El alcalde de Mara, Luis Caldera, uno de los tres municipios del noroccidental estado Zulia sobre los que pesa el cierre de frontera y el estado de excepción, aseguró hoy que en la región operaba una red que impuso al contrabando como norma para la población mayoritariamente indígena.
El burgomaestre explicó a Efe que, en los últimos años en la zona, bandas del crimen organizado hicieron que el contrabando de alimentos y combustible se fuera «imponiendo como una norma silenciosa» que evolucionó en varias etapas.
«Una primera etapa con grupos que compraban y vendían el combustible hacia Colombia» una plataforma que sirvió luego para que estos mismo grupos comenzaran a financiar camiones, comercios, y locales equipando un centro de operaciones del contrabando.
Aseguró que llegó un momento en el que «estos grupos delincuenciales, generadores de violencia de todo tipo, comenzaron a comprar propiedades, a financiar equipos, maquinarias».
Un negocio que hoy tiene, según el alcalde, una cara «más visible» con «los niños a la orilla de la carretera con pipotes (envases) poniéndole el precio al combustible», o manejando «una caleta», la forma en la que los contrabandistas llaman a las casas en las que almacenan la gasolina, pero que en apariencia son bodegas de golosinas o humildes hogares.
«Es decir, comenzó a proliferar generando así un impacto en las cadenas de distribución», explicó el edil de este municipio fronterizo habitado por unos 250.000 habitantes, el 70 % de ellos indígenas de la etnia wayuú.
La gran diferencia entre los precios del combustible en Venezuela, con los más bajos del mundo, y Colombia ha propiciado en los últimos años la proliferación de contrabandistas en la frontera común.
Caldera atribuyó también a estos grupos dedicados al contrabando la profunda escasez de alimentos que aún se mantiene en la región.
Según el burgomaestre «se produjo una filtración de elementos delincuenciales que comenzaron a distorsionar todas las cadenas de distribución y comenzaron a generar no solamente la escasez de los alimentos sino el sobreprecio, la especulación».
Aunque el alcalde no tiene un estimado de cuantas personas de ese poblado se dedican al contrabando aseguró que este «estilo importado de frontera» llevó a la gente a abandonar la cría de animales o la siembra de uvas «por ganarse el dinero fácil producto de comprar combustible y llevarlo a Colombia».
La autoridad local asegura que la medida de cierre de la frontera así como el decreto de estado de excepción que rige desde el lunes en el territorio era necesario porque estas bandas «estaban alterando el orden social, económico, y político, atentando contra la seguridad de la nación, los habitantes y las instituciones».
En los últimos meses a estas bandas dedicadas al contrabando se les atribuyó el incendio de las instalaciones de la alcaldía de La Guajira, un atentado con bombas a otro órgano municipal y el ataque a un comando de la Guardia Nacional de la población de Sinamaica.
«Ya no estamos hablando del joven que se dedica a la extracción de combustible sino de grupos organizados organizando a la gente para combatir al Estado», explicó el alcalde refiriéndose a esos ataques.
Caldera aseguró que el cierre fronterizo y el estado de excepción que restringe las garantías de los habitantes, en un intento de luchar contra el contrabando, ha «reforzado» la seguridad de la región.
Sobre cuán permanente podrían ser esos resultados una vez que se restituya la normalidad del paso y de los municipios, Caldera consideró que este «es un problema que debe ser resuelto por los venezolanos, pero que necesita el acompañamiento de Colombia para que esto tenga permanencia».
El municipio Mara forma, junto a los municipios La Guajira, y Almirante Padilla, la sub región guajira del Zulia de 5.820 kilómetros que hace frontera con el norte de Colombia y en la que habitan unas 360.000 personas.
(EFE)
