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Capriles, Borges, Leopoldo y Fermín siempre despreciaron nueva carta magna: acá las pruebas
lunes, 15 de diciembre 2014
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Hace 15 años los mismos grupos y representantes de la oposición de la derecha venezolana llamaron para votar en contra del proyecto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promoviendo posiciones irracionales, poco argumentadas y basadas en generalidades.

 

El grueso de la oposición, desoyendo incluso el clamor de sus propios seguidores, promovió extender el veto a la Carta Magna sin mucho éxito, en un plesbicito contra el presidente Hugo Chávez.

 

La oposición apostó contra el proyecto constitucional desde un primer momento como una forma de oponerse al presidente Chávez.

 

El bloque en contra del proyecto era más partidista que crítico del instrumento constitucional. Claudio Fermín llegó a manifestar que la negativa a la nueva propuesta era “el domicilio de la oposición a Chávez”, que se basaba en la defensa de la libre empresa y de la democracia, en ese orden de ideas.

 

La oposición al proyecto de la Carta Magna llegó a puntos de interpretación extremos, irracionales y confusos en una cruzada por intentar frenar el proceso de cambios que exigían movimientos sociales, campesinos, de derechos humanos y de los sectores mas desatendidos por la Cuarta República.

 

“Proyecto comunista”, “cubanización de Venezuela”, “militarista” eran parte de los calificativos que se repetían a diario en programas de radio, prensa y televisión contra el texto constitucional.

 

Área Militar

 

Militares activos y retirados criticaron la decisión de dejar en manos del presidente de la República la autorización de los ascensos militares. El diputado William Dávila, entonces gobernador de Mérida, llamó “trampa cazabobos” al texto constitucional. “Hay que decirle ‘NO’ al presidente Chávez. Ese tipo de política y estrategia que él quiere implementar no se corresponde con una realidad ideológica o política”, afirmó el entonces presidente de la Asociación de Gobernadores de Venezuela.

 

En el área económica

 

Los promotores del “NO” se manifestaron en contra del texto constitucional porque apuntaba la necesidad de buscar la reducción de la jornada laboral.

 

El principal argumento era que el articulado promovía la flojera y no promovía la productividad nacional y estaba en contravía del “incremento del nivel de vida” porque no tenía “eficiencia real”.

 

Gerardo Blyde, actual alcalde de Baruta, se pronunció en contra de las reformas del régimen tributario que ponían mayor peso y sanciones a quienes evadieran el pago de impuestos al Fisco Nacional.

 

Por su parte, Fedecámaras aseguraba que no había viabilidad financiera para la reducción de la jornada laboral y denunciaba “la amenaza” del retorno del sistema de recálculo de las prestaciones sociales eliminado en el segundo mandato del presidente Rafael Caldera. Asimismo, el cónclave empresarial rechazó la nueva Constitución porque no les permitía manejar los fondos de pensiones del Estado y se reservaba la participación mayoritaria del Estado en las actividades petroleras, telecomunicaciones, energía, agua y otras áreas estratégicas de la Nación.

 

Con la misma argumentación, la Cámara Venezolano Americana de Comercio e Industria (Venamcham) reiteraba en voz de su presidente, Pedro Palma, que la nueva Carta Magna era “poco favorable” a sus intereses.

 

Asimismo, el presidente saliente de Venamcham, Jorge Redmond, también fustigó el proyecto aseverando que el artículo 301, el cual establecía la igualdad de condiciones para las inversiones nacionales y extranjeras, hacía “virtualmente imposible que Venezuela pueda celebrar tratados de promociones con otros países a futuro”.

 

El entonces presidente de la Cámara de diputados, el joven Henrique Capriles Radonski, llegó a expresar que la nueva Carta Magna “parece una promesa electoral” porque “muchos de los aspectos que presenta esta Constitución son inviables y afectan el normal desarrollo del país”.
Asimismo, el bloque opositor rechazó la eliminación del Senado y el cambio a República Bolivariana de Venezuela como “un grave error histórico”.

 

Uno de los debates más profundos, que dejó entrever incluso cierto recelo antietnicista fue la consagración de los derechos de los pueblos indígenas, este fue el artículo más vilipendiado por la oposición que tomó la garantía de la demarcación de los territorios indígenas como bandera para una campaña, con características que llegaron incluso a la denuncia de presuntos prejuicios racistas, que exigió la intervención de la activista guatemalteca indigenista y premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. En este bloque estaba el general Fernando Ochoa Antich y un grupo de militares que denunciaron la vulneración de la soberanía nacional porque, según señalaba el articulado que defendía los derechos indígenas, abría la posibilidad a la secesión y la división territorial de Venezuela en pequeñas naciones indígenas.

 

Capriles llegó a decir que con el texto “los indígenas tendrían capacidad de crear naciones aparte en sus territorios ocupados”, mientras piezas de propagandas decían: “Venezolano defiende tu territorio, dile NO al artículo 119 de la Constitución”, o, “Los indígenas no son ni más ni menos pueblo que tú. Votemos todos por el NO”.

 

Cinco días antes de la consulta, Julio Borges promovía la xenofobía argumentando que “primero le fue entregada una copia del texto y una explicación del contenido (de la Constitución) a Fidel Castro que a cualquier venezolano”.

 

La oposición vaticinaba además el caos, el gobernador Henrique Salas Römer juraba que de ganar el SÍ, “el general Hambre” se encargaría de derrocar al Gobierno.

 

Fedecámaras, por su parte, se victimizaba y decía que su “pecado fue decir que NO a la nueva Constitución” porque a su juicio el texto tenía “un sesgo intervencionista”.

 

La Iglesia, que garantizaba su postura apolítica, también se pronunció en contra de la nueva Constitución y hasta celebró una misa por el NO como la que ofició el obispo Trino Valera, junto a empresarios, ex directivos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y diputados opositores, con el propósito de “advertir” a los venezolanos sobre “la serie de peligros que amenazan al régimen de libertades contenido en el proyecto de la Constitución”.

 

(Ciudad CCS)

 

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