La providencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en cuanto a proporcionarle validez al precepto de emergencia económica prescrito por el gobernante Nicolás Maduro, se fundamentó en la omisión del tratamiento reglamentario por parte de la Asamblea Nacional (AN).
De acuerdo a lo expuesto en el dictamen que fue formulado por los siete magistrados de la Sala, los parlamentarios han debido estudiar la disposición del Ejecutivo dentro de las 48 horas de haber sido publicado Gaceta Oficial, tal como explica el artículo 27 de la Ley de Estados de Excepción y que “el lapso máximo de ocho días” era el tiempo establecido para adoptar la medida, indicó Panorama.
En la misiva, se apunta que “la AN no acató lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, (no cumplió con las 48 horas) configurando su silencio y ulterior actuación intempestiva y jurídicamente defectuosa, una aquiescencia con el Decreto de Emergencia Económica”.
En este sentido, estudiosos en la materia afirman que “le guste o no, la oposición deberá acatar la aprobación del decreto de emergencia económica ya publicada en Gaceta Oficial por el TSJ”.
No obstante, los constitucionalistas Jesús Silva y Juan Carlos Morales señalaron que los tiempos no son lo primordial. Determinan, que si bien se aprovechó la ineptitud de la autodenominada “Unidad”, el TSJ “simplemente hizo valer su poder, la Sala Constitucional tiene atribuciones importantes y la AN debe acatar la decisión y activar el Decreto”, manifestaron los expertos.
Según Silva, expresó que el arbitraje del TSJ tiene legitimidad. Puntualizó que la Constitución instituye que para este mandato se requiere el pronunciamiento del Legislativo, además de un beneplácito reglamentario del organismo judicial.
“El primer paso es llevarlo a la AN, eso tiene un carácter político, y el otro tiene mayor trascendencia jurídica, faltando la aprobación del primero se hizo válido el segundo, el del TSJ, eso no significa que la AN desaparece”, destacó.
“Sucedió lo que muchos de nosotros advertimos: la guerra constitucional”. Al no haber cooperación entre los poderes las decisiones del Ejecutivo se retrasarán o no se harán como se quiere, es un conflicto el que hay. En las 48 horas de haberse publicado el Decreto en Gaceta, el Parlamento debe informar si la recibe o no y el fondo de la misma se debate en sesión, así no ocurrió”, especificó el especialista.
A juicio de Morales, la AN no practicó el íntegro procedimiento; por lo tanto, de esto “se agarró el TSJ, ahora yo pienso que el impacto de esta decisión es ‘negativa’ para el país”.
“Existe un choque de poderes y seguirá pasando, el más perjudicado es el común, nosotros los venezolanos, hay una enorme confrontación innecesaria, es urgente un rencuentro nacional, hablar, dialogar”, declaró Morales.
Ante los acontecimientos, el adeco Henry Ramos Allup, se dirigió de forma enérgica al TSJ y al Ejecutivo: “El TSJ cree que se da el lujo de interpretar la Constitución, contra el propio texto de la Constitución (…) Ojalá en sus desvaríos el Presidente, con una de las cosas que lo mantienen precariamente en el poder, se dé cuenta que con esta decisión no se resuelven los problemas del país”, dijo.
En un encuentro con medios de comunicación el máximo titular de la AN especificó, que tanto el poder judicial, como Maduro no cumplieron con su palabra.
Asimismo, en su afán por pretender salir del Gobierno alegó: “Si antes algunos pensaban que el lapso de seis meses que nos habíamos dado para buscar una solución democrática, constitucional, pacífica y electoral, lapso dentro del cual algunos pensaban que resultaba casi que apremiante, hoy nadie duda que quizás ese lapso es demasiado largo”.
Ramos Allup, quien también está convocado por el TSJ notificó que asistirá, con la condición de que lo dejen conversar. “Si voy a ir, pero para ver el ‘físico de la señora de la sala’ no voy. Si no tengo garantías es posible que mande un apoderado, una persona acreditada que me represente en ese acto”, expresó.
(LaIguana.TV)
