Hace 10 meses, exactamente el 11 de noviembre de 2015, el abogado venezolano Juan Carlos Gutiérrez y el dirigente del partido de extrema derecha, Voluntad Popular (el de Leopoldo López), Carlos Vecchio (fugitivo de la justicia de Venezuela) se tomaron una foto frente a la sede de la Corte Penal Internacional, en La Haya (Suiza), diciendo que habían presentado una solicitud de investigación ante el fiscal del tribunal contra el presidente Nicolás Maduro.
Este martes 6 de septiembre Gutierrez volvió a tomarse la foto en el mismo sitio, pero acompañado ahora por la empresaria Lilian Tintori Parra, esposa del condenado Leopoldo López, diciendo casi exactamente lo mismo.
La novedad, además de la presencia de la fisicoculturista que ha viajado durante tres de los ocho meses transcurridos de 2016, fue que ahora le agregaron la masacre paramilitar de Tumeremo a la lista de acusaciones contra el mandatario venezolano.
Lo que queda claro de la gestión pretendidamente jurídica es que la CPI no les ha hecho caso en 10 meses que ha tenido el fiscal para investigar los hechos planteados.
Además, que esa vez, como ahora, pretendieron engañar al país y posicionar en la agenda que las actuaciones del Estado venezolano en defensa de la institucionalidad y la paz tienen carácter criminal.
Y por último que son unos grandes mentirosos ya que solamente podrán remitir casos ante la Corte los Estado parte, el Consejo de Seguridad y la Fiscalía de la Corte. Ni las organizaciones internacionales ni las organizaciones no gubernamentales tienen esa facultad, tal como quedó establecido en el Estatuto de Roma que regula el proceso jurisdicional de la CPI. Y tampoco lo pueden hacer los particulares como es el caso de Gutierrez, Vecchio o Tintori.
Estos últimos tiene únicamente la posibilidad de remitirle información al Fiscal, para que (de oficio) lo someta a la jurisdicción de la Corte, lo cual evidentemente no ha hecho.
Sin embargo, si esa llegara a ser eventualmente su decisión, la medida debe ser sometida a una especie de supervisión de la actuación del Fiscal por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares, la cual se encargaría de autorizar toda investigación de oficio motivada por el Fiscal.
