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El ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, que enfrenta un histórico juicio por los delitos de genocidio y lesa humanidad debido a la matanza realizada por militares de unos 1.771 indígenas entre marzo de 1982 y agosto de 1983, fue declarado incapacitado para continuar con el proceso, según un examen divulgado hoy por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

 

Un nuevo juicio contra Ríos Montt había sido programado para el 23 de julio. Sin embargo, la certificación médica señala que presuntamente el ex dictador -quien protagonizó un golpe de Estado que derrocó al presidente Fernando Romero Lucas García- no está en uso de sus facultades mentales y, por ende, es incapaz de entender con propiedad cualquier cargo en su contra o los elementos de un proceso y trámites judiciales.

 

El ex gobernante de facto «no es capaz de contribuir en su propia defensa. En consecuencia, no es competente para asistir ni atender audiencias judiciales» por padecer un deterioro congnitivo, agrega el informe del Inacif, el cual fue recibido por la jueza de Mayor Riesgo A, Patricia Flores.

 

Dichos resultados serán enviados al Tribunal de Alto Impacto B, instancia judicial que decidirá si lo acepta antes del día de la audiencia o mismo 23 de julio, agrega una nota de Prensa Latina.

 

El dictador es acusado por delitos de genocidio y lesa humanidad debido a la matanza realizada por militares de unos mil 771 indígenas entre marzo de 1982 y agosto de 1983, período cuando estuvo como jefe de Estado de facto.

 

De acuerdo con cifras de las Naciones Unidas, los procesos dictatoriales que dominaron Guatemala entre 1960 y 1996 dejaron la muerte de al menos 250 mil personas e incontables desapariciones.

 

El 10 de mayo de 2013, Ríos Montt fue sentenciado a 80 años de prisión por genocidio por el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo. No obstante, diez días después, la Corte de Constitucionalidad anuló parte del juicio ante una acción de la defensa, mientras que la jueza Yassmín Barrios, quien emitió la sentencia, fue suspendida de su cargo por 12 meses y multada con 540 quetzales, alrededor de 650 dólares.

 

La medida obedeció a la queja presentada por el abogado Moisés Galindo, encargado de la defensa de Ríos Montt y uno de sus exjefes de inteligencia, quien denunció la supuesta humillación por parte de la jurista en una de las audiencias del caso.

 

«Tal vez ella no me quiso humillar pero la gente sí se rió de mí. Yo siento que fue demasiado, no creo que era para tanto una suspensión, con una amonestación hubiera bastado», manifestó Galindo tras conocer la sanción contra Barrios.

 

El fallo, firmado por el presidente del Tribunal de Honor, Manuel Alfredo Marroquín Pineda, alega que la jueza cometió una «falta grave» contra la ética de la profesión y afectó la credibilidad del sistema que imparte justicia en Guatemala.

 

Tras ello, el militar regresó a su casa, donde se mantiene bajo arresto domiciliario y su defensa, sustentado por supuesto quebrantamiento de su salud, ha retrasado el juicio.

 

Un informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en 2013, denominado «Genocidio en Guatemala: Ríos Montt Culpable», revela que los peritajes de los expertos: antropólogos, sociólogos, historiadores, matemáticos y otros expertos comprobaron que el racismo fue un disparador en el genocidio, dado que se consideraba a los indígenas como seres inferiores, al punto de cosificarlos y en efecto desaparecerlos. 

 

(AVN)