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El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Maikel Moreno, informó que actualmente «carece de legalidad y legitimidad cualquier intento, de la Asamblea Nacional en desacato, de remover a magistrados». Según dijo Moreno, la Constitución es clara en este sentido y obliga a iniciar el proceso con el Poder Ciudadano, conformado en este caso por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, el defensor Tareck William Saab y el contralor Manuel Galindo.

 

«No existe posibilidad alguna que en el marco del orden constitucional se le permita al Parlamento tomarse atribuciones que corresponden exclusivamente al Poder Ciudadano», indicó Moreno. 

 

El magistrado dio estas declaraciones frente a la posición del Parlamento en la que afirman que este martes iniciarán el proceso para la distitución de los representantes del TSJ, asegurando un juicio contra siete funcionarios de la Sala Constitucional del máximo Tribunal.

 

El artículo 265 de la Carta Magna que faculta al Poder Ciudadano para calificar las faltas graves de los miembros del TSJ. «Esa norma es legible, concisa y no da lugar a interpretaciones», explicó el máximo representante del TSJ.

 

Asimismo, afirmó que la Constitución requiere tres pasos para calificar la falta grave y remover a un magistrado: «El primero de ellos, es que exista un voto favorable con mayoría calificada de las dos terceras partes de los integrantes del Parlamento. Por obvias razones carecen de este quorum lo que impide que cuenten con el primero de los requisitos», dijo.

 

«En segundo lugar, deben cumplir con el debido proceso y el derecho a la defensa, lo que igualmente es inexistente en este procedimiento írrito de la AN, porque de ninguna manera han presentado solicitud alguna al Poder Ciudadano, muy especialmente al Consejo Moral Republicano para que aperture y de inicio a una investigación que permita calificar como grave, la falta de un Magistrado», continuó.

 

El tercer paso es el informe que debe ser presentado ante la AN (actualmente improcedente por el desacato) por los tres integrantes del Poder Ciudadano.

 

«Solo queda del Parlamento someterse a la Constitución para que sus actos sean válidos, poniendo fin al desacato y rigiéndose estrictamente a lo que señala la Carta Magna», fustigó Moreno, al tiempo que advirtió que el Parlamento está «en la peligrosa circunstancia de pasar del desacato, a derogar de facto la Constitución y es deber del Tribunal Supremo conforme lo establece el artículo 334 de nuestra Carta Magna, asegurar la integridad de la misma», concluyó.

 

(LaIguana.TV)