Después de 30 años, el Estado colombiano pedirá perdón a las víctimas de la retoma del Palacio de Justicia, hecho en el que fallecieron 98 personas.
El Estado de Colombia, encabezado por el presidente Juan Manuel Santos, por primera vez pedirá perdón a las víctimas de la retoma del Palacio de Justicia, hecho ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985 cuando el Ejército y parte del cuerpo policial colombiano abrieron fuego contra el edificio para recuperarlo del grupo insurgente Movimiento 19 de Abril (M-19), lo que causó la muerte de 98 personas.
El M-19 tomó el Palacio de Justicia en protesta por la violación del Ejército del cese al fuego en noviembre de 1985. La retoma del edificio se hizo tras las órdenes del entonces presidente de ese país, Belisario Betancour, de no negociar con los insurgentes.
La petición de disculpa de Juan Manuel Santos, se da luego de la orden que impartió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado colombiano por estos hechos.
Casi un centenar de vidas se perdieron en la ofensiva militar en contra del Palacio de Justicia colombiano hace casi 30 años.
Los familiares de las víctimas anunciaron que en esta ceremonia harán un llamado de atención a los organismos de control para que no se sigan burlando de ellas.
El pasado 22 de octubre la Fiscalía colombiana llamó a indagatoria a 14 militares, entre ellos cuatro generales en retiro, por las presuntas torturas a desaparecidos durante la retoma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, un día después de que lo ocupara el M-19.
En contexto
La retoma del Palacio de Justicia en Colombia ocurrió tras el asalto al edificio por parte del grupo insurgente M-19, en protesta por la violación del Ejército del cese al fuego en noviembre de 1985.
El Ejército y parte del cuerpo policial colombiano abrieron fuego contra la instalación para recuperarlo, tras las órdenes del entonces presidente de ese país, Belisario Betancour, de no negociar con el grupo insurgente.
A causa de este hecho, fallecieron 98 personas, por lo que el el excomandante de la Brigada XIII del Ejército, general (r) Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega recibieron condenas de 35 y 30 años respectivamente.
Días después de los sucesos, el Juzgado 78 de Instrucción Penal Militar de Colombia ordenó que parte de los cuerpos de las víctimas fuesen llevados a una fosa común.
