Los planes del gobierno de congelar el gasto social en Brasil por 20 años son enteramente incompatibles con las obligaciones de derechos humanos de Brasil, de acuerdo con el Relator Especial de la ONU para la extrema pobreza y derechos humanos, Philip Alson.
El efecto principal e inevitable de la propuesta de enmienda constitucional elaborada para forzar un congelamiento presupuestario como demostración de prudencia fiscal será el perjuicio a los más pobres en las próximas décadas, alertó el Relator. La enmienda, que deberá ser votada por el Senado brasileño el día 13 de Diciembre, es conocida como PEC 55 o el nuevo régimen fiscal.
“Si es adoptada, esa enmienda congelará la inversión social en niveles inadecuados y rápidamente decrecientes en la salud, educación y seguridad social, por tanto, coloca a toda una generación futura en riesgo de recibir una protección social muy por debajo de los niveles actuales.”
El Relator Especial nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU recomendó al Gobierno brasileño que garantice un debate público apropiado sobre la PEC 55, que estime su impacto sobre los sectores más pobres de la sociedad y que identifique otras alternativas para alcanzar los objetivos de austeridad.
“Una cosa es cierta”, resaltó. “Es completamente inapropiado congelar el gasto social y amarrar las manos de los futuros gobiernos por las próximas dos décadas. Si esa enmienda es adoptada, colocará Brasil en una categoría única en materia de retroceso social”.
El plan de modificar la Constitución para los próximos 20 años viene de un gobierno que llegó al poder después de un impeachment y que, por tanto, jamás presentó su programa a un electorado. Eso levanta aún mayores preocupaciones sobre la propuesta de amarrar las manos de futuros gobernantes.
Brasil es la mayor economía de América Latina y sufre la más grave recesión en décadas, con niveles de desempleo que casi doblaron desde el inicio de 2015.
El Gobierno alega que una congelación de gastos establecido en la Constitución deberá aumentar la confianza de inversionistas, reduciendo la deuda pública y la tasa de interés, y que eso, consecuentemente, ayudará a sacar el país de la recesión. Pero el relator especial alerta que esa medida tendrá un impacto severo sobre los más pobres.
“Ésa es una medida radical, desprovista de toda compasión”, dijo. “Va a afectar con más fuerza a los brasileños más pobres y más vulnerables, aumentando los niveles de desigualdad en una sociedad ya extremadamente desigual y, concluyentemente, deja claro que para Brasil los derechos sociales tendrá poca prioridad en los próximos veinte años.”
Añadió: “Eso evidentemente viola las obligaciones de Brasil de acuerdo con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que el país ratificó en 1992, que veta la adopción de “medidas deliberadamente regresivas” a no ser que no exista ninguna otra alternativa y que una profunda consideración sea dada de modo a garantizar que las medidas adoptadas sean necesarias y proporcionales.”
El Sr. Alston apuntó que, en las últimas décadas, Brasil estableció un impresionante sistema de protección social volcado a erradicar la pobreza y el reconocimiento de los derechos a la educación, salud, trabajo y seguridad social.
“Esas políticas aportaron substancialmente a reducir los niveles de pobreza y desigualdad en el país. Sería un error histórico atrasar el reloj antes de ese momento,” dijo él.
El Plan Nacional de Educación en Brasil clama por el aumento de 37 mil millones de reales anualmente para brindar una educación de calidad para todos los estudiantes, mientras a PEC reducirá el gasto planeado en 47 mil millones de reales en los próximos ocho años. Con más de 3,8 millones de niños fuera de la escuela, Brasil no puede dejar de lado el derecho de ellos de ir a la escuela, ni los derechos de todos los niños a una educación de calidad.
El debate sobre a PEC 55 fue apresuradamente discutido en el Congreso Nacional por el nuevo Gobierno con la limitada participación de los grupos afectados, y sin considerar su impacto en los derechos humanos. Un estudio reciente sugiere que 43% de los brasileños no conocen la enmienda, y entre aquéllos que la conocen, la mayoría se opone a ella.
El relator especial, que está en contacto con el Gobierno Brasileño para entender mejor el proceso y la substancia de la enmienda propuesta, resaltó que “mostrar prudencia económica y fiscal y respetar las normas internacionales de derechos humanos no son objetivos excluyentes, ya que ambos se enfocan en la importancia de diseñar medidas cuidadosamente, de forma de evitar al máximo el impacto negativo sobre las personas.”
“Efectos directamente negativos tienen que ser equilibrados con potenciales ganados a largo plazo, así como esfuerzos para proteger a los más vulnerables pobres de la sociedad”, dijo.
“Estudios económicos internacionales, incluyendo investigaciones del Fondo Monetario Internacional, muestran que la consolidación fiscal tiene efectos de corto plazo, reduciendo la renta, aumentando el desempleo y la desigualdad de la renta. Y a largo plazo, no existe evidencia empírica que sugiera que ésas medidas alcanzarán los objetivos sugeridos por el Gobierno,” destacó el relator especial.
El apelo del Sr. Alston a las autoridades brasileñas fue endosado también por la Relatora Especial sobre el Derecho a la Educación, Sra. Koumbou Boly Barry.
(Nota de Prensa)
