La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, expresó el viernes su total desacuerdo con el interrogatorio que la policía realizó a su predecesor y mentor político, el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, debido a que lo consideró innecesario luego que él había prestado testimonio de manera voluntaria.
Rousseff reiteró en un comunicado público que la investigación sobre corrupción, que ahora apunta al ex presidente, debería continuar hasta que los responsables sean castigados, agregando que ella ha garantizado la independencia de los órganos a cargo del caso.
En un mensaje transmitido por televisión desde el Palacio presidencial de Planalto, y flanqueada por sus ministros, Rousseff reiteró su «más absoluto inconformismo» con la operación policial de la que fue objeto Lula, quien fue trasladado desde su casa a una comisaría para prestar declaración.
Rousseff, que ya había difundido una nota en la que calificó de «innecesaria» esa operación y exigió «respeto» a los derechos individuales y «responsabilidad» a las instituciones, aprovechó para responder a la supuesta delación de un político detenido por el caso Petrobras, que la acusó de intentar manipular a la justicia.
La mandataria manifestó su «inconformismo» e «indignación» frente a supuestas acusaciones del parlamentario Delcidio Amaral, exjefe del grupo oficialista en el Senado, que fue detenido en noviembre pasado y, según reveló la revista Istoé, aceptó cooperar con la justicia e hizo graves acusaciones contra Rousseff y Lula.
Según la supuesta delación de Amaral, la mandataria y todos los miembros del consejo sabían de las irregularidades, pero aún así decidieron seguir adelante con la compra de la refinería, que según admitió más tarde Petrobras, le causó unas pérdidas por el orden de al menos 500 millones de dólares.
Rousseff recordó que, en 2014, prestó explicaciones sobre ese asunto a la Procuraduría General, que decidió archivar el caso tras aceptar que los miembros del consejo desconocían que existían dos cláusulas lesivas a Petrobras en el contrato de compra firmado con la firma belga Astra Oil, antigua propietaria de las instalaciones.
«La Procuraduría afirmó taxativamente que no es posible atribuir ningún delito a los miembros del consejo», pues la existencia de esas dos cláusulas les había sido ocultada por un director de Petrobras, que luego acabó condenado por las corruptelas en esa empresa, afirmó Rousseff en su pronunciamiento.
La detención del expresidente brasileño se llevó a cabo como parte de las investigaciones dirigidas por el juez federal Sergio Moro por el caso de sobornos de grandes constructoras hacia directivos de Petrobras a cambio de contratos con la petrolera estatal.
La jefa de Estado dice que «el respeto de los derechos individuales pasa, en las investigaciones, por la adopción de medidas proporcionales que jamás impliquen decisiones más gravosas que las necesarias para el esclarecimiento de los hechos».
En opinión de Rousseff, «filtraciones ilegales» a la prensa sobre algún caso, y «prejuicios antes del derecho a la amplia defensa, no contribuyen para la búsqueda de la verdad y sirven apenas para animar la intolerancia y las retóricas antidemocráticas».
(ÚN/LaIguana.TV)
