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Aunque es totalmente desconocida por el pueblo, pero ya muy famosa gracias a la cobertura otorgada por los medios de difusión, la Ley de Referendo que se discute en la Asamblea Nacional (AN) pretende acortar los lapsos y además penaliza la publicación de la identidad de los firmantes. 

 

Según los cálculos de la extrema derecha venezolana el referéndum para revocar el mandato del presidente de la República, Nicolás Maduro, podría celebrarse en el mes de octubre.

 

Así lo afirmó el asesor en materia electoral de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Aníbal Sánchez, quien explicó que según lo estipulado actualmente por las resoluciones vigentes números 07-02-07 036 y 07-03-27 341, relacionadas con la activación del referéndum, son necesarios siete meses para que se lleve a cabo el evento electoral una vez sea solicitado bajo las condiciones establecidas  por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

 

En este sentido, reveló que con la Ley de Referendos que fue aprobada en primera discusión el pasado jueves por la mayoría circunstancial de las fracciones de oposición en el Hemiciclo, la consulta se realizaría en seis meses; es decir, un mes menos.

 

Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes que rigen el revocatorio, se debe conformar una agrupación de ciudadanos para solicitar formalmente la activación del mecanismo ante el CNE.

 

Al respecto, Sánchez, aseguró que la creación de este grupo no haría falta si se aprueba la Ley de Referendo, pues el proyecto indica que los partidos legitimados podrían solicitarlo. De hecho sólo la MUD y el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), estarían aptos para hacerlo, ya que las demás toldas deben renovarse por no haber participado en la pasada elección, recordó Sánchez.

 

A pesar de lo indicado por el “especialista”, el partido de extrema derecha Primero Justicia (PJ), se prepara para conformar el grupo de ciudadanos para solicitar la activación del mecanismo, de hecho ya el Poder Electoral fue informado de la intención de esta tolda política de pedir el revocatorio.

 

En total contradicción con lo indicado por Aníbal Sánchez, el “gobernador” del estado Miranda,  Henrique Capriles, jugando posición adelantada a su propia bancada, inició este sábado un precenso de los voluntarios que ayudarán a recolectar las 198 mil firmas que se requieren para conformar el mencionado grupo de ciudadanos, que quedaría eliminado de un plumazo al ser aprobada la Ley.

 

En cuanto a la recolección de firmas para apoyar la convocatoria, que debe contar con el respaldo del 20% de los electores inscritos en el Registro Electoral, las normas vigentes indican que deben recogerse en un máximo de tres días, mientras que el proyecto de Ley lo extiende a ocho. Habría que preguntarle a los asambleístas opositores dónde queda aquello del supuesto ventajismo del Gobierno por alargar los plazos en los procesos electorales.

 

De igual forma, eleva a más de dos mil los puntos dispuestos por el CNE para la recaudación de las tres millones 899 mil 273 rúbricas que necesita la oposición para activar el revocatorio.

 

El asesor de la extrema derecha, Aníbal Sánchez, declaró que en esta oportunidad duda que exista problema alguno con las firmas, pues el CNE es quien las recolecta con sus funcionarios y máquinas dactilares por lo que no deberían haber duplicidad ni inconsistencias. Irónicamente ahora el organismo si funcionaría correctamente y el capta huellas es parte de la solución.

 

Sánchez dijo que con la aprobación de la Ley de Referendo, queda penalizada la publicación de la identidad de las personas que firmen, «…No puede haber otra lista Tascón…», sentenció. Cabe la pregunta ¿Esta vez quemarán los cuadernos de nuevo? Saque sus conclusiones.

 

(LaIguana.TV)