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El restablecimiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia, y la normalización de la frontera deben ir dirigidos hacia una transformación profunda para la construcción de una nueva zona limítrofe que requiere del esfuerzo y trabajo de los dos gobiernos.

 

La aplicación de programas de impacto social por parte del Gobierno de Venezuela para favorecer a la población más vulnerable de la nación, con el bajo costo de los productos de la cesta de alimentación básica, así como el combustible más barato de la región, se transformaron en importantes inversiones aprovechadas del lado colombiano en detrimento de la economía venezolana.

 

Venezuela produce un promedio diario de 350 mil barriles de combustible. De acuerdo a cifras del ministerio de Petróleo y Minería, reconocidas por autoridades colombianas, por la frontera se contrabandeaban alrededor de 100 mil barriles de gasolina y diésel cada día, es decir, 35% de la producción nacional. Una situación que fue denunciada hace varios años, pero que se hizo más evidente y tuvo mayor impacto ante el deprimido mercado petrolero mundial.

 

Además del combustible, hacia Colombia se desviaban toneladas de productos de primera necesidad que el Estado venezolano subsidia para garantizar la alimentación al pueblo. Una extracción que se realizaba a través de pasos ilegales.

 

Asimismo, las casas de cambio paralelas establecidas en la frontera colombo-venezolana -al margen del Banco Central de Colombia- atacan la paridad cambiaria con respecto al bolívar al tomar la nominación diaria sobre la base de una cotización establecida por dichas casas cambiarias, buscando el empobrecimiento y debilitamiento de la moneda venezolana para favorecer la inversión en negocios ilícitos.

 

La existencia de estas mafias de narcotráfico, paramilitarismo y contrabando de extracción, el aumento de la violencia y el incremento de las actividades ilegales, obligó al presidente venezolano Nicolás Maduro a restringir el paso fronterizo. Una medida que tensó las relaciones diplomáticas entre Caracas y Bogotá.

 

El director de la Asociación Civil de Colombianos en Venezuela, Juan Carlos Tanus, destacó la importancia de que el gobierno colombiano reconozca los problemas existentes en la frontera y exprese su voluntad en la búsqueda de soluciones.

 

“Si se diera un acuerdo, se diera la voluntad política, se expresaran las partes, la posibilidad de revisar la moneda, de revisar el tema del paramilitarismo, revisar el tema del narcotráfico, pues podrían cambiar las condiciones, pero en todos los casos yo creo que no debe haber apertura de la frontera siempre y cuando los elementos que dieron origen a  su cierre no desaparezcan”, expresó Tanus.

 

El pasado 19 de agosto, un ataque del paramilitarismo colombiano en el que resultaron heridos tres efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en el estado Táchira -limítrofe con Colombia- condujo a que el Gobierno Venezolano tomara la acción soberana de ordenar el cierre de esa zona fronteriza por 72 horas, medida que posteriormente se hizo permanente y fue extendida a otras entidades limítrofes como Zulia y Apure.

 

La acción estuvo dirigida a luchar contra las mafias de contrabando y los crímenes del paramilitarismo; así como restablecer el orden en las poblaciones fronterizas a través del diálogo bilateral y de acciones concretas.

 

“El gran perdedor con el cierre de la frontera es el gobierno colombiano, el tema de la gasolina, del desempleo, del desabastecimiento de algunos productos, el tema del conflicto, y que indiscutiblemente se le va a acrecentar los niveles de inseguridad en la región, porque el paramilitarismo que está en Venezuela retorna a Colombia y tiene que desarrollar su accionar, porque si no, ¿de qué va a vivir?”, señaló Tanus, al tiempo que destacó que Venezuela debe buscar una alianza con los sectores industriales colombianos que se ven afectados por el fenómeno del contrabando, y potenciar la industria en el corredor fronterizo.

 

Por su parte, el exembajador de Venezuela en Colombia, Gustavo Márquez, consideró conveniente y oportuno el cierre de la frontera por el flagelo que constituyen las actividades ilícitas en toda la zona.

 

“Del lado venezolano genera desabastecimiento, inflación, perturbación, desestabilización económica; y del lado colombiano produce recesión, desempleo, tal y como lo evidencian los informes oficiales de Bogotá, difundidos por sus propias autoridades como por ejemplo la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) -organismo responsable de la recaudación de impuestos- debido precisamente al cierre de empresas, la caída de la actividad económica, no sólo en la franja fronteriza sino en los departamentos colindantes con Venezuela, porque el contrabando no se trata solamente de productos básicos sino de toda la oferta de bienes y servicios, por los generosos subsidios que otorga el gobierno venezolano”, puntualizó.

 

La vía de la negociación y el diálogo

 

Para encontrar soluciones a la crisis que vive actualmente la relación entre ambos estados suramericanos, el pasado 21 de septiembre -a un mes del cierre fronterizo- se realizó en Quito una reunión promovida por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur),  y los presidentes  de Ecuador y Uruguay, Rafael Correa y Tabaré Vásquez; en la que participaron los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos, respectivamente.

 

El encuentro concluyó con un acuerdo de 7 puntos, en el que destaca el retorno de los embajadores de ambos países, el diálogo bilateral, la coexistencia entre los modelos económicos, políticos y sociales de ambos países y la progresiva normalización de las actividades en una frontera de paz.

 

En este sentido, ambos mandatarios se comprometieron a establecer una hoja de ruta para normalizar las relaciones y resolver los problemas en la frontera común sobre la base del respeto mutuo y el derecho internacional.

 

Al día siguiente, el presidente Nicolás Maduro propuso un plan de trabajo conjunto con Colombia que abarque un lapso de seis meses para la normalización progresiva de una frontera de paz entre ambas naciones.

 

“La normalización progresiva significa en términos concretos el logro progresivo verificable de la instalación de nuevas condiciones para una nueva frontera (…) y ver a nuestros pueblos hermanados y barrer el odio que trataron de meter algunos medios de comunicación”, expresó el mandatario venezolano refiriéndose a la campaña de algunos medios privados alineados con la intención de que se desate un conflicto de mayor relevancia entre Venezuela y Colombia.

 

Para el exembajador Márquez es vital una nueva frontera basada en la realidad de ambas naciones. “Como lo ha dicho el presidente Maduro, con la política de paz que caracteriza a Venezuela, pero con firmeza. Una frontera integrada como lo es realmente, porque ahí hay una sociedad que está integrada desde el punto de vista ambiental, los recursos  naturales se comparten, la integración económica, comercial, social, emocional, cultural; todo eso es la frontera, es multidimensional. Por eso hay que pensar en la construcción de un plan de desarrollo territorial binacional con base en la paz, donde cada país mantenga su soberanía, su autodeterminación avanzando hacia un proceso en el que las comunidades puedan tener una vida adecuada”, indicó.

 

El pasado viernes 2 de octubre, en un nuevo encuentro entre los dos gobiernos, los ministros para la Defensa de Venezuela y Colombia, Vladimir Padrino López y Luis Carlos Villegas, acordaron varios puntos para avanzar en la construcción de la nueva frontera, en una reunión realizada en Santa Marta, Colombia.

 

Igualmente, ambos titulares de defensa acordaron una nueva cita a realizarse en la ciudad de Maracaibo, para evaluar las propuestas de cooperación marítima y fluvial en la lucha contra el narcotráfico, así como para fortalecer la cooperación en materia de defensa de ambos países.

 

Venezuela y Colombia tienen una frontera en común que abarca 2.119 kilómetros. Más de 5 millones de ciudadanos colombianos abandonan su país de origen y migran hacia Venezuela huyendo del paramilitarismo y del narcotráfico.

 

(LaIguana.TV)