La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, presentó este viernes 24 de marzo el informe final de la comisión por la Justicia y la Verdad, sobre los sucesos políticos, económicos y sociales ocurridos en el período 1958-1998.
La presentación se hizo desde el Teatro Principal de Caracas. Declaró que la comisión, nacida una vez culminado esos gobiernos, determinó que en esos años 10.071 personas fueron víctimas por razones políticas.
“El objetivo de este acto es presentar al país el informe final de la comisión por la Justicia y la Verdad y con ello dar a conocer la violación sistemática de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, ocurridos en ese período, 1958-1998. La finalidad es difundir y dejar registro de todo el proceso político, económico y social que se vivió en esos años y así comprender la gravedad de las circunstancias que rodearon las causas y consecuencias del terrorismo de estado que se vivió durante en esos años», expresó Ortega Díaz.
Destacó que una las premisas que reunió al equipo de investigadores es que se mantenga viva la memoria histórica del pueblo para recordar cómo se movilizó la sociedad en aquellos momentos para que su voz fuera escuchada y cuáles fueron las respuestas represivas de los gobiernos de turno.
La fiscal sostuvo que el informe “es una respuesta a las violaciones de los derechos humanos en que incurrió el Estado contra las personas que asumieron la defensa de los derechos del pueblo venezolano luego del 23 de enero de 1958″.
«Durante esa época, 1958-1998, el asesinato, la tortura y la desaparición eran parte de una política del Estado con el que se pretendió derrotar las legítimas luchas sociales del pueblo. Bajo esas políticas de persecución, sobre toda la disidencia política, se crearon en todo el país, aquellas crueles estructuras, los teatros de operaciones que eran centros de tortura y muerte de campesinos, estudiantes, obreros, poetas, mujeres y líderes políticos a quienes se le atribuía el delito de luchar por su derecho a la tierra, a la huelga, a la educación, que fueron criminalizados por esos gobiernos”, mencionó.
«En Venezuela no hay pena de muerte, no podemos repetir esa cultura de la cuarta república», enfatizó la Fiscal en el auditorio del teatro.
