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Tal y como lo afirmó en un comunicado el Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, los 82 ciudadanos venezolanos que volvieron este fin de semana al país procedente de esta isla caribeña lo hicieron voluntariamente y en ningún momento expresaron temor u objeción de regresar a su país natal.

 

Así se constata en videos que ellos mismos publicaron a través de las redes sociales, donde se les ve felices y cantando temas como Venezuela cuando estaban próximos a abordar el avión que dispuso el Gobierno venezolano para su retorno a la patria de Bolívar.

 

Estas personas, incluidas 29 mujeres, habían violado las leyes migratorias de esta nación caribeña, por lo cual habían cometidos delitos que se pagan con cárcel. «El Gobierno de Trinidad y Tobago tiene el derecho de repatriar a cualquier ciudadano extranjero que infrinja las leyes locales y tomará los pasos necesarios para garantizar la repatriación», indicó la declaración oficial divulgada por este país.

 

Esta situación se manejó en el ámbito del derecho internacional y cuya intervención del Estado venezolano para que se llevara a feliz término había sido solicitada por los mismos familiares de los afectados que se encontraban en Venezuela. Sin embargo, organismos internacionales como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) criticaron al instante la acción y acusaron a Trinidad y Tobago de violar el Derecho Internacional de Refugiados.

 

“Acnur lamenta profundamente la deportación este fin de semana por Trinidad y Tobago de 82 ciudadanos venezolanos. Entre estas 82 personas había solicitantes de la condición de refugiados registrados y personas que habían manifestado su intención de solicitarla, lo que convierte su retorno a Venezuela en un incumplimiento del Derecho Internacional de Refugiados”, expresó la Agencia en un comunicado.

 

A esto se sumó la organización local de corte religioso denominada “Living Water Community”, que trabaja junto a la Agencia de Refugiados de la ONU (Unhcr), la cual también se mostró en contra de esta repatriación que le da tranquilidad a este casi centenar de venezolanos y a sus familiares.

 

El velo que se ha corrido y que ha dejado al descubierto esta acción es el tráfico humano que existe detrás de esas supuestas solicitudes de asilo. Este hecho ha llevado al Gobierno de Trinidad y Tobago a investigar las altas tarifas que deben pagar los solicitantes para obtener certificados de asilo político, los cuales son tramitados sin cumplir ningún requisito legal por ONG como Living Water Community.

 

“Informes adicionales recibidos por la División de Inmigración sostienen que a estos extranjeros se les dice que ellos no pueden ser “tocados por inmigración” una vez que reciban el Certificado de búsqueda de asilo y que pueden vivir y trabajar libremente en Trinidad y Tobago a pesar de no poseer los documentos legales necesarios. Estas denuncias están siendo investigadas por las autoridades competentes”, señala un comunicado del Ministerio de Seguridad Nacional.

 

La periodista de teleSUR Madelein García reveló, a través de su cuenta de Twitter, el modus operandi empleado para captar futuros solicitantes de asilo. Es decir, una vez que a la persona se le termina el tiempo legal de estadía en esta nación, el siguiente paso es ponerla en contacto con una organización llamada Hermandad Venezolana, esta será la encargada de remitirlos a Living Water Community.

 

Entre las cosas que deben decir si desean obtener el asilo es que les dispararon durante una marcha o que son perseguidos políticos. También pueden alegar que retornar a Venezuela pone en riesgo su vida. De esta manera se infringen las leyes de este país, porque las personas no cumplen legalmente con los requisitos para refugiados ni asilados expresados en el artículo 1 de la Convención de Refugiados. Sin embargo, esta maniobra sirve para aumentar el falso positivo de que los venezolanos huyen por persecución política.

 

¿Qué sucede cuando migración consigue a un venezolano con este documento de refugiados emitido por Acnur o la ONG? Los detienen por delito migratorio, según las leyes de Trinidad y Tobago están ilegales, puntualizó la corresponsal de teleSUR.

 

Con la repatriación de los venezolanos también queda al descubierto la «pantomima» de asilo que tienen estas ONG, las cuales, tal y como lo hicieron con los cubanos en un momento, ahora piensan hacerlo con los venezolanos. Lucrarse del tráfico humano y servirle a las potencias y Gobiernos de derecha para que arremetan con su agenda económica y política contra Venezuela.

 

(LaIguana.TV)