Este jueves 14 de enero, un grupo de abogados del estado Zulia, miembros del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), informaron que próximamente harán entrega de un documento a la nueva directiva de la Asamblea Nacional (AN), con el fin de solicitar que los exgobernadores de dicha entidad, Manuel Rosales y Pablo Pérez, sean incluidos y beneficiados por la muy cacareada Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. Según consideran, los procesos judiciales a los que están siendo sometidos estos dos dirigentes son «injustificados y profundamente viciados».
En dicho texto, cabe destacar, también se incluirán a los exalcaldes Nidia Gutiérrez, Carlos Barboza y Hernán Alemán, así como a aquellos ciudadanos y militares que hoy están siendo encausados por los «sucesos de conmoción ocurridos desde los años 2001 hasta 2004». Igualmente, solicitarán la derogación parcial del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, para que de esta forma se anule la potestad del Contralor de imponer sanciones administrativas de inhabilitación.
El abogado y miembro de UNT, Víctor Velasco, en este sentido, señaló: «hay todavía muchos estudiantes sometidos a medidas cautelares injustas que queremos sean incluidas también en este proceso de amnistía, para que logremos reconciliarnos una vez más».
Velasco, a su vez, desestimó las recientes declaraciones del Contralor. Mediante las mismas, recordemos, este último aseguró que la situación de los políticos hoy procesados no puede resolverse a través de una simple Ley de Amnistía. «No es tal cosa. La amnistía puede resolver absolutamente todos los problemas que han inventado estas instituciones torcidas», enfatizó el abogado.
El jurista, por último, indicó que todavía no está decidida qué vía adoptará el bloque opositor del Parlamento para poner en marcha la Ley de Amnistía. Precisó que la mayoría, aun con 109 diputados, todavía está intacta. «Aún no se ha decidido qué forma se le dará. Hay criterios que indican que pudiera hacerse por vía excepcional de decreto, lo cual sería un acto único y rápido. Y hay otros que apuntan a que debe hacerse a través de la discusión de una ley, que tiene un lapso que pudiera durar entre uno y dos meses», aseveró.
(LaIguana.TV)
