La suspensión de las relaciones comerciales con 22 personas y 46 compañías radicadas en Panamá es la más contundente acción tomada hasta ahora para detener el fraude importador y otros delitos con epicentro en la Zona del Canal.
Por ejemplo, la firma Vida Panamá tiene entre sus propietarios a Nidal Waked, un colombiano con nacionalidad panameña, quien actualmente paga condena por lavado de capitales en EE.UU., tras una confesión negociada.
Waked fue capturado en Bogotá en 2016 señalado por la DEA como “uno de los más importantes blanqueadores de dinero de la droga y uno de los principales facilitadores del crimen”.
Los cargos se redujeron hasta una conspiración para lavar dinero y finalmente fue condenado a 27 meses de cárcel que terminan este mes. Según la investigación el grupo empresarial recibía, en vuelos comerciales, cantidades de efectivo que era “legitimado” con compras en tiendas duty free. Las acusaciones lo involucraron con traficantes de Colombia, México y Venezuela.
Si bien el Gobierno bolivariano no ha ofrecido datos sobre la motivación de la sanción, es probable que el mecanismo también se hubiera usado para legalizar importaciones de compañías venezolanas con divisas preferenciales, o que parte de las divisas provenientes del narcotráfico hubieran ingresado al mercado paralelo del dólar.
Otro caso es el de la compañía Ursula Impor & Export, de los hermanos Ayoud (Adhan, Maruan, Samih y Akran) quienes crearon 68 firmas para apoderarse de divisas de Cadivi para importar leguminosas.
Algo similar sucedió con Inversiones GP Internacional, de los hermanos Mansour Hammed, que en febrero de 2014 estuvieron involucrados en el decomiso de más de 50 mil electrodomésticos acaparados en Valencia. Se trata de equipos con las marcas GPlus y Electrosonic.
(cuatrof.net)
