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En Venezuela, la mayor parte de los autobuses y camionetas por puesto que prestan servicio de transporte público pertenecen a personas afiliadas a líneas de transporte público, que reciben una concesión del Estado para prestar su servicio en determinada ruta. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos estos dueños de las unidades de transporte no las conducen: se las ofrecen a personas jóvenes, quienes deben conducir todo el día y pagarle al dueño de la unidad de transporte una cantidad de dinero por haber tenido el derecho de trabajar la unidad. Estas personas son denominadas “avances”.

 

“La presente es para denunciar los atropellos de los cuales somos víctimas los Avances o Profesionales del volante de estar rutas, por parte de la Asociación Civil Unión Conductores del Oeste, representada por su junta directiva y dueños de unidades inscritos en esta organización”, denunció un grupo de avances que trajo una carta a Alba Ciudad el pasado mes de julio. Esta línea presta servicio en las rutas del oeste de la ciudad capital, en sectores como Antímano, Montalbán, El Paraíso, Quinta Crespo, Av. Baralt, Av. Lecuna, Parque Central, Av. San Martín y La Vega.

 

Sus nombres y firmas quedaron en depósito, pues temen repercusiones si los mismos se hacen públicos.

 

En la carta, los avances denuncian que los directivos de la línea “se han dado a la tarea de crear un tabulador de guardias o alquileres de unidades para los avances o profesionales del volante que laboramos en estas rutas. Tabulador que no fue discutido con nosotros como choferes que somos de las mismas y no teniendo como árbitro una representación de los entes gubernamentales para equilibrar los costos de las guardias”, señalan en el texto.

 

“Somos explotados con las extravagantes guardias que hay que pagar”, denuncian los trabajadores.

 

Precios exagerados

 

Los trabajadores señalaron el pasado mes de mayo que:

 

Para usar una unidad de 32 puestos, deben pagar Bs. 19 mil diarios para usar la unidad de lunes a viernes, y Bs. 17 mil los fines de semana. “Al mes son Bs. 554.000, y en 10 meses son Bs. 5.540.000”, denuncian.

 

Si la unidad es de 28 puestos, los avances deben pagar Bs. 17 mil diarios de lunes a viernes, y Bs. 15 mil diarios los fines de semana.

Para las unidades de 24 puestos, los avances deben cancelar Bs. 15 mil de lunes a viernes, y Bs. 13 mil los fines de semana.
Indicaron que estos montos iban a aumentar en los próximos meses, pues los dueños de camionetas tenían planeado exigir aumentos de pasajes, argumentando el elevado costo de los repuestos, cauchos (neumáticos) y mantenimiento de las unidades.

 

“Aparte de todo eso, está la cantidad de tickets estudiantiles que exigen los dueños de las unidades de manera diaria. También tenemos que pagar fianza a la línea”, que supuestamente va para gastos administrativos y pago de retiro de choferes; “en estos momentos estamos pagando Bs. 3.700 y somos más de 700 avances”. Indican que, si un avance se retira, se tiene que anotar en una lista y esperar 3 años para que le paguen.

 

Los avances denuncian que Erick Zulueta, presidente de la Federación Venezolana de Transporte,no defiende los intereses de los avances sino de los dueños de las unidades de transporte colectivo. “Los dueños de las unidades dicen que somos trabajadores por destajo y que nadie se gana Bs. 2 mil o Bs. 3 mil diarios. Pero eso no es mucho cuando uno trabaja un día sí y otro no”, explican en la carta, en la que también denuncian que “tenemos que hacerle mecánica a las unidades, como graduar frenos, desmontar y montar cauchos, y todo lo que tenga que ver con la mecánica”, sin que nadie se los pague.

 

“También tenemos que pagar el estacionamiento y lavado de las unidades”, y en algunos casos les están imponiendo un uniforme que debe ser cancelado por los avances.

 

“Queremos, con la ayuda política,conformar una organización sindical que represente a los profesionales del volante, que luche por nuestros derechos laborales y sociales”. Igualmente, solicitan la intervención y revisión de las líneas.

 

Los dueños de las unidades frecuentemente adquieren las mismas a través del Estado, que, con organismos como Fontur, Bandes o la banca pública, ofrece la compra de unidades de transporte a precios preferenciales, con intereses fijos y muy bajos.

 

Usuarios reclaman mejor trato

 

Por otro lado, son recurrentes las quejas de los usuarios del transporte público urbano, suburbano e interurbano sobre las irregularidades que ocurren en ellos.

 

A menudo se culpa a los conductores de transporte público por los problemas de tránsito en las grandes ciudades: El constante irrespeto a las leyes de tránsito o el que no se respeten las paradas, sino que se paren en cualquier lugar para recoger y dejar pasajeros. Parte de los problemas de delincuencia e inseguridad que se viven en el transporte público se debe a que las unidades circulan todo el tiempo con sus puertas abiertas, lo que facilita el paso de maleantes, pedigüeños y vendedores.

 

En las líneas que transportan pasajeros desde Caracas hacia las ciudades aledañas, como Guarenas, Guatire, Valles del Tuy y La Guaira, es usual que las camionetas por puesto de las líneas se desaparezcan en las horas pico para entonces aparecer sin carteles ni identificación, y ofrecer sus servicios cobrando el doble o el triple del pasaje regulado. Esto ocurre particularmente de noche y los fines de semana. Los usuarios, cansados luego de un día de trabajo y ansiosos de llegar a sus hogares, terminan en muchos casos dejándose estafar por estas camionetas “piratas”, pues las de la línea no aparecen.

 

Los usuarios también se quejan de unidades muy deterioradas en determinadas líneas, con asientos, puertas y otras estructuras muy oxidadas y que ponen en peligro la vida de los pasajeros. Algunas unidades tienen su motor en pésimo estado y contaminan terriblemente el medio ambiente.

 

También es usual que se maltrate verbalmente a los usuarios con el fin de colapsar la unidad y meter una gran cantidad de personas para las cuales no está diseñada. A los pasajeros no les queda otra sino viajar muy incómodos; si alguien se queja, los conductores responden exigiéndole bajarse de la unidad, o sino no prestarán servicio.

 

Otra queja recurrente es el maltrato a los adultos mayores, quienes, según las leyes vigentes, no deben pagar pasaje. Algunos conductores tienden a ser muy despectivos con aquellos adultos mayores que intentan ejercer su derecho de no cancelar; es por ello que la mayoría opta por pagar el pasaje, antes de dejarse maltratar.

 

Muchas quejas se hacen en torno a las propias unidades: en Venezuela, diferentes empresas construyen camionetas por puesto a partir de camiones, a los que se les reemplaza su chasis y carrocería. En muchas de estas unidades no se cumplen los estándares internacionales en torno a la distancia entre asientos y el tamaño de los pasillos, lo que causa que los pasajeros tengan que ser transportados, literalmente, como sardina en lata, muy incómodos, surcando unos pasillos extremadamente estrechos y sentándose en asientos con las rodillas pegadas al asiento siguiente.

 

Transporte propiedad del Estado

 

Hay que destacar, por otro lado, que el gobierno bolivariano, a través de la Misión Transporte, está creando paulatinamente nuevas rutas de transporte público que son propiedad del Estado, utilizando cómodos autobuses Yutong, instalándose además una fábrica de dichos transportes en Yaracuy.

 

En estas empresas públicas los transportistas forman parte de la nómina y tienen todos sus derechos salariales, reciben una adecuada formación, deben cumplir las leyes de tránsito y respetar las paradas. Los autobuses son cómodos y espaciosos, cuentan con mecanismos para facilitar el acceso de personas con discapacidad motora e incluso tienen aire acondicionado. Las tarifas son fijadas por el Estado.

 

Sin embargo, falta muchísimo antes de que se puedan crear rutas de este tipo en todas las ciudades del país.

 

El Estado también ofrece a los dueños de unidades de transporte público la venta de repuestos y neumáticos a precios preferenciales.

 

(AlbaCiudad)