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WikiLeaks revela acuerdo de control de servicios más grande y secreto entre países
martes, 9 de febrero 2016
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Wikileaks, una organización mediática internacional sin ánimo de lucro, que publica a través de su sitio web informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público, preservando el anonimato de sus fuentes, reveló el contenido del texto central del acuerdo internacional sobre comercio de servicios (TISA, por sus siglas en inglés) que están negociando en secreto medio centenar de países.


Estas semanas son cruciales para su aprobación pues pasado uno de sus trámites más difíciles: el voto de la comisión de Comercio Internacional (INTA) en el Parlamento Europeo. INTA delibera sobre la multitud de tratados de libre comercio e inversión que la UE negocia con diferentes países del globo. Esta vez, a diferencia de lo ocurrido con el TTIP, ha aprobado por una holgada mayoría. Pero la transparencia del TiSA es aún peor que la del TTIP.

 

El informe no sólo da un visto bueno a unas negociaciones cuyo contenido preciso es completamente secreto, sino que apuesta por una completa liberalización de servicios clave como la energía o el transporte, por la relajación de los derechos laborales, y por el libre intercambio de datos personales entre empresas privadas.


Según la información filtrada, este tratado secreto impondrá a todos los firmantes cláusulas que benefician a las grandes corporaciones multinacionales en detrimento de la soberanía y de los intereses públicos de cada país. El acuerdo promueve, por tanto, la liberalización de servicios esenciales para la ciudadanía.


El portal de filtraciones de Julian Assange  reveló el “Core Text” o texto esencial del TISA, en el que por ejemplo está estipulado en el inciso 3 del artículo I-I que “en el cumplimiento de las obligaciones y compromisos bajo el Acuerdo, cada participante [país firmante del acuerdo] debe adoptar todas las medidas razonables a su disposición para asegurar su cumplimiento por los gobiernos regionales y locales y por las autoridades y organismos no gubernamentales dentro de su territorio”. Es un tratado internacional que se mantendrá en secreto durante cinco años después de entrar en vigor. Impondrá a todos los firmantes cláusulas que benefician a las grandes corporaciones multinacionales en detrimento de la soberanía y de los intereses públicos de cada país.

 

Es decir, que los “Estados implicados tendrán que legislar, e imponer reglas y normativas ejecutivas –ya que es la única manera de obligar a los organismos, entidades y empresas no gubernamentales a cumplir tales disposiciones– en aplicación de unas cláusulas negociadas en secreto”.
 

Las reglas centrales del acceso a los mercados que establece TiSA restringen la capacidad de los gobiernos para moldear esos mercados limitando el tamaño o el crecimiento de determinadas actividades, tales como bancos, franquicias turísticas o hipermercados, tanto a nivel nacional como local, y tanto si son de propiedad nacional como extranjera.

 

Este tratado TISA pretende regular de manera supranacional servicios de salud, agua, financieros, telecomunicaciones y transporte, entre otros. Además, exige que haya “transparencia”, lo que, en realidad, se traduce en la obligación de los países a presentar los proyectos de ley internos antes de que sean aprobados para determinar su viabilidad. Incluso la ONG Justicia Global Ahora lo ha calificado como “un día negro para la democracia”.


Las autoridades encargadas de negociar el TTIP, TPP, CETA, TISA… ignoran el sistema internacional de los derechos humanos y privilegian los tratados y acuerdos de comercio e inversiones. Están reformando el sistema jurídico internacional por la vía de los hechos y profundizando en la fragmentación del Derecho Internacional.

 

El control de legalidad de estos tratados y acuerdos implica analizar el procedimiento de elaboración, la forma de aplicación y su posible colisión con el sistema internacional de los derechos humanos; también supone estudiar sus impactos en la función reguladora de los Estados para proteger y garantizar los derechos civiles, sociales, económicos, culturales y medioambientales”.

 

(muhimu.es)

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