Este sábado la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) incautó un lote de útiles escolares que eran vendidos con 400% de sobreprecio por la distribuidora Euro Trading 2010 C.A, ubicada en la zona industrial de Guarenas, estado Miranda.

 

Esta distribuidora importó, con divisas preferenciales otorgadas por el Estado en 6,30 bolívares por dólar, marcadores, colores y cuadernos que eran vendidos con un precio que responde al mercado especulativo.

 

«Hemos encontrado irregularidades en esta distribuidora de útiles escolares ya que la empresa adquirió dólares preferenciales en 2013 para traer la mercancía al país y hoy día se ha hecho parte de esa inflación inducida a través de la guerra económica incrementando sin justificación alguna los precios de los productos», explicó el Superintendente Nacional de Precios Justos, César Ferrer, en un contacto informativo con Venezolana de Televisión.

 

Detalló que los marcadores que deberían costar 20,56 bolívares eran vendidos en 486 bolívares a pesar de que fueron comprados en 2013 con dólar preferencial.

 

En vista del aumento de los precios la Sundde decidió decomisar toda la mercancía y venderla al pueblo de Guarenas a precios justos.

 

Por su parte, Luis Figueroa, Jefe Civil del Comando General Popular contra la Guerra Económica en la entidad, quien también estuvo presente en la inspección, indicó que «aquí el pueblo es el que informa a través de las denuncias, luego se despliega la Sundde y es entonces cuando se ven estos resultados».

 

Figueroa agregó que hay un sobreprecio de 400% en la mercancía vendida al mayor a través de la referida Distribuidora.

 

«Estamos hablando de un aumento al mayor, cosa que cuando se va a vender al detal se sale del presupuesto del pueblo y la gente no puede pagarlo», señaló.

 

En Venezuela, fue aprobada en enero de 2014 la Ley Orgánica de Precios Justos para combatir la guerra económica impuesta por la derecha y para garantizar el equilibrio económico nacional, así como defender, proteger y salvaguardar los derechos de la población al acceso a los bienes y servicios declarados o no de primera necesidad.

 

El referido instrumento legal establece ganancias máximas de 30% para garantizar precios justos, de acuerdo con la estructura de costos de producción y no de la especulación.

 

(AVN)

 

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