A unos 850 colombianos se les relaciona con el escándalo de los paraísos fiscales de alcance internacional, denominado Papeles de Panamá, aseguran diversos informativos del país.
A juzgar por los archivos obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, compartidos con el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) e investigados por CONNECTAS, los colombianos con empresas ficticias en el istmo radican principalmente en Bogotá, Medellín y Barranquilla.
Con la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, cuya función principal es abrir las llamadas Panama Papers, está conectada en esta capital la oficina Mossfon o llamada sencillamente MF, indican los informativos matutinos.
El diario El Espectador afirma que esa empresa ocupa el tercer piso de un sobrio edificio de grandes ventanales en la zona de mayor opulencia del norte bogotano, donde están guardados los papeles de más de 800 colombianos que han pasado por las manos del discreto bufete panameño.
Añade el rotativo que el número connacionales involucrados en el escándalo puede ser superior, pues gran parte de las empresas ficticias se esconden detrás de acciones al portador.
En ese sentido, precisa que también existen muchos ciudadanos del país que registraron sus operaciones en la sede de MF en Miami, directamente en Panamá o en cualquiera de las más de 40 oficinas que el bufete del istmo tiene instaladas por el mundo.
Para la legislación colombiana tener empresas en un paraíso fiscal no constituye un delito; lo es solo si el origen del dinero es ilícito, o en caso de no ser declarado ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
El cotidiano capitalino comenta al respecto que, por la reserva tributaria, no hay forma de acceder al registro de contribuyentes de país, de ahí que la investigación de CONNECTAS no tiene cómo señalar ilegalidad alguna en ningún caso.
Otros informativos como RCN Radio recuerdan que esta nación andina declaró en el 2014 a Panamá como paraíso fiscal y así quienes tuvieran transacciones con el vecino país deberían pagar impuestos, que prácticamente resultaban impagables por una actividad legal.
Añaden que el Ejecutivo Nacional dejó de aplicar la medida pues no soportó la presión, por un lado la ejercida por el Gobierno panameño, y por el otro, la de grandes «cacaos» (los cuatro hombres más poderosos del país).
(Prensa Latina)
