El documental Cicatrices del engaño trata acerca de las operaciones de esterilización forzada en Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori, las cuales fueron parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Este documental recoge testimonios de Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Piura. Asimismo, expone el estado actual del caso a nivel judicial y a nivel de desarrollo de políticas públicas de reparación.
Entre 1996 y 2000, para erradicar la pobreza en todo el país, el gobierno de Fujimori llevó a cabo una política focalizada de esterilizaciones forzadas. El plan de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria alcanzó a casi 300 mil mujeres y 22 mil varones; a la fecha no se sabe cuántas son las mujeres y los hombres esterilizados contra su voluntad, bajo engaños o violencia. Hay que recordar que 18 mujeres fallecieron tras ser esterilizadas de manera forzada.
El material audiovisual es producido por Hiperactiva Comunicaciones, con el apoyo de Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer) y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.
«Un país que olvida su historia está condenado a repetirla», sentencia el lema de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Sin embargo, el crimen que se cometió contra miles de mujeres sigue impune.
Actualmente el caso ha sufrido idas y venidas en el Ministerio Público, el cual se encarga de acusar a los responsables de las esterilizaciones forzadas. Las últimas decisiones tomadas en la investigación de este crimen generan sospechas. El ex fiscal de la Nación, José Peláez, retiró la competencia para la investigación del caso a la fiscal de Segunda Instancia, Carmen Ibáñez, y transfirió la investigación a Luis Antonio Landa, fiscal de la Tercera Fiscalía Superior Nacional.
«La única motivación fue la excesiva carga que supuestamente tenía Ibáñez, carga que también tiene el fiscal Landa. Si bien la Fiscalía de la Nación señaló que Landa asumiría de manera exclusiva el caso, dos días después el mismo fiscal se contradecía al afirmar que se encargaría de dicha investigación, además de toda su carga previa», afirma Julio Arbizu, abogado defensor de los casos que patrocina Demus.
El gobierno de Alberto Fujimori usó las esterilizaciones forzadas como método de reducción de pobreza. En los años noventa el país se encontraba en una grave situación económica y social; Fujimori se estrenó en el ámbito económico adoptando las reformas neoliberales al seguir el programa del Consenso de Washington, impuesto por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Durante este proceso de ajuste estructural decide, en 1996, poner en marcha el Programa de Planificación Familiar.
El único caso de violación de derechos humanos que ha reconocido el Estado es el de la fallecida María Mamérita Mestanza. En 2003 el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suscribieron un Acuerdo de Solución Amistosa, por el cual el Estado aceptó indemnizar a la familia de esta mujer, quien murió en 1998 tras ser víctima de este programa en Cajamarca.
No obstante, los otros miles de casos de esterilización forzada continúan no sólo impunes, sino que el Estado tampoco ha reparado integralmente a estas mujeres, el Estado podría repararlas creando un programa de reparaciones integrales o incorporándolas en el actual Programa Nacional de Reparaciones, como ha señalado en una última visita a Perú el Comisionado de CIDH Mario Cavagnaro.
Además, «después de publicarse el primer informe de la Defensoría del Pueblo sobre este caso, hay un compromiso del Ministerio de Salud para atender gratuitamente a quienes tuvieron complicaciones después de la operación”, explicó Rocío Villanueva, ex adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo (1996-2006).
(Adital)
