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foto-joyitas: Anfitrión de Julio Borges en Bogotá es amiguito de paramilitares y narcos
domingo, 2 de abril 2017
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El presidente del Senado colombiano, quien funge como anfitrión del diputado Julio Borges en un encuentro parlamentario al cual viajó ayer en Bogotá, esta siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia de ese país por presuntos vínculos con paramilitares, así como por haber recibido financiamiento de narcotraficantes en su campaña electoral de 2006, reveló hace poco más de un mes el diario El Espectador.

 

Se trata de Mauricio Lizcano, quien se vio envuelto en un escándalo a principios de febrero por una investigación periodística que lo relacionó con la compra de un predio de 56 hectáreas en Risaralda, hoy reclamado en un proceso de restitución de tierras.

 

El diario, precisa, “estableció que, paradójicamente, mientras el presidente del Congreso se defendía públicamente de los señalamientos por la adquisición del predio en entredicho, o por supuestas presiones para que la investigación periodística no se divulgara, en la Corte Suprema de Justicia se ha venido reactivando la investigación que abrió en su contra hace casi siete años por presuntos vínculos con paramilitares. Además de por dineros en su campaña de 2006 supuestamente procedentes de un personaje vinculado al narcotráfico.”

 

En términos generales, las investigaciones contra el senador Mauricio Lizcano en la Corte Suprema están relacionadas con la supuesta presencia de dineros del narcotraficante Carlos Arturo Patiño, alias Patemuro, en algunas de sus campañas, y sus presuntos vínculos con el bloque Cacique Pipintá de las Autodefensas. Otras denuncias tienen que ver con el supuesto pago de una comisión para una concesión minera, un cambio en el orden del día en un debate para la aprobación de la ley de licores y presiones a electores en Marmato.

 

Sobre el tema de Patemuro, condenado en 2012 en Estados Unidos a 40 años de prisión por narcotráfico, la defensa de Mauricio Lizcano sostiene que existen declaraciones que prueban que Carlos Arturo Patiño nunca le dio dinero al político caldense. Sobre los supuestos vínculos del bloque Cacique Pipintá, añade que son comentarios de un testigo mentiroso compulsivo y que datan de la época en que el padre del congresista, Óscar Tulio Lizcano, estaba secuestrado y la familia se oponía radicalmente al rescate militar.

 

En tal sentido, además de cuestionar a Carlos Enrique Vélez por sus antecedentes como falso testigo, la defensa de Mauricio Lizcano insiste en que en el expediente abundan declaraciones de quienes niegan cualquier vínculo del congresista con el paramilitarismo. En cuanto a los señalamientos del ciudadano Marco Aurelio Uribe en su contra, manifiesta que esa misma persona se ha dedicado a hacer comentarios contra políticos en su blog, pero que ninguno de sus escritos ha servido como soporte para iniciar investigaciones.

 

La defensa de Lizcano insiste en que el comentarista dijo primero que Patemuro le colocó al congresista un personaje en su unidad legislativa, y el dato resultó falso. Que el acusador además ha admitido que la única vez que tuvo contacto personal con Mauricio Lizcano fue para pedirle dinero. Finalmente, que el señor Augusto González Patiño, que trabajó en su unidad legislativa, no es familiar de alias Patemuro, así tengan un apellido común y ambos sean naturales de Viterbo (Caldas). De esta manera, atribuye a calumnias los señalamientos.

 

Respecto a los dineros que ingresaron a su campaña en 2006, sostiene que los aportes más significativos fueron de su propia familia y un préstamo de un particular, garantizado con un pagaré y cancelado en seis cuotas. En cuanto a los aportes realizados por varios particulares, la defensa de Lizcano se ha concentrado en aportar certificaciones para demostrar que las personas que le ayudaron disponían de recursos suficientes para aportar a sus campañas. En consecuencia, ha insistido en que la Corte inadmita el caso.

 

Lo demás son los coletazos de la investigación periodística que asegura que en 2012 Mauricio Lizcano participó en la adquisición de un predio, negociado después de un remate, pero hoy asociado a un reclamo de restitución de tierras porque, en extrañas circunstancias, dos antiguos dueños del bien fueron desaparecidos en noviembre de 1996. Además, la periodista Diana Salinas, que documentó el caso, sostiene que el senador Lizcano adelantó después trámites para construir una estación de gasolina en los lotes adquiridos.

 

(latabla.com)

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