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Hoy,18 de febrero, se cumplen 35 años  del Viernes Negro, el día que implosionó el modelo económico rentista de la IV República.

No fue el comienzo de la crisis, sino el momento más traumático, una especie de infarto. La burguesía que se había enriquecido con la bonanza del Estado petrolero, estaba desangrando las arcas públicas en los meses previos a ese día. Estimaciones hechas por investigadores académicos y periodísticos señalan que la fuga de esta etapa final del festín llegó a 20 mil 236 millones de dólares.

El presidente de entonces, el socialcristiano Luis Herrera Campins, no tuvo otra alternativa que poner un torniquete para detener la hemorragia del rentismo desenfrenado de las clases dominantes. Se implantó la política de control de cambio.

Cuando se levantó dicho control, seis años más tarde, sobrevino el segundo momento terrible de la década, el 27 de febrero de 1989.

La etapa de control de cambio, que cubrió el último año de Herrera Campins y el quinquenio completo de Jaime Lusinchi, fue una de las épocas de mayor corrupción en toda la historia nacional, caracterizada además por la casi total impunidad. La Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales (Recadi) fue un emblema de las irregularidades cometidas contra el patrimonio público en los 40 años de la democracia representativa.

Luego de diversos intentos fallidos de volver a un modelo de libre convertibilidad de la moneda, y después de otro ataque despiadado contra las reservas internacionales, el presidente Hugo Chávez debió establecer en 2003 un nuevo control cambiario, que se mantiene hasta hoy. 

Infortunadamente, los directivos de la Comisión Administradora de Divisas (Cadivi) y el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), organismos que dirigieron la política de control cambiario en los últimos años, no se diferenciaron mucho de los de Recadi y también incurrieron en graves delitos, en complicidad con empresarios corruptos. Sin embargo, desde que entró en funciones la Asamblea Nacional Constituyente e intervino al Ministerio Público, se han iniciado procesos judiciales contra los responsables de estos hechos ilícitos.

Quienes vivieron aquella época pueden testimoniar que las consecuencias del Viernes Negro fueron pagadas exclusivamente por los sectores populares, pues los gobiernos de entonces redujeron sustancialmente las inversiones en educación, salud y otros programas sociales, mientras mantuvieron los privilegios para los sectores oligárquicos.

(LaIguana.TV)