Este martes 18 de abril el departamento de Estado gringo publicó un comunicado injerencista sobre Venezuela, en el que habla sobre la «crisis política que enfrenta Venezuela”. En ese sentido, aseguran que nuestro país está en una supuesta «falta de independencia», desde la sentencia emitida por el TSJ que asume las funciones de la AN.
Irónicamente criticó las protestas de calle que han generado violencia y que procuran la desestabilización del país, siendo su propio Comando quienes incluyeron esta medida en sus planes contra Venezuela para que la oposición lograra supuestamente el derrocamiento de la administración de Maduro.
Acá el comunicado completo:
Venezuela ha sido testigo en las últimas semanas de protestas sociales continuas desde que la Corte Suprema demostró su falta de independencia del Poder Ejecutivo a través de una serie continua de decisiones judiciales contra los miembros de la Asamblea Nacional libremente elegida.
Hasta ahora, seis manifestantes han sido asesinados, con cientos de detenidos. Ha habido testimonios creíbles sobre el uso de la tortura por el SEBIN y CICPC. Más manifestaciones han sido convocadas para los próximos días, en particular para el miércoles, 19 de abril.
Instamos nuevamente al Gobierno de Venezuela a que cumpla los compromisos que asumió en el marco del proceso de diálogo respaldado por el Vaticano: celebrar elecciones con prontitud; Respetar la Constitución y la Asamblea Nacional; Que se garantice la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos; Y atender las necesidades humanitarias del pueblo venezolano.
Hacemos eco de la convocatoria realizada el 17 de abril por 11 gobiernos latinoamericanos sobre el gobierno de Venezuela para tomar de inmediato estos pasos para permitir una pronta solución a la grave crisis que afecta a todos los venezolanos y cada vez más a la región.
Instamos nuevamente a los manifestantes a que se expresen de manera no violenta. Deploramos el uso de la violencia contra manifestantes desarmados. En particular, deploramos el uso de bandas armadas colectivas bajo el control político de los líderes del partido PSUV para reprimir a los manifestantes mientras que las fuerzas de seguridad responsables de mantener el orden público permanecen ociosas.
También recordamos a las fuerzas públicas – miembros de la Policía, el Ejército y la Guardia Nacional – así como a los miembros del Poder Judicial, de sus responsabilidades legales y constitucionales de proteger y no impedir las manifestaciones pacíficas.
Los responsables de la represión criminal de la actividad democrática pacífica, del socavamiento de las instituciones y prácticas democráticas y de las violaciones flagrantes de los derechos humanos, serán responsabilizados individualmente por sus acciones por parte del pueblo venezolano y sus instituciones, así como por la comunidad internacional.
(LaIguana.TV)
