“Alerto a todos mis hermanos en el país, en caso de asesinato por supuesta ‘resistencia a robo’ a mí o mi familia, responsabilizo a la Gobernación” del estado Bolívar, escribió vía Twitter el exdiputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Adel El Zabayar.
En esta línea, el militante de la toda roja emitió una serie de tuits entre los cuales hizo “un llamado a los juristas del estado Bolívar a dejar el miedo y enfrentar las violaciones constantes de la que es víctima la población”, manifestó.
El dirigente político, también hizo mención en unos de sus mensajes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y a la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, e indicó que en la región bolivarense hay “violaciones a los Derechos Humanos que podrían considerarse como crímenes de Iesa humanidad”, sostuvo.
De igual manera, se dirigió al presidente Nicolás Maduro y al diputado Diosdado Cabello para informales que cuenta con tres abogados que lo representan al igual que a su familia “por atropello y falta de Estado de Derecho en Bolívar”, afirmó.
A juicio de El Zabayar, la mayoría que firmó contra el Primer Mandatario verdaderamente lo hizo fue “para acabar con el yugo y terror de Rangel Gómez”, expresó.
Por último, destacó sin ofrecer más pormenores que lo advertido “hace una semana de posible venganza por parte del Gobernador, hoy se ejecutó”, apuntó.
¿El siguiente contexto tendrá relación con lo denunciado por El Zabayar?
De acuerdo con un reporte del portal Correo del Caroní fechado el 16 de agosto de este año, reseñó que para el 2015 la Alcaldía del municipio Heres dictaminó la adquisición obligada de un terreno cuyo dueño era El Zabayar, situado en la Urbanización Andrés Eloy Blanco, en la parroquia Vista Hermosa de Ciudad Bolívar.
Al parecer, una semana antes de que se publicara la ordenanza municipal número DJ-05-15-044, del 14 de mayo de 2015, El Zabayar acusó oficialmente que su propiedad fue asaltada por una maquinaria que derribó el portón puesto en la entrada al lugar. A partir de esta acción se inició el litigio “en contra del abuso de poder del Gobierno, que persiste en el Juzgado Superior estadal de Bolívar”, citó la nota.
El terreno que cuenta con una extensión de 2.000 metros cuadrados, rodeados con una pared de más de 2 metros, los árboles que se encontraban en el sitio habrían sido demolidos, además parte de la vivienda edificada, supuestamente para levantar un complejo de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).
(LaIguana.TV)
