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Este jueves 23 de junio, la Organización de Estados Americanos (OEA) sesionará para discutir el «caso Venezuela», en una Asamblea convocada por el secretario general del ente y conocido detractor del gobierno revolucionario Luis Almagro. 

 

A pesar de que Venezuela solicitó la anulación de esta sesión por considerar que Almagro está haciendo un uso indebido de sus facultades dentro de la OEA para tomar partido sobre conflictos internos de Venezuela, éste presentará un informe en 132 páginas en el que solicita la activación de la Carta Democrática Interamericana. 

 

A través de esta herramienta diplomática, la OEA podría tomar medidas para «solucionar» los conflictos existentes entre el Gobierno y la oposición. Sin embargo, el pasado 1ro de junio, ya una sesión de este mismo ente decidió no activar la Carta sino apostar a la resolución de la situación a través del diálogo. 

 

«Es una puerta a la intervención que los Estados miembros han rechazado abrir», dijo en este sentido el diplomático venezolano Bernardo Álvarez en un documento dirigido a la OEA hace días, en el que solicitaba la nulidad de la sesión. 

 

En diferentes oportunidades se ha denunciado que las actuaciones de Luis Almagro están alineadas con los requerimientos específicos de la oposición venezolana, que busca cesar el mandato de Nicolás Maduro por cualquier medio. ¿A qué intereses responde esta actitud? Ya la canciller venezolana lo ha dicho públicamente: “Hemos transformado esta organización en un tribunal de justicia contra Venezuela, donde se es juez y parte fiscal Estados Unidos con su instrumento, el secretario general Luis Almagro”.

 

Este jueves, la sesión deberá hacer una «apreciación colectiva» de la situación en Venezuela, luego de que el pasado martes el representante de la comisión para el diálogo, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, diera sus impresiones sobre los procesos de conciliación que están sobre la mesa. 

 

No obstante, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, el adeco Henry Ramos Allup, se encuentra ahora en EE.UU. para gestionar un «derecho de palabra» ante la OEA, con la finalidad de apoyar la activación de la Carta Democrática contra Venezuela. 

 

Cabe destacar que Allup ya sabe que no puede intervenir en la OEA, ya que este derecho se le está reservado a los gobiernos únicamente. Sin embargo, éste no pierde oportunidad para tener protagonismo en la política internacional, con la finalidad de entorpecer todos los procesos del Gobierno nacional y malponerlo en cualquier escenario. 

 

(LaIguana.TV)