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La trama de asedio contra la economía venezolana, concretamente contra la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), prosigue en escalamiento, esta vez mediante las acciones de la empresa estadounidense ConocoPhilips, la cual articula en Estados Unidos y el Caribe un conjunto de acciones para embargar activos de Venezuela.

 

En contexto es oportuno señalar que en el año 2007, mediante acciones soberanas, el Gobierno de Venezuela nacionalizó la Faja Petrolífera del Orinoco (certificada como la mayor reserva de crudo extrapesado del mundo) y que en el marco de la llamada Apertura Petrolera de los años 90 se había entregado a un grupo de transnacionales en condiciones sumamente desventajosas para el patrimonio nacional.

 

De esta forma se dio lugar a un laudo arbitral ante la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI en París, Francia, que tuvo una duración de tres años y seis meses, y en el cual se desestimaron totalmente los reclamos de los demandantes quienes señalaban a Venezuela de violación dolosa de los contratos que habían calculado en 17 mil 890 millones de dólares.

 

La resolución, que detalló la preeminencia de los intereses de los países sobre sus recursos, fue en su momento una importante victoria dado que la demanda de ConocoPhilips se presentaba como un precedente nefasto en el derecho internacional y habría significado un daño enorme a las finanzas de Pdvsa.

 

La reclamación relativa a la compensación por medidas discriminatorias fue reducida, de 7 mil 310 millones de dólares a 1 mil 980 millones de dólares. Por su parte, ConocoPhillips solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York el reconocimiento del laudo para poder proceder a su ejecución.

 

Por ello, mientras se emite una resolución definitiva, ConocoPhillips podría pedir medidas cautelares para garantizar el cobro de lo adeudado mediante embargos de bienes de Pdvsa ubicados en el exterior, bajo un halo de elegancia propia de un estilo de piratería corporativa.

 

De acuerdo con la información difundida por medios de Curazao, la petrolera estadounidense estaría adelantando medidas para tomar la planta de Pdvsa en ese país y habría hecho lo propio en Bonaire y San Eustaquio.

 

¿Piratas del Caribe?

Trascendió recientemente desde la agencia Reuters que ConocoPhillips ha avanzado en sus esfuerzos por tomar los activos en el Caribe de la petrolera estatal venezolana para hacer cumplir el referido laudo arbitral. Reuters cita a dos fuentes con conocimiento de sus acciones.

 

La firma estadounidense apuntó a instalaciones en el Caribe de Pdvsa que juegan un papel clave para las exportaciones de crudo de la venezolana, la principal fuente de ingresos para el país. Pdvsa depende de los terminales para procesar, almacenar y mezclar su petróleo. Estimaciones dan cuenta de que unos 400 mil barriles/día se verían comprometidos, generando un daño a las finanzas venezolanas equivalentes a unos 720 millones de dólares al mes.

 

«Trabajaremos con la comunidad y las autoridades locales para abordar los problemas que pudieran aparecer como resultado de las acciones de cumplimiento», aseguró ConocoPhillips en una comunicación a Reuters, en lo que parece ser la postura determinada de la transnacional en efectuar un embargo a los bienes venezolanos.

No obstante y pese a la estridencia de la arbitrariedad de ConocoPhilips, sus vocerías han dejado clara la existencia de una puerta abierta a las negociaciones con Pdvsa. Conoco «espera con interés las propuestas de Pdvsa» para resolver este asunto, dijo Janet Langford Carrig, vicepresidenta senior de ConocoPhillips, abogada general y secretaria corporativa en un correo electrónico. «Pero a falta de acuerdo y pago de la adjudicación de ICC, continuaremos con nuestras acciones de cumplimiento».

 

Asedio de espectro completo

Este momento, y concretamente esta operación contra el principal músculo de la economía venezolana, está enmarcada en una trama en la que la estatal petrolera lucha contra más de una docena de otros casos de arbitraje y demandas que se han activado para socavar el patrimonio venezolano.

 

Las acciones de Conoco también pueden haber estimulado la acción de otros acreedores de deuda y demandantes, para efectuar acciones lesivas contra los intereses venezolanos.

 

Así han trascendido los casos, en menos de una semana, como el de la minera Rusoro, la cual presentó una demanda que busca unir los activos de Citgo Petroleum de Pdvsa como pago por un premio de arbitraje de 1 mil 200 millones de dólares. Y una firma que recibió los pagarés venezolanos del contratista canadiense SNC-Lavalin, el cual demandó el miércoles 10 de mayo a Pdvsa por más de 25 millones de dólares por supuesto impago.

 

La aceleración de las acciones legales y paralegales contra Pdvsa se ejecutan acompasadamente desde tribunales norteamericanos. No obstante, la participación de la institucionalidad norteamericana alineada a los intereses de sus empresas petroleras va mucho más allá del poder judicial estadounidense. Es preciso señalar el rol que tiene la propia Casa Blanca en la asfixia financiera contra Pdvsa mediante las sanciones que han ejecutado en era reciente.

 

Como es sabido, Pdvsa, como muchas empresas petroleras del mundo, mantiene un flujo de financiamiento mediante la vía del endeudamiento, bien sea para aumentar el apresto de sus inversiones o para cumplir compromisos vencidos con sus diversos acreedores. Pdvsa no puede acceder al día de hoy al mercado internacional de bonos, desde la orden ejecutiva del pasado 25 de agosto y que fuera firmada por Donald Trump.

 

En ella se establece como objeto de represalias por parte del Departamento del Tesoro estadounidense, a cualquier empresa o persona natural relacionada directa o indirectamente con Estados Unidos, si adquieren algún bono o instrumento financiero emitido por la República Bolivariana de Venezuela o su empresa petrolera estatal.

 

Estas serias restricciones de las vías de financiamiento de Pdvsa se unen con un prolongado y doloroso ciclo de bajos precios petroleros que han limitado severamente la capacidad de maniobra de la estatal.

 

Las acciones de desmantelamiento de la economía venezolana desde el ámbito externo y con énfasis en el ámbito interno, son componentes adicionales a la construcción de la narrativa de «crisis humanitaria» en Venezuela. De ahí que el embargo contra los activos venezolanos podría orientarse en recrudecer el conjunto de bemoles que apunten a profundizar la crisis que facilite la apertura del «canal humanitario» o línea de introducción de dispositivos de desestabilización del país.

 

(Misión Verdad)