#LoÚltimo
Foto: Detenido presunto traficante involucrado en incautación de 220 panelas de marihuana | ¿Restauración de la democracia? Esta es la excusa injerencista de Mike Pompeo y Juan Manuel Santos | Aragua: Chama mandó a matar a su papá para quedarse con la herencia (+Profesor) | Ministros, embajadores y empresarios europeos reunidos por la economía de Venezuela (+Inversión) | María Corina insiste en la violencia: La ruta es la desobediencia total | Maduro y el Nuncio Apostólico se reunieron en Miraflores | Presidente Maduro tuvo una reunión fructífera con el nuncio apostólico: Jorge Rodríguez | Brasil cancela vuelos por falta de combustible (+Huelga) | Venezuela desde el Foro Económico de San Petersburgo | Imagen: Este es el precio de una lata de Coca Cola (+Millón) | Pasó en el Zulia: Niña de 7 años es rescatada tras ser golpeada por su propia hermana | Video viral: Contundente venganza de una niña que era humillada por su maestro | Pa’ tras y pa’ lante: Ahora Trump dice que reunión con Kim Jong-un sí va | Véalo Una bolsa de Cerelac ya pisa los 4 millones y medio de bolívares (+900 gr) | Pendiente Caracas: Este lunes iniciarán trabajos de reparación en la Francisco Fajardo (+Tramo) | Inaugurado pabellón de Venezuela en Bienal de Venecia (+Video) | Foto-factura: Casi 2 millones de bolívares es lo que cuesta un cartón de huevos | Foto: Maduro también se reunió con representantes del Banco de Desarrollo de América Latina | "A ver si tienen el éxito que tuve yo": Osmel Sousa sobre su sucesor en el Miss Venezuela | Las nuevas acusaciones contra Maduro desde Washington (+Show) | Opositor Tomás Guanipa regresó a Venezuela en plena investigación por guarimbas del 2017 | La UE amenaza con adoptar "rápidamente" sanciones sobre Venezuela |
Notas para entender la violencia extremista de la clase media en San Diego, Cabudare y San Antonio
viernes, 5 de mayo 2017
La Iguana Facebook
La Iguana Google Plus

10_640X480.jpg

Si no fuera porque los muertos, heridos y daños materiales son reales, la situación que se vive recurrentemente en los suburbios de tres de las principales ciudades de Venezuela no sería sino una expresión más de la imbecilidad que caracteriza a los sectores más extremistas de la oposición venezolana.

 

San Antonio de Los Altos (Miranda), en la gran Caracas, San Diego (Carabobo), en el área metropolitana de Valencia, y Cabudare (Lara), en Barquisimeto, son tres “ciudades-dormitorio” que acogen a grupos de pobladores de una pretendida y empobrecida “clase media” que sólo ocupa espacios noticiosos cuando alguien es asesinado o cuando secuestran e incendian un vehículo de transporte de combustible.

 

De resto, sus acciones son ignoradas por el resto del país y apenas logran incomodar a los propios habitantes de esas comunidades, en medio de una inmensa indiferencia de la mayoría, lo que acreciente la frustración de los extremistas. Eso los hace culpar a los “indiferentes” por la evidente imposibilidad de sus acciones de provocar algún cambio en el “régimen”.

 

El evento noticioso más reciente fue el secuestro de una gandola de combustible, perteneciente a PDVSA, en la avenida intercomunal Barquisimeto-Cabudare, que finalmente fue quemada la noche del pasado martes 2 de mayo.

 

Si bien los “secuestradores” habian colgado videos reivindicando la acción y exigiendo la liberación de otras presonas detenidas a raíz de las otras acciones de violencia previas, luego del incendio responsabilizaron a supuestos “colectivos chavistas” de la acción.


Previamente, el 19 de abril, en San Antonio de Los Altos, fue asesinado el sargento  de la GNB, Niumar Sanclemente, de 28 años, tras recibir un disparo en el rostro durante una situación de violencia presentada como una protesta. Las autoridades presumen que el ataque lo hizo un francotirador desde un edificio aledaño, de acuerdo con el ministro del Interior, Nestor Reverol. Un oficial superior también fue herido de bala en una pierna.


Sin embargo, no es la única víctima mortal en esa ciudad. El pasado 26 de octubre un agente de la policía regional fue atacado cuando intentaba dialogar con un grupo de personas que obstaculizaba el tráfico en la carretera Panamericana a la altura de la urbanización Las Minas.

 

El oficial de Polimiranda, José Alejandro Molina Ramírez, de 35 años, fue alcanzado por disparos en el abdomen y un brazo, efectuados por personas que se encontraban entre los manifestantes. Otros tres oficiales resultaron heridos.


Trece años antes, en marzo de 2004, un hombre de 41 años, fue asesinado también en medio de una violenta protesta contra el gobierno del desaparecido presidente Hugo Chávez. José Manuel Vilas, un exempleado de la compañia petrolera estatal que no quisio regresar a sus labores tras una huelga iniciada en diciembre de 2002, recibió dos heridas en la espalda la tarde del 1° de marzo de ese año. Inicialmente el alcalde local, Juan Fernández (opositor), afirmó que se trataba de proyectiles de FAL (fusil), disparados por efectivos de la Guardia Nacional que actuaban en el sitio.


Sin embargo la autopsia permitió recuperar una metra o canica del cuerpo, la cual habría sido disparada con una escopeta o con un arma casera a una distancia no mayor de 15 metros, según reveló el director de la policía científica, Marco Chávez. Asimismo los exámenes forenses determinaron que Vila había disparado un arma de fuego poco antes de su muerte.

 

En el caso de los otros municipios las historias de violencia no son tantas o han sido menos divulgadas.

 

Sí se sabe, por ejemplo, que el joven que disparó contra el capitán de la GNB, Ramzor Bracho, asesinado el 12 de marzo de 2014 en una autopista de Valencia, era estudiante de una universidad que funciona en San Diego. Antonio José Garbi González, de 24 años, detenido en junio de 2015, cursaba estudios de Mercadeo en la Universidad José Antonio Paéz (UJAP).

 

También a fines de agosto de 2016 fueron capturados por el CICPC dos jóvenes, residentes en San  Diego, que transportaban réplicas de armas de guerras y uniformes militares que serían usados para simular un ataque a una concentración opositora prevista para principios de septiembre en la vía conocida como la “variante de San Diego”, según informó en su oportunidad el director de la la policía científica, Douglas Rico.


Adhey Alexander Parra Villamizar y Génesis Coromoto Caruso Rizo, de 23 y 24 años respectivamente, quienes se movilizaban en un vehículo marca Volkswagen tipo pick up color blanco placas A80AB3H, fueron detenidos en la calle principal del sector La Esmeralda en el municipio San Diego, a unos 180 kilómetros al occidente de la capital, Caracas. Los dos jóvenes, que eran novios, trabajaban en la Agencia La Guacamaya de Empresas Polar, ubicada en Valencia.

 

Cabe recordar que el alcalde de ese municipio, Enzo Scarano, fue procesado y encarcelado en 2014 por no acatar una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que lo obligaba a cooperar en el control de la violencia en su jurisdicción. Lo mismo ocurrió con su jefe de policía.

 

Suburbios de la “clase media”

 

Los tres suburbios son lo que se denomina “ciudades-dormitorios”. Es decir, comunidades destinadas básicamente a alojar a familias que trabajan en la ciudad principal y acuden a dormir en el “suburbio”.

 

Se trata de familias generalmente con perfil profesional o dedicadas a actividades comerciales, que no tuvieron posibilidades financieras para adquirir viviendas dentro del perímetro de Caracas, Valencia o Barquisimeto.

 

Sin embargo, su decisión de establecerse en el suburbio, además de las razones económicas, está justificada por la idea de que se trata de comunidades exclusivas, que reflejan sus expectativas de ascenso social. Eso ocurre pese a que su calidad de vida se ve afectada por la deficiencia de servicios públicos, la distancia del centro de trabajo y el tiempo y los costos que implica su movilización.

 

Incluso, dependiendo del suburbio, es posible que sus residentes no posean vivienda propia sino que vivan “arrimados” en la casa de sus padres o abuelos o alquilados en “anexos” y habitaciones, lo que se traduce en situaciones de profunda frustración.

 

En todo caso las expectativas de vida de los más jóvenes, hijos o nietos, son similares a las que pudieron haber tenido sus antepasados, que con trabajo y disciplina lograron adquirir casa y otros bienes. Sin embargo, tales logros se han tornado inalcanzables no sólo por las dificultades de la economía nacional, sino por la incapacidad de los descendientes para realizar actividades productivos que les permitan ingresos significativos.

 

Una parte importante ni siquiera ha realizado estudios superiores y tampoco han desarrollado capacidades de trabajo que garanticen su manutención. En consecuencia atribuyen a las políticas gubernamentales su situación de fracaso.

 

En muchos casos esos segmentos más jóvenes apenas pueden obtener empleos de salario básico o deben dedicarse a actividades en el límite de la legalidad como la compra-venta de equipos y bienes de consumo importados o al tráfico de divisas. En ese sentido son frecuentes las situaciones de fraude en las que terminan como víctimas de estafadores que les ofrecen “negocios” irrealizables.

 

Adicionalmente se trata de municipios creados para un uso predominante de vivienda o de especulación inmobiliaria, por lo que las oportunidades para obtener una casa o establecer un negocio son improbables debido a los costos. Pero, de darse la oportunidad de instalar un comercio la posibilidad de éxito está severamente comprometida, pues el carácter de “dormitorio” de estas ciudades implica que los compradores potenciales terminan realizando sus intercambios en la metrópoli.

 

Por lo demás, los costos cotidianos de vida son mayores que en otros sectores, tanto por las implicaciones derivadas del pago de servicios de transporte, que incluyen pago de taxis con mucha frecuencia, o de pago y mantenimiento de vehículos, asi como estacionamiento. Esto está relacionado con el carácter aislado y discontinuo de los urbanismos.

 

Las condiciones concretas del mecanismo de asentamiento en estas comunidades no ofrece posibilidad alguna de incorporación de nuevos pobladores a menos que tenga los recursos para desplazar a otro. Esto se traduce en alarmentes niveles de hacinamiento y potencia la frustración.

 

Todos estos factores se han convertido en disparadores de un activismo fascista que atribuye el fracaso de estos sectores sociales a las propuestas de inclusión y justicia social promovidas por el chavismo. Por eso el odio y la incontinencia que caracteriza a las supuestas protestas.

 

En tal sentido cabe preveer que los hechos de violencia callejera en este tipo de ciudades se mantengan e inclusive que muestren una escalada. Así ha ocurrido esta semana. A esto hay que agregar la frustración que les ha generado a los activistas fanatizados la “indiferencia” de la mayoría de sus vecinos. De hecho muchas de las consignas y buena parte de su discurso apunta a realizar ese reclamo.

 

Complementariamente hoy murió el joven Hecder Lugo, de 23 años, en el sector Tulipán de San Diego, hecho por el cual acusan mediaticamente a un efectivo de la GNB.

 

Pero quizás lo más grave es que estos sectores, a partir de su fanatización, están siendo usados como la punta de lanza de la insurgencia armada. Tienen poder de fuego, pues han adquirido sus propias armas, poseen algún nivel de adiestramiento (obtenido con juegos como el air soft), su participación no requiere de ningun pago y creen (en medio de su alienación o enajenación) que sus acciones están debilitando al gobierno y que “falta poco” para tumbar a Maduro.

 

(La Tabla)