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El Gobierno de Colombia ha montado una gran alharaca con el cierre de 17 trochas en la zona fronteriza, una medida que procura, supuestamente, frenar el éxodo de venezolanos hacia el país vecino.

 

Lo cierto es que los pasos fronterizos ilegales existen desde hace muchos años y han servido para el traslado de mercancía de contrabando hacia Colombia.

 

La cartelizada prensa colombiana e internacional lo presenta como una disposición a la que Colombia se ve obligada por la presión migratoria que sufren de los venezolanos “que huyen la grave crisis humanitaria”.

 

De manera persistente, las autoridades venezolanas han reclamado durante los últimos años una presencia más activa de las fuerzas policiales y militares colombianas para detener la fuga de productos de primera necesidad y el tráfico constante de los pimpineros, que llevan gasolina venezolana al otro lado de la frontera para aprovechar la enorme brecha entre los precios del combustible en uno y otro país.

 

En agosto de 2015, cuando la Guardia Nacional Bolivariana cerró varias de esas trochas, esa misma prensa lo dibujó como una acción autoritaria de los militares venezolanos y victimizó a las familias colombianas “que intentaban sacar sus pertenencias para reunirse con sus parientes al otro lado de la frontera”.

 

Colombia es la nación favorecida

Las trochas en la zona fronteriza son uno de los mecanismos fundamentales del gigantesco negocio del contrabando. Como Colombia ha sido el país favorecido por esta industria ilegal, la política de las autoridades regionales y nacionales neogranadinas ha sido la de hacerse de la vista gorda con ellas e, incluso, favorecer su construcción y funcionamiento.

 

En los últimos tiempos, aparte de los bienes de primera necesidad y la gasolina, Colombia ha sido receptora del contrabando de dinero en efectivo venezolano, engranaje de un turbio negocio en el que están envueltos el narcotráfico y los grandes intereses de la guerra económica que se libra contra Venezuela.

 

En diciembre de 2016, cuando estalló la crisis generada por la sustracción masiva del billete de cien bolívares, el presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera colombo-venezolana, y dijo que en una sola operación en las trochas habían incautado 64 millones de bolívares en dicho billete que traficaban hacia Cúcuta.

 

En ninguna de esas oportunidades anteriores hubo apoyo por parte de las autoridades colombianas. En cambio, ahora, desde sus más altos niveles se pretende hacer ver que las trochas son perjudiciales para Colombia. “Hay 17 trochas inhabilitadas donde no puede pasar ningún tipo de vehículo ni personas por estos lugares. Y con una presencia mucho mayor de las fuerzas militares”, declaró, sin ningún rubor, la canciller colombiana, María Ángela Holguín.

 

En una entrevista exclusiva con La Iguana.TV, el investigador Daniel Quintero, autor de los documentales Conexión Cúcuta, explicó cómo operan estos caminos verdes para traficar con toda clase de productos legales e ilegales. “En 2014, cuando comenzamos la investigación, supimos de una carnicería en San Antonio del Táchira que no era mucho más grande que este espacio (la sala de redacción de unos 70 metros cuadrados), y había recibido en un mes 50 toneladas de carne. Solamente tenía una nevera en la fachada, no tenía un gran congelador. Lo que tenía era un patio trasero que daba al río y después, a Colombia”.

 

Al cacarear fuertemente medidas que durante años se ha negado a tomar, como el cierra de estas vías ilegales, el gobierno colombiano tiene claros objetivos políticos en el contexto de la conspiración internacional contra Venezuela que encabeza Estados Unidos y secunda el llamado Grupo de Lima. Pero, adicionalmente, espera que estas acciones en la frontera le generen réditos económicos a través de programas de ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo por varios millones de dólares.

 

(LaIguana.TV)