Las medidas de casa por cárcel han sido una válvula para bajar la presión política en varios notables casos de dirigentes opositores procesados o condenados por diversos delitos. Los argumentos para otorgarlas han sido casi siempre humanitarios, por motivos de salud. Pero también han sido una vía de escape para algunos de esos reos.
El caso más notorio sigue siendo el de Pedro Carmona Estanga, cabecilla del golpe de Estado del 11 de abril de 2002 contra el comandante Hugo Chávez. Al brevísimo dictador se le otorgó la gracia de la prisión domiciliaria por su edad para el momento de los hechos, 60 años. Esa condición de “ancianidad” (cuestionable, de por sí) no le había impedido participar en las movilizaciones y componendas que condujeron a los criminales sucesos del 11A.
Carmona estuvo en su casa detenido por poco más de un mes, entre el 16 de abril y el 23 de mayo de 2002. Ese día, según se supo luego, salió a caminar (un privilegio que se le permitía también por razones humanitarias de salud) y se dirigió a la cercana sede de la embajada de Colombia, donde pidió refugio. El país vecino luego le concedería asilo y allí vive desde entonces.
Voló el enfermo
Otro notable que dio el salto de la prisión a la casa por cárcel y de allí a la fuga internacional fue Antonio Ledezma. El ex alcalde metropolitano logró que se le enviara a su domicilio alegando enfermedad grave. Estuvo en esa situación durante varios meses y luego huyó del país en un publicitado periplo. Ahora, sin ninguna dificultad aparente de salud, vuela de una ciudad a otra de Europa, solicitando sanciones económicas e intervención armada contra Venezuela.
Cuando Ledezma se fugó, las autoridades tomaron previsiones colocando tobilleras electrónicas a otros destacados procesados o penados de los que regularmente son nombrados “presos políticos” por la maquinaria mediática internacional y que gozan de los beneficios del arresto domiciliario. Entre ellos estuvieron Iván Simonovis, Leopoldo López y Daniel Ceballos.
Los medios opositores locales criticaron esa medida y se refirieron al dispositivo como “grillete electrónico”, en una nada oculta referencia a las bolas de hierro con cadenas que se usaban en las cárceles durante las dictaduras del siglo XX.
En diciembre de 2017, cuando cuarenta detenidos fueron liberados como parte de las gestiones de la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente, a algunos de ellos se les dio casa por cárcel con vigilancia electrónica. Uno de los más conocidos, Roberto Picón, fue mostrado en redes sociales con la tobillera puesta.
En otros países, ese tipo de dispositivos son ya de uso corriente. Según un reportaje del diario El Heraldo, de Colombia, solo en la zona Caribe de ese país, había a principios de este año 1 mil 219 personas con esos aparatos en los tobillos. Ni allá ni tampoco en los países de donde procede esa tecnología (Estados Unidos es puntero en su uso), se los compara con un grillete.
A punta de sobornos
Otros presos, que no han podido cancharse apropiadamente el calificativo de políticos, también han utilizado el trampolín de la casa por cárcel para escapar de la justicia. Tal es el caso del ex gerente de Pdvsa-Occidente José Luis Parada, quien “dejó el pelero” en octubre de 2016, según versiones muy creíbles luego de haber entregado varios millones de dólares en sobornos.
El ex funcionario petrolero ahora vive en Canadá, presuntamente con estatus de exiliado.
Hasta un “argentino”
El episodio más reciente de fuga desde el arresto domiciliario es el del abogado Marcelo Crovato, a quien sus defensores y la mediática internacional presentan como ciudadano argentino, aunque tiene la nacionalidad venezolana, al punto de haber sido director del Centro Penitenciario de Yare entre los años 1999 y 2000.
A Crovato se le imputaron varios delitos como instigación pública, asociación para delinquir y desobediencia a las leyes. Su defensa asegura que él estaba en el lugar donde fue detenido como abogado de la persona cuya residencia estaba siendo allanada.
En esa oportunidad (durante las guarimbas de 2014) quien lo presentó públicamente como terrorista fue el general Miguel Rodríguez Torres. La Fiscalía que lo imputó fue la que estaba a cargo de Luisa Ortega Díaz. Lo enviaron precisamente a Yare, donde pasó diez meses aterrorizado ante la posibilidad de que se diera a conocer su pasantía por la dirección. Amnistía Internacional alega que las acusaciones se basan en los dichos de testigos anónimos. En febrero de 2015 se le otorgó casa por cárcel debido a motivos de salud, con énfasis en el aspecto psicológico, pues trató de suicidarse en prisión.
Hace unos días dejó su apartamento en Chacao y huyó del país, cruzando tranquilamente la frontera entre San Antonio del Táchira y Cúcuta. Ahora está en Argentina.
Otras fugas
En estos tiempos de Revolución también han ocurrido otras fugas célebres que hacen pensar en redes de complicidad civil y militar. Entre ellas destaca la de Carlos Ortega, otro de los cabecillas del golpe de 2002 y del paro-sabotaje petrolero de 2002-2003, quien escapó de la cárcel de Ramo Verde.
También han sido notorios los casos de personas cuyos procesos judiciales estaban por iniciarse y salieron del país a pesar de las prohibiciones existentes en los puertos, aeropuertos y puntos de control de las fronteras terrestres. Entre los casos famosos está el de la periodista Patricia Poleo, hace ya varios años, y el de la ex fiscal Ortega Díaz, el año pasado, quien habría huido a bordo de una embarcación ligera hacia la isla de Aruba.
La maquinaria comunicacional antivenezolana ha pintado estas fugas con colores épicos. Poleo arriesgó su vida a través de un mar picado, emulando a los balseros cubanos de otras épocas. Ortega Díaz viajó únicamente con la ropa que llevaba puesta.
(LaIguana.TV)
