Este miércoles 12 de abril se cumplen 14 años del atentado terrorista en el edificio Caracas Teleport, donde funciona una de las dos sedes en la capital venezolana del Consejo Nacional Electoral y donde, en aquel momento, se reunía una Mesa de Negociación y Acuerdos entre el gobierno y la oposición, auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Por ese suceso —que tuvo lugar cuando se cumplía un año del Golpe de Estado contra presidente constitucional Hugo Chávez— y otros atentados contra la embajada de España y el Consulado de Colombia en Caracas, el Ministerio Público libró una orden de detención contra José Colina Pulido y Germán Rodolfo Varela con fecha del 14 de noviembre de 2003, por «la presunta comisión de uno de los delitos contra las personas, contra el orden público y contra la conservación de los intereses públicos y privados».
Hasta ahora, Colina se mantiene prófugo de la justicia venezolana. Al enterarse de la orden de detención, huyó a Estados Unidos, donde fue detenido por solicitud de los organismos competentes en Venezuela.
No obstante, a su llegada fue de inmediato representado por el abogado Matthew Archambeault que defendía también al terrorista internacional Luis Posada Carriles, reveló el periodista Jean-Guy Allard en un artículo publicado en 2011.
Allard explicó que con mucha celeridad la Agencia Norteamericana de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) descartó los cargos contra Colina a solicitud del propio Departamento de Estado norteamericano.
Luego de solicitar asilo político, fue liberado del centro de Detención de Krome en abril del 2006, después de que el Juez de Inmigración Neale Foster, desoyera su solicitud, a tenor con la demanda de extradición hecha por Venezuela, en donde se acusaba por sus actividades terroristas.
El Departamento de Estado se opuso a la solicitud venezolana, confirmando una vez más a su país como refugio impune para criminales.
En la actualidad, Colina dirige una organización que recibe dólares del Senado norteamericano para recibir en Estados Unidos a venezolanos autodeclarados «exiliados» o «perseguidos políticos». Con la organización denominada «Grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex)» presiona en el Congreso norteamericano para que tomen medidas contra la soberanía de Venezuela y en procura de una intervención extranjera.
(AVN)
