Luego de los ataques contra las sedes del Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), perpetrados el pasado 27 de junio por el exagente del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la banda que dirigía, la presidenta de la asociación civil Control Ciudadano, Rocío San Miguel, se pronunció ante el suceso y desde dicha organización condenaron el hecho.
Un día después de los ataques a las instituciones del Estado, San Miguel emitió un comunicado en el que considera que a partir del momento en que el helicóptero realizó una actividad irregular «unidades terrestres y aéreas de apoyo de los componentes de las Fuerza Armada Nacional estaban en el deber de haber reaccionado, con la capacidad de dar seguimiento al sobrevuelo de la aeronave hasta su descenso o hasta un lugar donde podría incluso haber sido derribada».
«La aeronave cruzó la ciudad hasta el suroeste, sin ser interceptada por la aviación de la FANB, y sin la posibilidad de hacerle seguimiento por radar debido a que en la ciudad de Caracas no existen», continúa el texto.
Según lo manifestado en dicha comunicación, Control Ciudadano consideró «inexplicable, después de las enormes inversiones realizadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en sistemas de armas y equipamiento militar, en los últimos doce (12) años, no exista un mecanismo de alerta temprana para la protección aérea de Caracas».
A continuación el texto completo:
Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional considera inexplicable, después de las enormes inversiones realizadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en sistemas de armas y equipamiento militar, en los últimos doce (12) años, no exista un mecanismo de alerta temprana para la protección aérea de Caracas.
El día de ayer, un helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), al mando del piloto Oscar Pérez, despegó de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda en Caracas y realizó maniobras de ataque con granadas sonoras, contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en un hecho que condenamos desde nuestra organización.
Rocío San Miguel, Presidenta de Control Ciudadano, considera que desde el momento en que el helicóptero se sale del plan de vuelo y realiza una actividad irregular en términos aeronáuticos, sobre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al norte de la ciudad capital, debió ser reportado por el destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana adscrito a la custodia y protección del máximo tribunal de la República.
A partir de ese instante, unidades terrestres y aéreas de apoyo de los componentes de las Fuerza Armada Nacional estaban en el deber de haber reaccionado, con la capacidad de dar seguimiento al sobrevuelo de la aeronave hasta su descenso o hasta un lugar donde podría incluso haber sido derribada, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo y su Reglamento.
La aeronave cruzó la ciudad hasta el suroeste, sin ser interceptada por la aviación de la FANB, y sin la posibilidad de hacerle seguimiento por radar debido a que en la ciudad de Caracas no existen.
La vulnerabilidad del espacio aéreo de la ciudad de Caracas, capital de la República, es un hecho que preocupa y que debe explicar al país, el nuevo Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEO FANB), el almirante Remigio Ceballos Ichaso, para informar los correctivos correspondientes a partir de este incidente, que no solo debe generar acciones policiales de búsqueda y detención de los responsables, sino la adopción de medidas preventivas de seguridad aérea para la capital.
Caracas, 28 de junio de 2016.
Rocío San Miguel
Presidente
Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
(LaIguana.TV)
