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La revelación de un informe atribuido al Comando Sur sobre la Operación Freedom Venezuela 2 y la escalada de declaraciones del general John Kelly, jefe saliente de dicha unidad militar, activó las alarmas y protocolos de seguridad de los partidos del Gran Polo Patriótico y del Ministerio de Defensa. Reza el adagio popular: guerra avisada no mata a soldado.

 

Solicitar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a través de la OEA, impulsar las protestas generalizadas de calle por temas como la crisis eléctrica o económica, e iniciar el cierre del plan “en julio o agosto de 2016”, son las instrucciones que se desprenden del documento firmado por el almirante Kurt Tidd, el 25 de febrero de 2016, actual jefe del Comando de Operaciones Especiales (Special Operations Command, USSOCOM o SOCOM).

 

Los analistas Atilio Borón y Carlos Lanz, además de algunos portales de periodismo de investigación, han denunciado la injerencia norteamericana a través de esta unidad militar regional que desarrolla misiones clandestinas de combate no tradicional y de defensa interna en Venezuela.

 

A propósito de las políticas desarrolladas por los gobiernos de Hugo Chávez y Evo Morales, en el año 2005 se nombró en el seno del Comando Sur una comisión especial para los dos países.

 

Del documento filtrado, donde se expone el contenido y alcance de la Operación Freedom 2 (para derrocar al Gobierno venezolano) llama la atención la fecha de finalización de la estrategia: julio o agosto. Coincidencialmente, o no, es la misma anunciada por primera vez el 27 de diciembre de 2014 por el diputado recién electo de la nueva Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, para activar algún mecanismo que permita acortar el mandato del presidente Nicolás Maduro.

 

Cabe recordar que hoy día la coalición antichavista, con mayoría en la AN, impulsa de forma paralela una convocatoria a referendo revocatorio y una enmienda constitucional para recortar el período presidencial. Dicen en los pueblos: si no lo agarra el chingo, lo coge el sin nariz.

 

Otro de los puntos que llama la atención en el mencionado documento se refiere al supuesto acuerdo entre el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y sectores de oposición venezolanos para canalizar la solicitud de aplicación de la Carta Democrática Interamericana.

 

Impresiona porque recientemente, tras el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia que declaró nulas algunas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, el diplomático recordó que en Venezuela, y ante solicitud expresa, se pueden activar los mecanismos incluidos en la Carta Democrática Interamericana.

 

En el documento se expresa la agenda común que se ha desarrollado con la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para “calentar la calle” e impulsar la ingobernabilidad.

 

Entre las 12 “recomendaciones” destaca un escenario abrupto que puede combinar acciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia armada. La supuesta legitimidad de las acciones se amparan en los artículos 333 y 350 de la Constitución referidos al deber de colaborar en el restablecimiento de la Carta Magna y al desconocimiento de cualquier régimen o autoridad que contraríe los valores democráticos o menoscabe los derechos humanos.

 

La estrategia expuesta se desarrolla bajo un enfoque de “cerco y asfixia” promovido por el bloque antichavista dentro del Parlamento. Se recomienda “convocar eventos y movilizaciones, interpelar a los gobernantes, negar créditos y derogar leyes, entre otros”. Analizando las primeras semanas de la Asamblea, y tomando como legítimo el informe, parece que las instrucciones se cumplen cabalmente.

 

Otra de las “coincidencias” entre lo planteado por el documento Freedom 2 y las acciones que se desarrollan desde ámbitos internacionales, son las relacionadas con “mover otros resortes de la intervención de forma indirecta, valiéndose de ex presidentes, gobiernos afines y la Alianza Parlamentaria Democrática de América”.

 

En la acera de la MUD, los miembros de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano (presidente) y Armando Armas (vicepresidente) no le dan crédito y lo consideran apócrifo a pesar de que no ha sido desmentido por el Comando Sur.

 

Vale recordar que la MUD se pronunció sobre la extensión del decreto del presidente Obama, y señaló que esta “lamentable situación” es propiciada por el Gobierno.

 

“Esconderse detrás de la bandera para proteger una cuenta bancaria con fondos de la corrupción es inmoral. También, ocultarse detrás de la palabra Patria para pretender impunidad a violaciones de derechos humanos”, señalaron a propósito de la orden ejecutiva contra Venezuela.

 

(ÚN)