Los 100 primeros días de la nueva Asamblea Nacional (AN), con mayoría de diputadas y diputados de derecha, han estado caracterizados por un “trabajo” que no está a favor de la mayoría del pueblo, sino más bien para el beneficio de unos pocos y el deterioro de la labor que durante los últimos años se ha hecho en la tierra de Bolívar.
Esta nueva AN se ha encargado, con un falso discurso, de decirle al pueblo que “trabajan para ellos”, pero en verdad su agenda está guiada por intereses particulares, por las órdenes que les envían desde el imperio para acabar con el país y por supuesto, para “sacar” al presidente Nicolás Maduro, a su equipo de Gobierno y eliminar definitivamente a la Revolución.
En 100 días, la Asamblea ha aprobado cinco leyes. Una de ellas es la de Amnistía, que busca perdonar los delitos que han cometido líderes de la derecha, desestabilizando el país e incluso causando la muerte a varias personas. Con esta ley no solo perdonarían a Leopoldo López por el daño que ha hecho, sino también a los guarimberos y a quienes han cometido diversos crímenes. La ley ha sido declarada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como inconstitucional.
No conforme con esto, aprobaron la llamada Ley Vivienda, una norma que según ellos “busca darle el título de propiedad a los beneficiarios” de la Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv), porque dicen que “el dueño de los apartamentos de este programa es el gobierno”. Detrás de esto hay todo un juego para privatizar los urbanismos y entregarlos al capitalismo. Esta ley, así como la de Amnistía, ha sido rechazada por el pueblo venezolano, que en actos públicos ha solicitado al Presidente que no coloque su firma para aprobarlas.
Además, la AN opositora aprobó una reforma parcial a la ley del Banco Central de Venezuela, que también fue declarada como inconstitucional por el TSJ; una ley de reforma al TSJ “para contar con un poder que trabaje por la justicia” (o más bien a favor de los interés ultraderechistas), y una ley de cestatickets para los jubilados y los pensionados.
Ayer, en un encuentro con los medios el presidente del parlamento, Henry Ramos Allup y el diputado Julio Borges se atrevieron a decir que esta ha sido una labor “fructífera” y que hubiese sido “mejor” de no contar con la “interferencia del gobierno”. ¿Se puede llamar fructífera a unas leyes que no están destinadas a mejorar la situación del país?
Hasta ahora ninguno de estos proyectos busca una solución a los problemas que actualmente aquejan al pueblo. Las diputadas y los diputados de la derecha no han hecho nada para cumplir su oferta engañosa de la campaña electoral de “acabar con las colas” y hacer que los productos regulados aparecieran como por arte de magia al día siguiente de las elecciones. Ninguno ha dicho que va a mejorar la economía y acabará con el dólar paralelo. Por el contrario, parecen apoyar todo cuanto pueda dañar al país. ¿A beneficio de quién “trabajan” los diputados de la derecha?, ¿Llegó el cambio?
(LaIguana.TV)
