El martes 20 de septiembre, trabajadores de Empresas Polar fueron congregados en una rueda de prensa para denunciar que han sido objeto de detenciones arbitrarias.
Aseguraron que más de 20 empleados de Empresas Polar han sido detenidos en los últimos meses durante procedimientos realizados por funcionarios de seguridad.
“Exigimos no ser tratados como delincuentes, pues no lo somos, somos trabajadores honestos y exigimos el cese de los atropellos”, manifestó ante las cámaras la gerente de Operaciones Comerciales de Centro Occidente, Maigré Atienza.
Sobre la paralización de actividades en plantas de la empresa, señaló que eso se debía a que no tienen acceso a las divisas: “Actualmente no tenemos acceso a las divisas, y eso nos afecta en la compra de la materia prima. La materia prima que hoy tenemos cuesta 10 mil veces más, es por eso que existen líneas de producción y plantas que por este motivo se encuentran paradas”.
Empresas Polar, que durante años ha invertido millones de dólares para promocionarse como la primera empresa alimenticia nacional, no produce alimentos en el país, por lo que su éxito ha dependido de la captación de divisas del Estado. En 11 años ha recibido casi 6 mil millones de dólares para procesar, empaquetar y comercializar rubros que no produce.
Un trabajador de Alimentos Polar de la agencia Acarigua, Aricson Rosendo, manifestó que “no están respetando los derechos de los trabajadores. Queremos seguir produciendo para el país”, y comentó que fue detenido de forma arbitraria por unos 40 oficiales.
Los trabajadores de la empresa hicieron un llamado a la Defensoría del Pueblo “para que investigue todos los atropellos que hemos sufrido”. En la rueda de prensa habían señalado que “aquí no hay delincuentes, la Guardia Nacional, el SEBIN, la policía nacional tiene bastantes choros que buscar en la calle, nosotros hacemos país, queremos a nuestro país, por eso decimos basta”.
El pasado 8 de septiembre la empresa denunció la detención de la gerente del centro de distribución de Yaracuy, Layra Parra.
Este centro incumplió con el despacho de 259 toneladas de harina precocida, que habían sido canceladas por la Gobernación de esta entidad para su posterior distribución a las comunidades a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
La entrega de este rubro se ordenó en providencia emitida por la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro), en la que se había fijado un plazo de 72 horas y la cual también fue omitida, según declaraciones del jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral de Yaracuy, Carlos Alberto Ramos Quilarque, quien también informó que la corporación recibió un pago de aproximadamente 46 millones de bolívares para que realizara el despacho.
El pasado lunes 12 de septiembre, el Juzgado 4to de Control de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, dictó sentencia que le otorga libertad bajo fianza a Layra Parra, sin embargo su liberación no se ha concretado.
(LaIguana.TV)
