Tras casi tres horas de debate este martes, el propio presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Henry Ramos Allup, tuvo que aclarar una «confusión».
Ramos Allup le recordó a los suyos que el juicio político al presidente Maduroiniciado este martes en el parlamento no tiene nada que ver con un proceso de destitución como el que le costó el cargo a Rousseff en Brasil en agosto.
Como también ocurre en varios países de América Latina, la legislación venezolana no contempla la figura de impeachment.
«He escuchado una especie de confusión por mala lectura de la Constitución o mal entendimiento, confundiendo juicio de evaluación política con juicio de destitución del presidente», aclaró Ramos Allup.
La sesión de este martes tuvo, por lo tanto, un carácter más bien simbólico y político, pero no jurídico, pese a que la mayoría opositora acordó «iniciar el procedimiento de responsabilidad política del presidente de la república», al que acusa de haber provocado la «devastación de la economía del país».
Duras palabras que se unen a las del acuerdo aprobado el domingo que declaró «la existencia de un golpe de Estado cometido por el régimen de Nicolás Maduro».
Sin «impeachment»
Después de que la pasada semana el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendiera el proceso del referendo revocatorio al presidente impulsado por la oposición, la Asamblea se ha convertido en uno de los frentes de batalla ante el oficialismo.
Pero los acuerdos de la Asamblea no pasan de un papel simbólico y político.
«En Venezuela, el juicio político al presidente no puede conducir a su remoción», explica a BBC Mundo el profesor de Derecho y experto constitucionalista José Ignacio Hernández.
«No tiene ninguna consecuencia jurídica inmediata», afirma Hernández.
«Se necesita de la fiscalía y la Corte Suprema para que el presidente pueda ser destituido de su cargo», agrega en entrevista con BBC Mundo el abogado constitucionalista Jesús Silva.
O, en su defecto, de un mandato popular por la vía del referendo revocatorio, como el recientemente bloqueado por varios tribunales y la autoridad electoral del país)
Eso lo aprovecharon los disputados oficialistas en la Asamblea este martes para calificar la sesión de «ópera bufa» y de «elemento de desestabilización y crispación».
De hecho, el diputado oficialista Julio Chávez mencionó los recientes casos de Honduras, Paraguay y Brasil, en los que dijo que se había producido un «golpe parlamentario».
Así, el gobierno de Venezuela sigue sin reconocer la legitimidad de Michel Temer, actual presidente de Brasil tras la destitución de Rousseff.
«No es un saludo a la bandera»
«Pero eso no significa que sea un saludo a la bandera», afirma Hernández, que menciona los efectos políticos de la decisión «porque afecta a la legitimidad de un presidente».
Declarar la responsabilidad política del presidente, como pretende la Asamblea, controlada por la oposición desde las elecciones legislativas de diciembre de 2015, podría suponer el inicio de otros procesos que sí tendrían efectos jurídicos.
La Fiscalía General podría entonces iniciar una investigación. «Pero eso es muy poco probable que pase, por no decir que es imposible», reconoce Hernández.
De hecho, una sentencia de agosto del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) considera a la Asamblea en desacato (desobediencia) por sesionar con tres diputados del estado Amazonas cuya juramentación está suspendida hasta que se determine si durante su elección en los comicios parlamentarios de diciembre de 2015 se cometió fraude electoral.
Por ello, la máxima autoridad judicial ya había adelantado una resolución que considera nulas o inválidas todas las decisiones del legislativo.
La crisis política en Venezuela, agravada por la económica, ha conllevado a una lucha de poderes que ha limitado la capacidad de decisión de la Asamblea.
Abandono del cargo
La Asamblea acordó también este martes encomendar a una comisión «evaluar la posibilidad de que declare el abandono del cargo por el Presidente de la República».
Esa figura legal sí tendría efectos jurídicos y podría llevar a la destitución de Maduro.
El abandono del cargo no se refiere necesariamente a la presencia física de Maduro en Venezuela.
«Tiene que ver con el hecho de que el presidente de la República se haya salido completamente de la Constitución, es decir, que las funciones que esté ejerciendo no sean las de un presidente democrático, sino de un presidente de facto», explicó el lunes Jesús María Casal, consultor jurídico de la Asamblea.
En caso de aprobarse, esa decisión se elevaría al TSJ, que dados los precedentes, es de esperar que la anularía.
El TSJ ha declarado inconstitucional seis de los diez proyectos de ley que ha aprobado la Asamblea desde su formación en enero.
«Maduro no está en peligro por este supuesto juicio político de la Asamblea», dice el abogado Jesús Silva, que recalca que el legislativo sólo puede emitir declaraciones políticas a la hora de condenar la actuación del presidente.
El juicio político a Maduro y las circunstancias de Venezuela son, por lo tanto, muy diferentes a los que propiciaron la salida de Rousseff, destituida por el Senado bajo la acusación de manipulación de los presupuestos.
(BBC)
