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Treinta y tres militares activos y en retiro y varios civiles fueron detenidos el viernes como integrantes de una red de corrupción en el interior del Ejército colombiano.

 

El general Jaime Lasprilla, comandante del Ejército, explicó en rueda de prensa que la investigación estableció que las redes de uniformados corruptos traficaban conceptos médicos falsos que permitían la realización de juntas médicas laborales a través de las cuales se lograba el reconocimiento y el incremento de pensiones por invalidez.

 

El alto oficial indicó que de los 33 capturados hasta ahora, 17 están servicio activo. Las detenciones se produjeron en capitales como Bogotá, Medellín, Neiva, Yopal e Ibagué.

 

Los vinculados hasta ahora son dos tenientes coronel, un mayor, dos tenientes, un capitán, 22 suboficiales, dos soldados profesionales, tres médicos y un abogado

 

Todos serán investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude procesal, falsedad, prevaricato, peculado y concierto para delinquir (o el acuerdo entre dos o más personas para cometer un número indeterminado de crímenes).

 

Hasta ahora, según un comunicado de prensa de la Fiscalía, la cifra en dinero por las eventuales irregularidades llega a los 24.000 millones de pesos (unos 9,7 millones de dólares).

 

La afectación a las arcas públicas por las irregularidades detectadas en indemnizaciones alcanza 20.000 millones de pesos (casi 8,1 millones de dólares) y por concepto de pensiones corresponde a 4.000 millones de pesos (unos 1,6 millón de dólares).

 

«Esto no significa, por supuesto, que la defraudación no sea mayor. Vamos a seguir investigando; hemos dado un paso importante pero todavía nos falta por esclarecer muchas cosas», dijo a los reporteros el vicefiscal general Jorge Fernando Perdomo.

 

De acuerdo con Lasprilla, los funcionarios cobraban entre 8.000 y 16.000 dólares dependiendo de la complejidad de la gestión ilícita. Unos 200 militares acudieron a esta red delincuencial para mejorar su situación económica, indicó la Fiscalía.

 

Se estableció que en el desfalco participaron dos organizaciones delincuenciales diferentes: la primera asentada en la ciudad de Neiva –220 kilómetros al suroeste de Bogotá– y la segunda operaba en la capital de la República.

 

«El Comando del Ejército condena estos hechos y reitera que no tolerará ningún caso de corrupción donde se encuentre vinculado alguno de sus integrantes», enfatizó Lasprilla.

 

(AP)