Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno colombiano firmaron este miércoles un acuerdo de justicia y víctimas en La Habana, Cuba, en el marco de las mesas de negociación para el proceso de paz.
Tras culminar la reunión privada entre el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, el de Cuba, Raúl Castro, y el jefe de las FARC-EP, Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timoleón Jiménez’ o ‘Timochenko’, los garantes de los Diálogos de Paz por Cuba y Noruega, dieron a conocer los puntos del acuerdo sobre la justicia para las víctimas del conflicto:
1. El Gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP reafirman su compromiso con los acuerdos logrados hasta la fecha: “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” y “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”.
2. A la vez, reafirman su compromiso con una fórmula de justicia que satisfaga los derechos de las víctimas y contribuya a la construcción de una paz estable y duradera. Con ese propósito estamos construyendo un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese marco hemos acordado que se creará una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y hemos logrado acuerdos importantes en materia de reparación de las víctimas.
3. En cuanto al componente de justicia, hemos acordado crear una Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz. Las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos requisitos. La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición.
4. El componente de justicia prevé que a la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. Una ley de amnistía precisará el alcance de la conexidad. En todo caso no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. Estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.
5. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP y a los agentes del Estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.
6. La Jurisdicción Especial para la Paz contempla dos tipos de procedimientos: uno para quienes reconocen verdad y responsabilidad, y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente. A los primeros se les impondrá una sentencia, fundada en las conductas reconocidas después de haber sido contrastadas las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, las sanciones impuestas por otros órganos del Estado, las sentencias judiciales existentes, así como la información que provean las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Los segundos enfrentarán un juicio contradictorio ante el Tribunal.
7. Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado. Para todos aquellos que reconozcan responsabilidades por los delitos competencia del Sistema, la sanción tendrá un componente de restricción de libertades y derechos que garantice el cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de las mismas mediante la realización de trabajos, obras y actividades y en general la satisfacción de los derechos de las víctimas. Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales. Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias. Para tener derecho a la pena alternativa, se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad. Las personas que se nieguen a reconocer su responsabilidad por tales delitos y resulten culpables serán condenadas a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias.
8. Para acceder a cualquier tratamiento especial dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.
9. En el caso de las FARC-EP, la participación en el sistema integral estará sujeta a la dejación de armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final.
10. La transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal es un objetivo compartido, que contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden.
La firma del acuerdo de justicia y víctimas contó con la presencia del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien llegó a La Habana con representantes del Congreso y miembros de la subcomisión técnica de justicia. También estuvo el mandatario cubano, Raúl Castro.
CONTEXTO
Este convenio es la antesala de la firma del acuerdo final y el cese bilateral al fuego, una medida que fue aprobada por el Congreso colombiano luego de fijar en la Constitución la posibilidad de acudir a mecanismos de justicia transicional, con el propósito de establecer penas alternativas a las que la ley contempla para castigar delitos atroces, crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos.
La medida fue aprobada luego de que las víctimas del conflicto exigieran que se hiciera justicia, algo que fue apoyado por el Gobierno colombiano. Las FARC-EP rechazaban el marco jurídico para la paz, Sin embargo, esta fue una herramienta que sin duda abrió las puertas a la posibilidad de que la guerrilla pueda tener penas reducidas de prisión, a manera de sanción.
Las partes discutieron sobre este tema por varios meses. Aunque todos los puntos de la agenda son neurálgicos, este acuerdo de justicia transicional es imprescindible para firmar la paz y lograr la mayor cantidad de justicia posible en una negociación política, según el Gobierno colombiano.
Fue como finalmente, El 11 de septiembre, el jefe negociador de las FARC-EP, Iván Marquez, adelantó que la firma del acuerdo estaba en puertas, pero fue la exsenadora colombiana y defensora de los Derechos Humanos, Piedad Córdoba, quien confirmó la firma del documento que se realizó este miércoles en La Habana.
Este fue la primera reunión entre el jefe máximo de la guerrilla de las FARC, Timoleón Jiménez («Timochenko») y el presidente Santos desde que iniciaron los diálogos de paz en La Habana en 2012.
