El 19 de noviembre del 2009 se anuncio la decisión del Gobierno Nacional, para ese momento dirigido por el Comandante Hugo Chávez de tomar el control de 4 bancos por problemas de insolvencia en sus índices y de comprobación en el origen de fondos para la adquisición de una de las entidades. Se trataba de las entidades Confederado, Canarias, Banpro y Bolívar.

Conocida como la «mini crisis bancaria», ya que solo afecto a un grupo pequeño de la banca nacional, esta fue sin duda la situación que develo la existencia de una mafia que iba adquiriendo por igual grandes empresas y bancos.

Los 4 bancos conformaban un conglomerado financiero que fue constituyendo Ricardo Fernández Barrueco. La entidad más reconocida y grande del grupo era el Banco Canarias, adquirido al español Álvaro Gorrín, quien vendió a Barrueco el banco y un grupo de empresas financieras.

El banquero Ricardo Fernández Barrueco fue detenido el 20 de noviembre del 2009, se presentó voluntariamente a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia e imputado por delitos previstos en la Ley contra la Delincuencia Organizada.

La detención del empresario develó su participación en negocios de la industria alimenticia nacional, e incluso fue señalado de ser proveedor de las redes de alimentos estatales Mercal y Pdval.

Fernández Barrueco fue acusado básicamente de comprar el Banco Canarias con el dinero de los ahorristas de las entidades Bolívar, Banpro y Confederado.

Después de 40 meses fue puesto en libertad y su causa sobreseída. También fueron privados de libertad Cariba y Camacho de Castro, y José Camacho.

Otros bancos fueron también intervenidos y luego cerrados al inicio del año 2010 fueron las entidades financieras: InverUnión, Banco del Sol, BanCoro, Banco Central, Banco Casa Propia, Banco de Desarrollo, Banco Mi Casa, y Banco Real, este último propiedad de Arné Chacón, hermano del actual ministro Jesse Chacón.

Arné Chacón Escamillo fue detenido una vez se presentó a la sede del Sebin en Caracas, y fue imputado por el Ministerio Público por los delitos previstos en la Ley contra la Delincuencia Organizada.

En mayo del 2010 el Ministerio Público también acuso al expresidente del Banco Canarias, Carlos Santiago Ponce Fuentes, por su presunta vinculación con varios delitos cometidos durante su gestión, entre ellos por apropiación de fondo de ahorristas y asociación para delinquir, tipificados en la Ley de Mercado de Capitales, Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y en la Ley Contra la Delincuencia Organizada.

A los anteriores casos se unieron los bancos: Banvalor, Helm Bank, y Federal.

El caso del Banco Federal fue uno de los más sonados, se trataba de la entidad financiera propiedad de Nelson Mezerhane, para el momento accionista de la televisora Globovisión

Según la información aportada por la Superintendencia de Bancos, la entidad no cumplió con el aumento del capital social, solvencia en déficit de saldo mínimo de encaje legal requerido por el Banco Central de Venezuela, el incremento de sus activos líquidos, mejoras de la actividad de intermediación financiera ni la constitución de provisiones.

Auto limpieza

La respuesta del Gobierno Nacional de intervenir primero y luego cerrar las entidades bancarias fue vista como una operación de auto limpieza del sistema financiero venezolano, tal fue la opinión de Nelson Merentes.

«Con estos procedimientos, los entes reguladores preservaron la estabilidad del sistema y salvaguardaron a los ahorristas, puesto que se limpió el sector de instituciones que mostraban poca viabilidad financiera», dijo el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, en su mensaje de fin de año.

El economista Francisco Faraco coincidió con Merentes: «las entidades intervenidas, con la excepción del Banco Federal, eran instituciones muy pequeñas que desde hacía tiempo no tenían cabida en el mercado».

Los ahorristas

A diferencia de lo que ocurrió con la crisis financiera de 1994, en la que cayeron bancos emblemáticos como el Banco Latino, Banco Maracaibo y Banco Consolidado por mencionar solo tres, los ahorristas de la «mini crisis» del 2009 fueron amparados por Fogade (Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios).

Casi de inmediato los clientes de estos bancos recibieron el dinero que mantenían a través de diferentes instrumentos financieros.

A partir del 2 de diciembre de 2009, los usuarios que tenían depósitos en el Banco Canarias y Banpro tuvieron acceso a sus ahorros.

En el proceso, que involucró a los bancos Canarias, Banpro, Real, Baninvest, Del Sol, Inverunión, Helm Bank, Bancoro, Casa Propia, Banvalor y Federal, se cancelaron por garantía Bs. 3.300 millones, lo que equivale a 81,43% de quienes tenían hasta Bs. 30.000 en las cuentas.

Más de 1,8 millones de depositantes resultaron afectados por el ciclo de intervenciones y cierre que comenzó el 19 de noviembre de 2009.

“Con el esfuerzo y el apoyo de la iniciativa legislativa de diciembre pasado se aumentó la garantía de Bs.F 10 mil a Bs.F 30 mil y pudimos amparar casi el 95% de todos los ahorristas de instituciones fallidas”, destaco David Alastre presidente de Fogade a la fecha de las intervenciones.

La causa

El cese de operación de los 11 bancos caídos en la «mini crisis» tenían en común, según argumentos de las autoridades, carteras de créditos de baja calidad, principalmente por préstamos a empresas relacionadas que ocasionaron al final un descalce financiero (cuando los depósitos de corto plazo son menores que las colocaciones de crédito o las inversiones a mediano o largo plazo).

Álvaro Gorrín

Fue propietario del Banco Canarias hasta que se lo vendió a Ricardo Fernández Barrueco. Se dice que la compra se hizo por 280 millones de dólares que fueron depositados por Gorrín en Suiza y las islas Caimán (ambas paraísos fiscales).

Álvaro Gorrín compró en República Dominicana el Banco Central Dominicano y la Torre Banninter de la avenida Lope de Vega que ahora se denomina Novocentro.

(LaIguana.TV)