El día 30 de diciembre del año 2015, la Sala Electoral del TSJ emitió una sentencia en la que ordenó la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación de los órganos subordinados al CNE respecto de los candidatos electos por voto uninominal, lista y representación indígena en Amazonas. La decisión afectó a los diputados opositores Julio Ygarza y Nirma Guarulla, al representante indígena Romel Guzamana y al diputado Miguel Leonardo Rodríguez, del PSUV.
Las pruebas de fraude cometidos por la MUD en la entidad fueron presentadas al país, con confesiones de los autores.
Para ver el video del fraude electoral en Amazonas parte 1 haga clic aquí
Para ver el video donde Jorge Rodríguez denuncia que votos indígenas fueron comprados por la oposiciónhaga clic aquí
Para ver el video donde el gobernador Guarulla se ve involucrado en fraude electoral en Amazonas haga clic aqui
El día 6 de enero del 2016, la Asamblea Nacional presidida por Henry Ramos Allup, juramentó a los ciudadanos electos por la MUD en Amazonas.
Para ver el video donde en la AN juramentan a diputados de Amazonas haga clic aquí
El 11 de enero del 2016, el Máximo Tribunal ratifica su sentencia y la Asamblea desincorpora por primera vez a los diputados. Sin embargo, en un acto de desafío, el 28 de julio los vuelve a incorporar.
Juramentación de diutados de Amazonas, para ver el video haga clic aquí
El Tribunal Supremo de justicia declaró en desacato a la Asamblea Nacional por reincidir en una juramentación ilegal. La máxima instancia judicial señaló que todas las decisiones del parlamento venezolano son nulas hasta que se desincorporen. La junta directiva de la AN se ha negado a anular la juramentación de estos tres ciudadanos, lo que requiere una serie de pasos y debe ser realizado por la Junta Directiva que los proclamó.
Con la instalación de la Mesa de Diálogo, la oposición se comprometió a desincorporar a los diputados y hasta Julio Borges presentó como un logro que se efectuaran nuevas elecciones en Amazonas.
Oposición logra elecciones en Amazonas y levantamiento del desacato a AN https://t.co/eYHWRlwIIx vía @ElPitazoTV pic.twitter.com/6tql1bbBIE
— Julio Borges (@JulioBorges) 12 de noviembre de 2016
Por redes sociales hicieron correr un documento de la presunta renuncia de los diputados de la discordia. El Tribunal Supremo de Justicia sigue a la espera de que el Legislativo cumpla con los parámetros jurídicos y legales para desincorporar a los tres ciudadanos de la discordia que otorgarían a la oposición la facultad de derogar Leyes orgánicas como las de Educación y Trabajo.
El Golpe, Autogolpe o Whatever
¿Anuló el Supremo Venezolano la Asamblea Nacional? No. El máximo tribunal de la nación sureña emitió dos sentencias el día martes. La primera para efectos del análisis es la 155, que señala que la inmunidad parlamentaria de los diputados se delimita al ejercicio de sus funciones. Sin embargo, destaca, la Asamblea nacional persiste en condición de desacato. Esta decisión ORDENA al Ejecutivo del país la posibilidad de instar a la aplicación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar, para “conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática, la convivencia pacífica y los derechos de las venezolanas y los venezolanos”, reza la sentencia.
También ORDENA “al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela que evalúe el comportamiento de las organizaciones internacionales a las cuales pertenece la República, que pudieran estar desplegando actuaciones similares a las que ha venido ejerciendo el actual Secretario Ejecutivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), en detrimento de los principios democrático y de igualdad a lo interno de las mismas, sin que por ello se deje de reconocer la digna acción de los Estados que han defendido de manera gallarda los principios del derecho internacional y que, por tanto, han defendido la posición de la República Bolivariana de Venezuela, así como en otras oportunidades han reivindicado los derechos de otras naciones que también han sido arbitrariamente asediadas al igual que nuestra Patria, por denunciar las injusticias que a diario se cometen en el sistema internacional por parte de acciones injerencistas. Y así garantizar, conforme a nuestra tradición histórica, los derechos humanos sociales inherentes a toda la población, en especial, de los pueblos oprimidos”.
La segunda sentencia polémica es la 156 se emitió a propósito de un recurso de interpretación que se solicitó a la máxima instancia jurídica sobre el rango de acción del Ejecutivo Nacional para constituir empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
Frente al desacato, el Supremo declaró la Omisión Inconstitucional parlamentaria. “Sobre la base de la omisión inconstitucional declarada, esta Sala Constitucional resuelve que no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos”.
También advierte que: “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.
Los diputados (de oposición y chavistas) siguen asistiendo a sus oficinas, al parlamento y ninguno de ellos ha recibido detención, ni se ha desplegado una orden en este sentido. Sin embargo, la campaña mediática con un foco excesivo sobre la matriz de opinión de “golpe de Estado” ha resultado perniciosa.
No colaboró que la Fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, calificara el hecho de “una ruptura del orden constitucional”. Lo que debería ser un debate sano entre representantes de los poderes públicos, se ha convertido en un show internacional que no contribuye en nada a la compleja situación venezolana.
Frente a otros hechos, incluso de mayor gravedad que los que hoy están en el debate mediático, la cobertura ha sido marginal: el año pasado, la oposición inició gestiones para efectuar un juicio político contra el Presidente Nicolás Maduro, una figura que no existe en el marco legal venezolano. Este mismo año, la Asamblea declaró el “abandono del cargo” del Presidente, una jugada política sin asidero posible y por lo cual, terminó disuelto en un aluvión de noticias irrelevantes. ¿La comunidad internacional se pronunció? En general, permaneció en un silencio cómplice.
Aquelarre Internacional
La polémica se enciende a pocos días de que Venezuela saliera airosa de una dura batalla en el seno de la OEA. La Organización de Estados Americanos ha venido construyendo un discurso agresivo con el que pretende erigirse en juez y parte del debate interno de Venezuela.
La nación bolivariana parece más expuesta que nunca a la doctrina de la “Responsabilidad de Proteger”, que sirvió de base para la invasión a Libia. Así lo expuso la abogada María Alejandra Díaz en entrevista con la periodista venezolana Jessica Sosa a través del canal del Estado.
Para ver el video de María Alejandra Diaz haga clic aquí
No en balde, uno de los primeros en pronunciarse fue el Departamento de Estado asegurando que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano estaba “usurpando funciones” a la Asamblea Nacional.
US condemns #Venezuela Supreme Court’s March 29 decision to usurp powers of democratically elected National Assemblyhttps://t.co/1VWZuf6z54
— Department of State (@StateDept) 30 de marzo de 2017
En éste tenor, varios países han emitido comunicados o pronunciamientos oficiales sobre la decisión de la Justicia Venezolana. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cuestionó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de asumir por completo las funciones de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), y la calificó de “inaceptable”.
Decisión arbitraria contra poder legislativo en Venezuela es inaceptable. Elevo nuestra voz de protesta y solidaridad con la democracia.
— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 31 de marzo de 2017
En breve, la cancillería neogranadina, difundió en su página web un comunicado oficial con el que “registra su profunda preocupación la decisión adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela de que sea su Sala Constitucional, o el órgano que ella disponga, la que asuma las responsabilidades de la Asamblea Nacional, las restricciones de la inmunidad parlamentaria de los diputados elegidos por el pueblo venezolano y el desconocimiento del Estado de Derecho”.
Por la independiente pero haciendo manejo político de la integración impulsada por Hugo Chávez, desde el ministerio de relaciones exteriores uruguayo difundió siete países miembros de la Unasur emitieron un comunicado conjunto: “los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Paraguay, países miembros de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur), condenan la situación creada a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que afectan a la Asamblea Nacional de ese país y a los parlamentarios electos por voto el popular en diciembre del 2015”.
Desde Argentina se confabula una nueva intromisión de los asuntos internos venezolanos utilizando a Mercosur como instrumento: “Ante la grave situación institucional en la República Bolivariana de Venezuela, los Estados Partes signatarios del Tratado de Asunción han resuelto convocar una urgente reunión de Cancilleres el día sábado 1º de abril para analizar posibles vías de solución. Los países fundadores del MERCOSUR reiteran su inalterable apoyo a los principios fundamentales del Estado de Derecho y a la preservación de la democracia en la región latinoamericana”.
La Presidenta Chilena Michelle Bachelet, que suele guardar silencio en temas polémicos, esta vez se unió al coro y desde su cuenta Twitter se pronunció:
La situación en Venezuela es muy preocupante. En América Latina, debemos defender la convivencia democrática en nuestras sociedades.
— Michelle Bachelet (@mbachelet) 30 de marzo de 2017
El canciller paraguayo, Eladio Loizaga, dijo hoy a los periodistas que en Venezuela se produjo un “rompimiento absoluto del estado de Derecho”.
Reflexión al margen
Mientras la Fiscal General denunciaba la supuesta ruptura del orden constitucional, en el Teatro Teresa Carreño, el más importante de América Latina, los capitalinos se reunían para debatir en el marco del encuentro internacional “Venezuela Digital”. Caracas es una ciudad dinámica. Su convulsión era la de la cotidianidad, no la de un Golpe de Estado. Si hubo tal ruptura del “Estado de derecho”, esta debe ser la más pacífica de la historia.
Por supuesto, el tema reluce en las conversaciones. En general, la opinión es de extrañamiento y se consideran exageradas las apreciaciones de la Fiscal que ha visto mellada su imagen por los recientes reconocimientos públicos del opositor Julio Borges en un acto en la Asamblea Nacional.
Reportes de prensa registran salidas de dirigentes de la oposición del país. Henrique Capriles hizo una visita formal a la Organización de Estados Americanos. La oposición de base, sin embargo, guarda silencio ante una jugada que consideran injerencista pero que pudiera servirles para derrocar a Maduro.
El chavismo suele cohesionarse en momentos de conflictos. Por lo pronto, nadie les quita la alegría ni lo bailao.
