democrática» que, a su criterio, está demandando en este momento el país.

 

«Es falso y es vergonzoso para las fuerzas democráticas que se pueda pensar que la inclusión de mujeres valiosas en las listas para las elecciones del 6 de diciembre puede debilitar la unidad», sentenció la representante del Frente Nacional de Mujeres.

 

En su opinión, las mujeres son las que cuentan y defienden los votos en las mesas electorales. Además indicó que «los votos que se consiguen en las comunidades los consiguen fundamentalmente las mujeres». Asimismo, señaló que las féminas conforman el mayor volumen de egresados universitarios y posuniversitarios a escala nacional.

 

LEGITIMACIÓN DE LUCHAS

Por su parte, Aura Loreto, abogada con trayectoria internacional en equidad de género e integrante también del Frente Nacional de Mujeres, manifestó que este ha sido un gran logro que viene a reivindicar muchos años de lucha. Enfatizó que el segundo Congreso Venezolano de las Mujeres, realizado en 1992, fue el primer elemento de legitimidad de esas luchas.

 

«Allí se reunieron todas las organizaciones y todos los sectores que existían para la época -en las bibliotecas hay dos tomos con los resultados de esas ponencias- y se acordó, primero, que lo político era uno de los elementos que teníamos que rescatar, y en segundo término la unidad, que es una de las características del movimiento femenino», relató.

 

Al respecto, señaló que la unidad ha sido y sigue siendo un factor fundamental, pero también destacó la importancia de la igualdad, «que es un principio que está contenido en nuestra Constitución desde 1811». Añade que en 1999, cuando se elaboró la nueva Carta Magna, se dio otro gran paso al incluir las medidas positivas en el artículo 21. «Las medidas positivas son el reconocimiento, no solo de las instancias internacionales, sino también en nuestro país, de los derechos humanos», explicó.

 

MEDIDA LEGAL

Cuando Venezuela firmó el pacto referido a los derechos humanos y reconoció en la Cedaw -que es la instancia que se encarga de velar porque los mismos se cumplan- el país fue incluido en ese sistema internacional, rememoró la especialista. Bajo esa misma óptica, acota, el principio de pacta sunt servanda establece que «los derechos humanos están por encima de todos los detalles que pudieran menoscabar o suprimir los derechos de las mujeres».

 

En tal sentido, asegura que la resolución del CNE es una medida netamente constitucional. «Esa inconstitucionalidad de la que algunos hablan por ahí no es cierta. El artículo 23 da preminencia a los derechos humanos y a los tratados internacionales sobre este aspecto», teorizó.

 

Loreto, quien fue ministra de la Mujer durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, añade que el artículo 298 no está referido a lo que es el principio de la unidad, «de allí que este logro de la paridad, que establece el mínimo de participación de la mujer en un 40%, es legal, es constitucional y es justo, porque es una reivindicación de las mujeres del mundo que hemos tenido en Venezuela».

 

(CO)

 

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