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El presidente de Argentina, Mauricio Macri, aprobó un decreto de Ley de Migraciones que discrimina a los extranjeros en esa nación, lo cual fue rechazado por 130 organizaciones de defensa de los derechos humanos en la nación suramericana.

 

Ante los sucesos, dichas asociaciones solicitan una reunión urgente con el mandatario argentino, entre las cuales figura la Iglesia Evangélica y la Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones, reseñó la Agencia Venezolana de Noticias.

 

Según la información del medio impreso Página 12, señalan que en la reforma legal “asocian la migración al delito, instalando un falso problema que desplaza un real debate sobre cómo abordar problemas de seguridad y violencia en un mundo globalizado”.

 

El pasado lunes, Macri formalizó las modificaciones a la Ley de Migraciones y aunque su ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, comunicó a través de la agencia Telam que la decisión “no cambia el espíritu de la ley anterior”, insistió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que la medida fue tomada porque el 33 por ciento de los presos por delitos relacionados con el narcotráfico son extranjeros.

 

Una nota de prensa del diario Página 12 informó que en Argentina hay aproximadamente dos millones de inmigrantes, detallaron que “menos del 6 por ciento de la población carcelaria total es extranjera”.

 

Asimismo, agregó que de ese porcentaje apenas 0,07 por ciento están presos por delitos asociados al narcotráfico.

 

No obstante, la ministra de Seguridad de Mauricio Macri sostiene que los inmigrantes son el principal problema del narcotráfico.

 

Detalló que “acá vienen ciudadanos peruanos y se terminan matando por el control de la droga; vienen ciudadanos paraguayos y se terminan matando por el control de la droga, no tanto bolivianos”, dijo en días pasados la ministra Bullrich.

 

De acuerdo al decreto, los extranjeros serán divididos por categorías. Estarán estratificados por “residentes permanentes”, “residentes temporarios” o “residentes transitorios”, expresó.

 

Estas organizaciones continúan preocupadas tras la medidas tomadas por las autoridades argentinas ya que tienen que declarar en  cualquiera de estas categorías, los extranjeros para recibir una “residencia precaria” (definida así por la autoridades), cuya validez será de hasta 90 días continuos y renovables.

 

Las asociaciones relacionadas a los Derechos Humanos temen que la libre discrecionalidad de los funcionarios para ejecutar la decisión de Macri conduzca a repetir viejos casos de xenofobias.

 

Agregaron que “esta vinculación (migración al delito) puede habilitar, además, episodios de xenofobia y violencia hacia las personas migrantes, como el caso Marcelina Meneses, asesinada en el año 2001 en razón de su nacionalidad boliviana”, alertan, citados por Página 12, el programa Migración y Asilo de la Universidad Nacional de Lanús y centros de residentes y colectividades de Perú, Bolivia, Haití, Venezuela y Paraguay.

 

(VTV)