Fuerzas de seguridad de Estado abortaron un plan para tomar el Centro Nacional de Procesados Militares, mejor conocido como cárcel de Ramo Verde, ubicado en el estado Miranda, donde paga condena actualmente el político preso Leopoldo López.
Según información difundida por el diario Últimas Noticias, un informe elaborado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgim) se reveló que el plan fue planificado durante una reunión que tuvo lugar en un inmueble situado en la cuarta avenida de Los Palos Grandes, entre quinta y sexta transversal, municipio Chacao.
En dicho encuentro estuvieron presentes Eduardo Rafael de la Coromoto Vetencourt de Lima, el coronel retirado Ricardo Antonio Zomacal Longo, el capitán de la aviación Anyelo Julio Heredia Gervacio y el dirigente de Copei Roberto Enríquez.
La toma de Ramo Verde tenía como intención rescatar a López, quien paga condena por los hechos terroristas ocurridos durante el plan insurreccional llamado La Salida, ocurrido en 2014.
Según el referido informe el plan se ejecutaría el 11 de marzo pasado y consistía en atacar con explosivos la planta eléctrica ubicada en Fuerte Tiuna, así como la realización de una marcha desde el Este hacia el Oeste de Caracas, “generando explosiones a su paso en puntos estratégicos, tales como centros comerciales y sitios de concentración de personas”, además de la captación de 200 funcionarios militares y policiales, quienes intervendrían en estas acciones y a los que se les estaría cancelando dos mil dólares a cada uno para generar muertos en la capital.
También se intervendrían las comunicaciones del país, “teniendo a su disposición 20 equipos de telefonía satelital para garantizar su accionar durante las operaciones”. Se menciona además la intervención del Comando Sur de EEUU, “ingresando al país con medios aéreos, transportando comida y medicinas, con la finalidad de generar confianza en el pueblo venezolano”.
Reseña el mencionado diario que la Fiscalía Militar identifica como financista de estos planes al exagente de la desaparecida Disip, Eduardo Vetencourt, “debido a que aportará una casa valorada en un millón cien mil dólares, los cuales serán utilizados para el pago de los funcionarios que actúen apegados a estos planes desestabilizadores”.
(LaIguana.TV)
