El caso es indignante. El defensor público de Atlántico Jaime Rafael Salazar Quintero, cuya labor es brindar garantías y defender los derechos de los colombianos de bajos recursos, abusó sexualmente de su hija de 16 años.
Lo hizo de manera continua durante varios sábados del año pasado, según reveló el diario El Heraldo. El hombre de 63 años habría llevado a la adolescente a su oficina con la excusa de que le ayudara con la limpieza del lugar.
Así pasó mucho tiempo. La madre de la menor descubrió la situación cuando el vientre de su hija empezó a cambiar y, después de exámenes médicos y pruebas de ADN, se dio cuenta de que estaba embarazada.
La menor nunca había dicho nada. Por miedo, tal vez. Su madre tuvo que indagar lo suficiente para que la joven revelara que quien abusó de ella fue su padre, un defensor público y conjuez del Tribunal Superior del Atlántico.
Un viejo adagio dice que entre cielo y tierra no hay nada oculto: así pasó en este caso. Aunque pasaron varios meses, el abuso que cometió este funcionario con la menor se descubrió y, el pasado domingo a las 11:00 a. m., en el barrio Nueva Granada, en el suroccidente de Barranquilla, el CTI lo detuvo.
La orden de captura se dio después de que el Juzgado 19 Penal Municipal estudió una solicitud que hizo el Centro Integral de Víctimas de Abusos Sexuales. En la operación, que se desarrolló en la casa del defensor, se incautó una pistola.
Ahora el conjuez deberá responder por los hechos. Este martes se realizará la audiencia de imputación de cargos y la Fiscalía pedirá medida de aseguramiento por los delitos de acceso carnal violento e incesto.
Mientras tanto, la menor se recupera de lo ocurrido y recibirá acompañamiento de un abogado del programa de representación judicial de víctimas de la regional Atlántico de la Defensoría del Pueblo. Y el pequeño que dio a luz la joven está en manos del Bienestar Familiar, al que fue entregado en adopción.
Lo más preocupante es que este tipo de situaciones son más frecuentes de lo que se piensa. El año pasado en Atlántico, el ICBF recibió 555 casos de niños y adolescentes que fueron víctimas de abuso sexual. Este año las cifras son igual de aterradoras. Entre enero y julio el instituto recibió 342 casos.
Ante la polémica, la Defensoría del Pueblo -que contrata por prestación de servicios a los defensores públicos- se mostró indignada por lo ocurrido y reiteró que estos funcionarios “deben dar ejemplo tanto en sus acciones públicas como en las privadas”.
El defensor del Pueblo, Carlos Negret, anunció que no se renovará el contrato de Salazar Quintero y que pese a que el detenido solicitó los servicios de defensa judicial de la entidad, decidieron no prestárselos “ya que cuenta con los recursos económicos suficientes para pagar un abogado que lo represente”.
(Semana)
