En septiembre del año 2014 fue revelado al país un video en el que su protagonista, Lorent Gómez Saleh, ofrecía detalles sobre nuevos ataques terroristas contra Venezuela. Estas evidencias en su contra, como otras, parecían irrefutables: confesaba la planificación de ataques selectivos en el país.
Quien se confesó de “profesión terrorista”, está detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, desde aquel año luego de haber sido entregado por las autoridades de Colombia, territorio del que fue expulsado por el departamento de Migración.
En octubre, la fiscal 20° nacional, Katherine Harrington, lo acusó por los delitos de expedición indebida de certificaciones, facilitación de ingreso ilegal de extranjero y falsificación de documentos, previstos en las leyes Contra la Corrupción, Extranjería y Migración, y Especial Contra los Delitos Informáticos, respectivamente.
Para tranquilidad de su familia, Gómez Saleh permanece con vida. Pero “casualmente” desde aquel año, mujeres y hombres ligados a la Revolución Bolivariana la han perdido en medio de acciones que cada vez menos parecen ligadas a hechos nacidos del azar.
Que estos homicidios sean consecuencia directa de las intenciones anunciadas por el jefe de la organización Operación Libertad, es algo que aún no ha sido oficialmente demostrado. No obstante, tampoco se tiene conocimiento de que haya sido descartado.
El sector femenino, dentro de esa ola de crímenes, ha sido severamente castigado.
“La derecha quiere imponer un estado de violencia y desprecio contra la mujer”, dijo el 24 de mayo de 2016 el presidente Nicolás Maduro, desde el Palacio de Miraflores ante miles de féminas que ese día marcharon hasta la sede del Ejecutivo Nacional, para demostrar su rechazo a la violencia política de la que han sido víctima.
En esa histórica concentración no estuvo Doris Patricia Reyes Mosquera, profesional de la salud egresada de la Academia educativa creada por la Revolución. Cuarenta y ocho horas antes, a 80 kilómetros de allí, había sido asesinada.
Fue blanco de una operación delictiva que, en las primeras de cambio, fue envuelta con el manto del hampa común.
La galena de 44 años de edad, blanco de un certero tiro en la cabeza, había sido centro de otras agresiones en los últimos tiempos en la localidad de Turmero, población del central estado Aragua.
Su cuenta tuiter develó un hecho que podría dar pistas en torno al fatídico suceso: “Denuncias reiteradas contra las mafias de revendedores ilegales de alimentos y productos esenciales, delincuentes locales y hasta agentes de la policía regional”, como citó el portal latabla.com.
Militaba en el partido Patria Para Todos, del Gran Polo Patriótico que apoya al Gobierno revolucionario. Este hecho, más su arrojo al denunciar a quienes tomaban parte de la Guerra Económica contra la ciudadanía, pudo haberla hecho apetecible para quienes, como Gómez Saleh, parecen haber decidido liquidar a cuanto esté cercano al proceso político de cambios a favor de las mayorías.
El pecado de ser la esposa
El 25 de junio la víctima fue Digni Díaz Benavente, de 31 años de edad. Aunque hasta ahora muy poco se sabe de su militancia política. Se trataba de la pareja sentimental de Ramón Enrique Barreto Andrade (29), exdiputado al Consejo Legislativo de la entidad por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y ultimado en el mismo hecho suscitado en Guárico, estado llanero del territorio nacional.
Las investigaciones sobre este caso apuntaron hacia un alto funcionario de la alcaldía del municipio Miranda, quien figuró como autor intelectual del doble homicidio.
Escasa información ha trascendido en torno al motivo del encargo mortal, y aunque inicialmente parece haber sido Barreto Andrade la razón del mismo, resalta el hecho de que nuevamente una mujer pierde la vida en medio de un capítulo de esta naturaleza.
¿Objetivo mediático?
El 27 de junio, otra venezolana aumentó la indeseable lista. Elizabeth Aguilera fue masacrada en su zona residencial. Se trataba de la jefa de una Unidad de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), con asiento en el sector Cota 905, un popular sector de la capital venezolana.
Valga acotar que en Venezuela las UBCH representan la estructura de base del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ahora en el poder.
Múltiples disparos de arma de fuego fueron accionados contra la humanidad de Aguilera, cuyo cuerpo fue calcinado posteriormente. El despreciable acto culminó con la colocación de fotografías de sus restos en redes sociales.
El jefe de Gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, y otras autoridades no vacilaron en apuntar hacia el paramilitarismo como el origen del acontecimiento que habría sido ejecutado por delincuentes solicitados por los cuerpos de seguridad del Estado.
No se descarta que el manejo irresponsable dado al tema de la inseguridad en algunos medios de comunicación bajo control de la derecha, pudo haber ejercido influencia en el desarrollo de este episodio.
En tal sentido, latabla.com publicó: “Cabe recordar que en julio de 2015, cuando se realizaron las primeras operaciones para controlar a estas organizaciones criminales, el diario El Nacional ‘aseguró que vecinos de distintas comunidades de la Cota 905, actuaron como informantes confidenciales para identificar y precisar la ubicación de varios de los presuntos delincuentes abatidos en el inicio la Operación Liberación del Pueblo’”, nombre dado a una acción oficial especial para anular el accionar de reconocidos delincuentes en todo el país.
Crimen a domicilio
Las primeras horas de la noche del reciente 11 de agosto, fueron las últimas en la vida de la concejala Shirley Guilarte, quien falleció a causa de recibir media docena de detonaciones.
La mencionada venezolana era edil en la población de Cagua, estado Aragua, responsabilidad política que ocupaba en representación del PSUV.
Todo aconteció en su casa, ubicada en el sector Bella Vista. Las primeras versiones indican que dirigente política se acercó a la puerta principal de su morada luego de haber escuchado una invitación para salir.
Su asesino huyó inmediatamente del lugar. El gobernador de la entidad, Tareck El Haissami, no alberga dudas en cuanto a la presencia de las bandas paramilitarizadas en la ejecución del acto.
