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Ante la poca claridad sobre los hechos en este momento, definitivamente no podemos tener una aproximación efectiva que sistematice la cantidad de elementos que ahora narra un crimen que denuncian a la par víctimas e interesados, demasiado interesados.

 

Pero una certidumbre sí se saca: la excesiva opulencia «informativa» entre versiones contradictorias, vaporones parlamentarios, denuncias aún en proceso de investigación y, sobre todo, la promoción de una suma inestable de datos, testimonios y elementos narrativos sin concreción específica que esclarezcan los hechos, no por quien hable sino por quien lo transmite, describen una operación mediática de alto nivel en curso, escenificándose en un sector de la actividad socioeconómica de altísimo voltaje.

 

Hasta ahora sabemos que a pesar de la ausencia de rastros y pistas, se denuncia la desaparición de 28 mineros en las adyascencias de la mina Atenas, mientras que el panorama mediático se inunda de versiones más o menos coincidentes, pero con contradicciones en los presuntos datos arrojados por los mismos actores mediáticos.

 

Pero hay víctimas que denuncian. Que han sido atendidas. Denuncian desaparecidos dentro de la turbiedad permanente de las zonas mineras del sur del país, desdiciendo la primera serie de declaraciones del gobernador de la entidad.

 

Al día de hoy y hasta que se despejen los silencios (o la acumulación de ruidos, si se quiere), una comisión mixta compuesta por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que incluye un equipo de especialistas mantiene la pesquisa, siguen sobre el terreno, mientras se esclarecen las denuncias «sin adelantar hipótesis que pudieran contaminar las investigaciones para que se haga justicia de comprobarse los hechos que se están investigando», como declaró el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab.

 

Sobre la tarima y cerrando el acto conmemorativo por el día de la mujer, el 8 de marzo, el presidente Nicolás Maduro asomó algunas de las hipótesis, que contemplan enfrentamiento entre bandas, paramilitarismo y politiquería en torno a los hechos mientras corroboró la orden de desarrollar una investigación exhaustiva, agregando que se creará una Zona Militar Especial en la región para resguardo de personas, recursos y territorio.

 

Sería interesante que el diputado Américo De Grazia, tan encumbrado en su desvelo y su administración exclusiva de los hechos, nos explique también por qué si, como denuncia, se han perpetrado masacres mineras en toda la región a lo largo de diez años, y siendo tan avezado en la defensa de la causa minera (elemento que ostenta en su propio informe de gestión del período legislativo anterior), sea ahora únicamente que salen nombres, rostros y denunciantes. «Lo lamentable es que ahora tienen dolientes», dice, en un acto de encubrimiento sobre víctimas previas, según su propia denuncia.

 

¿Qué diferencia una masacre anónima de una con nombres? ¿Cómo es que ahora sí tienen dolientes y las «otras masacres» no? De Grazia no es un recién llegado, y bien podía haber hecho toda esa ristra de denuncias en su momento. Tuvo desde 2010 para hacerlo en calidad de parlamentario, pero de todas las masacres, es ahora que decide capitanear la historia. Si el río suena (tanto), es porque mierda trae.

 

Cruces, personajes y versiones

Picar alante. Tal como en el caso Hugo Carvajal, el asesinato de Robert Serra, el caso Kluivert Roa, el episodio de los activistas opositores desaparecidos o el Caso Flores, la batería mediática en sus portales «premium» (es un decir) instalaron el tono, el argumento, la línea narrativa antes de que cualquier contraste oficial pudiera darse, más allá del tropezón apriorista cortesía del gobernador Rangel Gómez. La Patilla, El Estímulo, El Nacional, Efecto Cocuyo, Correo del Caroní y Summarium capitanearon el relato. Luego se propagó en los portales y cuentas «serie B» de Maduradas para abajo. Es un procedimiento que se repite: bombardear el camino, allanar la percepción y monopolizar el sentido común sobre los acontecimientos antes de que el aparato institucional (y su naufragio mediático) generen un acto y una respuesta.

 

Supuestos y presuntos. Estos mismos medios, presuntos campeones de la supuesta verdad, no han tenido dificultad alguna para aseverar y asegurar que el hecho cerrado e indiscutible es que ocurrió una masacre en los alrededores de una mina en la que desaparecieron 28 mineros al mismo tiempo, y desde un primer momento hablaron de «presunta masacre» (sus propias palabras), de supuesta matanza, confiriéndole un cariz de ambigüedad que, visto en su conjunto, no es más que otra táctica desinformativa.

 

Números y evidencias: sobre la infoporn. Pero todo seudoestratega sabe que para enriquecer un relato se necesitan detalles, puntos colaterales, elementos a pequeña escala que enriquezcan y transmitan con mayor eficacia la ilusión de verosimilitud. Y a falta de elementos precisos o estables, mientras más porno y efectista, mejor. Así, su majestad Miguel Henrique Otero (entre otros) comenzó a rodar desde su cuenta Twitter un video «aficionado», de celular (lo que en los manuales de guerra informativa se conoce como «Comcam») en donde sujetos con motosierras descuartizan cadáveres o partes, mientras mantienen una grata conversación gremial en medio de la faena. No hay signo alguno que asocie tal video con Tumeremo, más allá de la cuenta que promueve el video. La cuenta del director de El Nacional.

 

Algo más se puede decir del choque entre cifras y nombres, de acuerdo a los reportajes, denuncias y testimonios que han venido circulando: nadie confirma a los 28. Ni siquiera forman parte de carteleras y pancartas en las cuales vecinos y víctimas, según nos cuentan, han colocado nombres e imágenes. En esta secuencia fotográfica son 13 los nombres, en la «lista» de Américo De Grazia se reflejan 16 nombres, la Defensoría del Pueblo señaló que ha atendido a 17 familias. ¿Falta de dolientes? ¿Cifras de mercadeo? ¿Más efectos especiales que enturbien por todas las vías la investigación en curso? ¿Cómo y cuándo se sumaron los 28? ¿Rigor periodístico? ¿Información oportuna? No se trata de negar la posibilidad, sino de señalar ahí donde la inconsistencia prevalece al día de hoy.

 

Las hazañas de Clavel. Pero hay algo más, si se toma en cuenta que mucho de este material ha corrido por cuenta de la periodista del Correo del Caroní, Clavel Rangel, que sin ningún empacho hace que las versiones choquen, que en dondeen un primer momento había ejército y Sebin luego era «la guerrilla», mientras que aparecen testigos anónimos y semifantasmales que empujan las pruebas que dicen tener a una zona turbia. Clavel Rangel no es exactamente una pasante de La Patilla, ni una periodista improvisada, ¿por qué la turbulencia con los datos?

 

Cartelización. Otro dato procedimental, y expresivo para las próximas ofensivas comunicacionales que seguro vendrán: la «contingencia», en gran medida, ha sido llevada a cabo por una llave conformada por Runrunes, El Pitazo y el Correo del Caroní. Las jugadas ahora vendrán en llave y con crédito compartido. La cartelización favorece que 1) se sostenga la mistificación y la falta de certeza en torno al caso, 2) una vía expedita para desautorizar y adulterar las investigaciones en curso, por ejemplo publicando fotografías que supuestamente ilustran rastros y pistas, sin que nada pueda en realidad corroborarlo, 3) controlar y monopolizar el sentido común con la intención de volcarlo todo dentro del expediente «crimen de Estado».

 

Prat y el blanqueo. Y así como pasa la caravana, detrás siempre tiene que pasar el que barra y recoja la mierda de caballos y elefantes: en este caso le tocó al periodista Damián Prat, que no sólo ensalza la encomiable y heroica labor de «medios independientes», de «activistas» como Américo de Grazia y sostiene el dedo ante la «indolencia» del gobierno. Y, además, le manda su punta a Misión Verdad calificándola de «los laboratorios sucios del gobierno». «Todos ellos totalmente ajenos al dolor y la angustia de los familiares, amigos y vecinos de los trabajadores mineros desaparecidos y de quienes los testigos sobrevivientes aseguran que fueron asesinados», como si él y sus superamigos con sus retahilas no han sido los primeros en frivolizar la información y suprimir todo relieve sentimental. Todo contado desde la prosa deficiente, desordenada y disfuncional de Prat.

 

Ayotzinapa y oenegización. Entonces es ahí que se busca consolidar, sobre todo para consumo externo, la versión de que se trata de un lugar común, un vaso comunicante con el caso Ayotzinapa que lo proyecte dentro de la misma zona conceptual. Tal proyección comulga directamente con el llamado de De Grazia a que sean instancias internacionales y ONGs del extranjero quienes investiguen el incidente. Como si no quedara claro ya cuáles son las compuertas que la mayoría de la Asamblea Nacional busca abrir contra el país. Es evidente que la opulencia «noticiosa» junto con la suma inestable de datos apuntan, a su vez, al propio encangrejamiento contra las investigaciones en curso.

 

Agenda, golpe, geografía y escepticismo(s): no al asco tópico y temático.Despejemos, por un momento, la idea de que se trate de una operación de bandera falsa: es decir, un acto concreto, con interesados fines tácticos, en el cual una agresión perpetrada por un bando busque imponer la responsabilidad del hecho sobre un enemigo-objetivo que desencadene una serie de acciones en su contra. Lo que definirá tal naturaleza será la misma investigación que adelanta la comisión especial. Pero si algo es indiscutible es que la sobreexposición (fuera de lo delicado de las denuncias que habrá atendido la comisión encargada) es el modo en el que se ha dispuesto todo en torno a Tumeremo, obedece a una lógica de propaganda (de guerra y de la catástrofe), que además pone todos los focos sobre una de las áreas fundamentales del Arco Minero.

 

Ninguna jugada viene sola, y ninguna de estas acciones (mediáticas o mercenarias) dejan de estar orquestadas en el panorama general que al día de hoy se engloba en la renovación del Decreto Obama, la intención de activar la Carta Interamericana de la OEA y al reciente lanzamiento de la «Hoja de Ruta» de la MUD. Misión Verdad buscó señalar datos y elementos que arrojan similitudes metódicas con agendas golpistas del pasado, en especial con el golpe parlamentario en Paraguay en 2012, hecho que se inició, precisamente, con una masacre, perpetrada por operadores encubiertos y que activó la agenda destituyente. Así no se trate matemáticamente de un procedimiento similar, conviene no perderlo de vista como parte de una mecánica más amplia y abarcante.

 

El escepticismo y la cagonería para abordar estos temas, signo habitual en tantas personas, no es más que la consecuencia obediente de no querer verle lo feo al rostro de las cosas, y sobre todo a la total incapacidad de ver lo que está oculto pero que se sugiere.

 

Diamantes, sangre y geopolítica

Como siempre, si se sigue el dinero se encuentran los actores. Y si nos alejamos de lo que actualmente bulle en Tumeremo y observamos el mapa general, nos encontramos con otro detalle crítico (para algunos interesados).

 

El Gobierno, desde 2014 vía Ley Habilitante, ha venido dando pasos decisivos para controlar y administrar todas las etapas correspondientes en la extracción de recursos minerales, reservas certificadas en varios recursos minerales como el oro, el coltán y otros. Porque en el centro de la jugada también está, centralmente, los yacimientos diamantíferos que se encuentran en todo el sur del estado Bolívar (y en la Guayana Esequiba). Y es aquí donde hay que hacer una parada obligada que cierre este cuadro hipotético.

 

La gente que conoce sobre el tema minero afirma que el valor de los yacimientos diamantíferos puede ser aún más estratégico que oro u otros minerales. Y Venezuela ostenta varios. No sólo en el ámbito de la joyería lujosa, sino en los usos que de estos diamantes se extrae en materia tecnológica a todo nivel, y es ahora que el Estado ha decidido asumir su extracción como parte de la diversificación económica.

 

Para ello, el país tiene que volver a formar parte del Proceso de Kimberley, una serie de certificaciones que acompañan todo el proceso y que además, bajo su metodología, certifican si un diamante extraído es lo que se conoce como un «diamante de sangre»: que su compra-venta se emplee para el financiamiento de ejércitos irregulares o que la explotación del mineral haya sido bajo la lógica del conflicto armado.

 

Venezuela, según nota de El Mundo, se retiró en 2008 debido a la falta de estadísticas actualizadas y la baja producción. Sin embargo, desde el año pasado se han venido retomando los pasos para reinsertarse dentro de dicho protocolo internacional establecido que garantice la limpieza de origen de los recursos.

 

¿Cómo afectaría a la nación si los yacimientos del Guainabo se cubren de sangre? ¿Quién intervendría en ese caso y bajo cuál conceptualización legal? De cualquiera de las formas, tal enrarecimiento sería absolutamente perjudicial, y más en este momento. «Excepcionalizar» la situación al sur de Bolívar podría favorecer a quienes operan en la minería ilegal y a gran escala. Y uno de los actores más reconocidos del ramo (si dejamos por fuera los latifundios ganaderos) es Américo De Grazia. Que gracias a su puesta en escena el día de hoy, se explica el tono ultra-belicoso con el que se estrenó en la Asamblea Nacional en la inauguración del actual período legislativo.

 

(misionverdad.com)