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En un feroz editorial publicado en la edición del lunes del diario estadounidense The New York Times, los editores hacen un llamado al Departamento de Justicia para que abra una investigación sobre las prácticas de tortura cometidas durante el Gobierno del presidente George. W. Bush con la mirada puesta en el enjuiciamiento de aquellos que “cometieron torturas y otros delitos graves”, junto al ex vicepresidente Dick Cheney y otros altos funcionarios del Gobierno.

 

Bajo un titular que decía: “Enjuicien a los torturadores y a sus jefes”, la junta de editores critica al Gobierno del actual presidente Barack Obama por no “llevar ante la justicia a los responsables de torturar a sospechosos de terrorismo”, durante el periodo que siguió al ataque del 11 de septiembre.

 

El editorial señala que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) presentará el lunes una carta al Fiscal General, Eric Holder Jr., pidiendo el nombramiento de un fiscal especial para investigar lo que parece ser “una vasta conspiración criminal, con apariencia de legalidad, para cometer torturas y otros delitos graves”.

 

Expresando que es difícil imaginar que el actual Gobierno “tenga el coraje político” para ordenar una investigación, la junta de editores pide una investigación completa que incluye a las principales figuras del gobierno de Bush, incluyendo a Cheney, y el ex director de la CIA, George Tenet.

 

“Cualquier investigación creíble debería incluír al ex vicepresidente Dick Cheney; al jefe de personal del señor Cheney, David Addington; el ex director de la CIA, George Tenet, y a John Yoo y Jay Bybee, quienes son los abogados de la Oficina de Asesoría Legal que redactaron lo que se conoció como los memorandos de la tortura”, indica el editorial. “Hay muchos más nombres que podrían ser considerados, incluyendo el de José Rodríguez Jr., el funcionario de la CIA que ordenó la destrucción de los videos; los de los psicólogos que idearon el régimen de tortura; y los empleados de la CIA que lo llevaron a cabo”.

 

El llamado para que el Departamento de Justicia proceda ocurre luego de la publicación hace más de una semana del denominado Informe de Tortura.

 

Señalando la confirmación de los informes de la “alimentación rectal”, ahogamiento “simulado” o waterboarding, presos colgados de sus muñecas, confinados en ataúdes, golpeados y amenazados de muerte, la junta de editores cataloga dichos actos como delitos.

 

“Estos son, simplemente, crímenes. Están prohibidos por la Ley Federal, que define la tortura como la imposición intencional de “dolor físico o mental severo o sufrimiento”. También están prohibidos por la Convención contra la Tortura, que el Tratado Internacional que Estados Unidos ratificó en 1994 y que requiere el enjuiciamiento de cualquier acto de tortura”, escriben los editores.

 

La junta de editores concluye: “Iniciar una investigación criminal no es una venganza; se trata de asegurar de que esto nunca suceda de nuevo y recuperar la credibilidad moral para reprochar la tortura de otros gobiernos. Debido al informe del Senado, ahora sabemos hasta dónde llegaron los funcionarios de la rama ejecutiva para racionalizar y ocultar los delitos que querían cometer. La pregunta es si la nación apoyará y permitirá que los autores de la tortura tengan inmunidad perpetua por sus acciones”.

 

(CO/Raw Story)