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Abogado de Dima Rousseff: El único que puede juzgarla es el pueblo (+sin pruebas)
martes, 30 de agosto 2016
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El abogado defensor de Dilma Rousseff, José Eduardo Cardozo, indicó este martes que él único poder que puede juzgarla es el pueblo y reiteró que el juicio político contra la mandataria de Brasil es un proceso viciado.

 

"El que tiene que distorsionar las pruebas, lo hace porque no tiene pruebas a su favor, es una verdad de la vida forense y que todos conocemos", sostuvo durante su hora y media de declaración en la fase final del impeachment, para hacer referencia al proceso viciado que asegura se teje contra la líder de izquierda. 

 

Cardozo insistió en que no existen pruebas para culpar a la exjefa de Estado por crímenes de responsabilidad fiscal y que los presupuestos son leyes que deben respetarse porque son autorizaciones de gastos, pero mencionó que la Constitución brasileña autoriza de manera expresa la posibilidad de que se realice la adición de créditos, sin que estos constituyan una ilegalidad. 

 

Advirtió que "en un principio lo prohíben, pero que permite la apertura de créditos adicionales o especiales, sin previa autorización legislativa y sin indicación de los recursos correspondientes previstos en la Constitución". 

 

"El artículo 4 autoriza la apertura de créditos en ciertos casos y lo que prevé el artículo es que es perfectamente posible", dijo. 

 

Por otro lado, instó "a los senadores a juzgar con justicia, por el Estado de Derecho, para que el país no sufra un golpe parlamentario y no se someta a una persona inocente a una pena de muerte política". 

 

Asimismo, recordó que el mundo entero percibe el juicio político como una farsa, porque se originó luego que Rousseff no aceptara los chantajes del antes presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, quien le pidió que evitará votar en su contra en un Consejo de Ética para no enfrentar el impeachment.

 

En contexto


Dilma Rousseff fue separada de su cargo el pasado 12 de mayo, después de que el Senado de Brasil admitiera una demanda presentada en su contra por la emisión de tres decretos de suplementación presupuestaria y las llamadas "pedaladas fiscales".

 


Desde que se inició el proceso, la defensa de la mandataria y sus seguidores han denunciado que se trata de un golpe de Estado que se desarrolla bajo la figura de juicio político.

 

De ser considerada culpable tras la votación del pleno del Senado, Rousseff será separada de su cargo definitivamente e inhabilitada por un período de 8 años.


Si obtiene el apoyo de 54 de los 81 senadores, la presidenta podrá volver a su cargo hasta el final de su mandato en diciembre de 2018.

 

(teleSUR)