Aquellos servidores públicos que ostenten altos cargos o cargos de confianza dentro de la administración pública, tendrán hasta el próximo 31 de julio para actualizar su declaración jurada de patrimonio ante la Contraloría General de la República.
El proceso, que inició el pasado 3 de julio, es de carácter obligatorio y no tendrá prórroga, informó la Contraloría en su portal web.
Deben participar los funcionarios que ocupen cargos de gobernador, secretarios de gobierno y directores del tren ejecutivo; legisladores del Consejo Legislativo, procurador del estado y directores generales; juez rector, presidente del circuito judicial penal de cada estado, junta directiva del Consejo Nacional Electoral, defensor del Pueblo y director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo.
También deben cumplir con este requisito los alcaldes, concejales, el contralor del estado, los contralores municipales y directores generales, así como funcionarios con altos cargos, entre ellos los síndicos procuradores municipales, los rectores, vicerrectores y secretarios de universidades públicas, los registradores y notarios, la junta directiva de institutos autónomos, las corporaciones y fundaciones del Estado.
La declaración debe contener una relación detallada de los activos y pasivos del declarante y su grupo familiar.
(VTV)
