La exministra de Ambiente, Ana Elisa Osorio, introdujo a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad contra la ejecución del Arco Minero del Orinoco, proyecto del que el presidente Nicolás Maduro firmó estableció convenios con empresas internacionales el pasado 5 de agosto.
Además de Osorio, están el exministro de Energía Eléctrica, Héctor Navarro, el mayor general retirado, Clíver Alcalá, el exministro de Industria y Comercio, Gustavo Márquez Marín, el dirigente de Marea Socialista, Juan García Viloria y los activistas, Ramón Rosales Linares, César Romero, Santiago Arconada, Leonardo Simón Domínguez y Edgardo Lander, quiénes alegan que la explotación de minerales preciosos atentarán contra la protección de los pueblos indígenas y al ambiente.
“Este acto administrativo dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela violenta no sólo derechos fundamentales contemplados en la Constitución Bolivariana de 1999, sino también dispositivos normativos nacionales e internacionales, tanto en materia de ordenación territorial, protección de los pueblos indígenas, ambiente, derechos laborales y principios tributarios, así como procedimientos técnico-legales para la creación de la Zona que allí se establece y delimita”, argumentó el documento.
“La incompetencia del Presidente de la República para regular, del modo como lo ha hecho, una materia tan sensible como la de la Soberanía de la República, hace que el Decreto identificado antes sea declarado nulo de nulidad absoluta. Se refuerza la necesidad de esta declaratoria, además, por la ausencia de motivación del acto, el cual contiene conceptos generales, vagos, abstractos, y en consecuencia inconsistentes, para que sea la base sobre la cual se funda el sub-legal pronunciamiento”.
El militar retirado Clíver Alcalá señaló, en entrevista en el programa Primera Página transmitido por Globovisión, que la explotación de los minerales preciosos significa una deshonra para el país: “El 5 de agosto el país vio el acto más oprobioso de los últimos 200 años, el presidente lo refirió como el acto más importante para el país, ahí, con una figura que llaman memorando de entendimiento, esconden un contrato de interés público donde violan todas las normas (…) Hablan que el 60% de los recursos van para las misiones para cautivar al pueblo en el asalto que se está haciendo al país con esos contratos que se firmaron. Hablan de la empresa Gold Reserve donde la empresa Gold Reserve le gana una demanda al país por 700 millones de dólares, y el litigio fue una ‘victoria’ para el país, la pérdida de 700 millones de dólares más 59 millones de dólares en intereses, y hablan de hacer una asociación con esa empresa que depredó desde los tiempos de Carlos Andrés Pérez la zona sur del país”.
El pasado 5 de agosto, el presidente de la República firmó un Decreto en el marco de la emergencia económica, después de dos años en el que el petróleo, principal fuente de ingresos del Estado venezolano, se mantenga bajo.
(Panorama)
