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Conozca los delitos del cuñado de Leopoldo y los "empresarios" nacionalizados en España (+foto)
martes, 24 de mayo 2016
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Herman Sifontes Tovar, el cuñado de Leopoldo López Mendoza, a quien el gobierno español otorgó el viernes la nacionalidad, fue uno de los directivos del consorcio financiero Econoinvest investigado en 2010 por usurpar la identidad de más de un millar de personas para adquirir bonos de la deuda pública y luego canjearlos por divisas que eran colocadas en el mercado paralelo.



Los afectados denunciaron los hechos ante el Ministerio Público (MP), en agosto de 2010, con el fin de exigir el enjuiciamientos de los responsables de las transacciones de fraude que realizaron los representantes de estás casa de bolsas, reportó el diario Cudad Ccs.

 

María Providencia Aponte, una de las perjudicadas, expresó que ella desconoce las transacciones que efectuaron con su nombre, y que ante lo grave de esta situación los denunciantes decidieron asistir de manera voluntaria ante el Ministerio Público.

 

Se enteró que había sido utilizada para solicitar divisas ante el Ejecutivo Nacional, cuando funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fueron a su casa y le informaron que era solicitada por fraude.

 

Informó que grupos de compañeros se encuentran en la misma situación. “No podemos permitir que nuestro nombre se ensucie, no tenemos dinero, pero tenemos dignidad”.

 

Enrique Rafael Urdaneta, persona afectada, manifestó, que ni siquiera posee cuentas bancarias y menos tarjetas de crédito. Dijo que desconocía de las transacciones que se hicieron con sus datos, donde usaron su nombre sin autorización.

 

Asimismo, pidió que sea escuchada su denuncia y se tomen medidas en el caso. “Estamos como delincuentes, exigimos que se limpie nuestro nombre, no somos delincuentes (…) desconoce como tienen sus datos” finalizó Urdaneta.

 

Descubrió su situación cuando pretendía abrir una cuenta bancaria y lo llamaron estafador.

 

Si bien Sifontes y otros directivos de esa y otras casas de bolsa, fueron liberados en 2014 tras el sobreseimiento de la causa por una modificación de la Ley de Ilícitos Cambiarios, vale precisar que la usurpación de identidad fue demostrada. Sin embargo Econoinvest alegó que tal delito fue cometido por lo trabajadores de una empresa relacionada.

 

Serra Carmona, burócrata de grupos empresarialesEl otro beneficiario de la medida de nacionalización especial es Luis Carlos Serra Carmona, un exdiputado del partido Acción Democrática e hijo de Isabel Carmona, una figura histórica de esa agrupación política.

 

Serra Carmona es una especie de gestor político de importantes grupos empresariales y figura como directivo de compañías de distintos sectores productivos, Desde 1992 está vinculado con la familia de banqueros Velutini y es un alto ejecutivo del Fondo de Valores Inmobiliarios (FIV), que preside Luis Emilio Velutini.

 

Esta organización es una empresa de especulación financiero-inmobiliaria que ha encarecido el suelo urbano a través de un proceso de adquisición de activos inmobiliarios y reorientando el negocio al alquiler de espacios de oficina en Caracas para fines corporativos.



Asimismo destaca un desmesurado incremento de las inversiones del grupo en República Dominicana, donde en los últimos años ha desarrollado proyectos inmobiliarios por un valor superior a los 400 millones de dólares, en lo que a todas luces es un proceso de fuga de capitales.

 

Otro directivo de esta firma, Guillermo Velutini, es uno de los firmantes en el decreto que pretendió "legalizar" el ascenso al poder del dirigente empresarial Pedro Carmona Estanga, durante el fallido golpe de Estado de abril de 1992.


Además de ser parte de la directiva de la C.A. Editora El Nacional, Serra Carmona es parte del equipo ejecutivo de la compañía propietaria de la Universidad del Caribe, un centro de educación superior privado creado en Panamá en 2007, y cuyo inversionista más prominente es el empresario de seguros Tobías Carrero Nácar.

 

En la directiva de dicha organización figuran dos exmagistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Franklin Arruechi y Pedro Rondón Haaz. Cabe destacar que Arriechi fue el ponente de la decisión que exoneró de responsabilidad a los altos oficiales que participaron en el golpe de 2002, y que Rondón Haaz aún era magistrado cuando comenzó a ocupar el cargo en la dirección de la universidad panameña.

 

(LaTabla.blogspot)

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